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Ramiro Gil Serrate, Universidad Nebrija
El miércoles 26 de junio hubo un intento de golpe de estado en Bolivia. El general Juan José Zúñiga, hasta el día anterior jefe de las fuerzas armadas bolivianas, comandó un grupo de soldados que, con vehículos blindados, arremetieron contra el Palacio de Gobierno, centro del poder político del país.
El supuesto objetivo era hacer de Bolivia “una verdadera democracia”. El martes 25, Zúñiga había sido destituido de su cargo por unas declaraciones en contra del expresidente Evo Morales, en las que aseguró que no permitiría que Morales fuese nuevamente presidente del país.
Horas después, el levantamiento militar quedó frustrado y Zúñiga fue detenido. En ese mismo momento, el general acusó al presidente boliviano, Luis Arce, de haberle encargado organizar un autogolpe porque su popularidad estaba baja y necesitaba alguna acción que la mejorase.
El día terminó con una condena clara del intento de golpe por parte de numerosos líderes políticos de la escena internacional.
La cuestión política
Estos acontecimientos se enmarcan en la lucha que se está librando dentro del MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de gobierno, entre el expresidente Morales y Luis Arce, su antiguo ministro de economía y actual presidente del país. ¿La razón? El deseo del primero de presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 pese al reciente fallo del Tribunal Constitucional boliviano, que señaló que solo se puede ejercer el mandato presidencial durante dos periodos, continuos o discontinuos.
Morales ya ha gobernado en tres periodos: entre 2006 y 2009, de 2009 a 2014 y, por último, de 2014 a 2019. Arce es presidente desde 2020. Así, dentro del principal partido político de la izquierda boliviana estarían enfrentados los partidarios de Morales y los de Arce, entre los cuales, al parecer, estaría el general Juan José Zúñiga.
La cuestión energética
La cuestión económica ha sido determinante para el estallido de la actual crisis política boliviana que, por lo que iremos viendo, no parece tener visos de pronta solución. En 2006, cuando comenzó a gobernar Evo Morales, una de sus primeras decisiones políticas fue la nacionalización de la explotación del gas natural, un recurso en el que es rico Bolivia.
Durante los primeros años tras la entrada de la gestión pública, los cuantiosos ingresos que provenían de la exportación de este recurso se emplearon para otra cuestión política: subsidiar el consumo de combustible, que el país tenía que importar y pagar en dólares en los mercados internacionales.
Con el tiempo, las ineficiencias en la gestión y la falta de inversiones adecuadas en el sector provocaron una caída en el nivel de producción de gas natural y que Bolivia pasara de ser exportador neto a importador neto de energía.
Consecuentemente, también se produjo una caída de los ingresos en dólares derivados de la exportación del hidrocarburo. Esto llevó a que, a partir de 2014, el subsidio del combustible y el gasto en otros programas sociales promovidos por el MAS se financiaran con cargo a endeudamiento interno y externo.
La cuestión monetaria
Esta situación también generó una notable reducción de las reservas internacionales del país. Las actuales reservas, de unos 1 800 millones de dólares, son aproximadamente una décima parte de las que existían hace 10 años. Además, la mayor parte de esos casi 1 800 millones no son líquidos ya que son oro.
Nos encontramos ahora con un país que tiene una alarmante escasez de dólares e importa una parte muy importante de los bienes de consumo y producción que emplea. Y que, además, sigue subsidiando el consumo de combustible.
Esto ha llevado al surgimiento de un mercado paralelo, o mercado negro, de dólares, con tipos de cambio muy superiores al oficial, con personas cruzando las fronteras con Perú y Brasil para hacerse con la divisa.
También ha provocado el aumento de precio de algunos productos básicos, la desaparición de otros de las tiendas, colas para la compra de combustible y manifestaciones y bloqueos por parte de comerciantes y transportistas debido a la escasez de éste. Estos factores dificultan todavía más la actividad económica y han provocado el malestar generalizado de la población.
Los contendientes
En este contexto, una parte del partido político gobernante, los seguidores del presidente Arce, están en la cámara legislativa, intentando aprobar medidas para reactivar la economía.
Mientras, la otra parte, los seguidores del expresidente Morales, tratan de bloquear estas decisiones con el ánimo de alimentar las protestas en las calles para conseguir la participación de Morales en las elecciones de 2025.
Entre las medidas que propone el gobierno de Arce están el intento de obtener nuevos préstamos que alivien, aunque sea momentáneamente, la presión sobre las cuentas públicas. También se diseñan planes para atraer inversores extranjeros para la explotación de las reservas de litio, el nuevo maná del país en el actual contexto de transición energética mundial.
No obstante, hay desconfianza por parte de los inversores extranjeros, acerca de la gestión pública de estos recursos, como ya sucedió con el gas natural, que condujo al país al déficit energético y a la actual inestabilidad económica, social y política.
Ramiro Gil Serrate, Associate Professor of Economics, Universidad Nebrija
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
