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Pedro Ruiz
El gobierno de Guatemala dirigido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera del socialdemócrata Movimiento Semilla, en casi seis meses que lleva en la administración, no ha significado ningún cambio importante para el pueblo guatemalteco, cuando muchas esperanzas se sembraron con su llegada. Muy por el contrario, aunque si bien existen aún ilusiones en Arévalo, algunos sectores comienzan a cuestionarlo por izquierda, mientras afronta una serie de desafíos producto de factores estructurales del régimen político y del modelo social, así como de las limitaciones propias de su horizonte político.
El 15 de julio se cumplirán los seis meses del gobierno de Bernardo Arévalo. Es importante recordar que sectores de la derecha llevaron a cabo una serie de maniobras en materia penal y legislativas para intentar evitar que el binomio de Semilla asumiera el gobierno, aunque sí tuvieron éxito en la etapa previa al suspender legalmente a Semilla, convirtiendo sus diputados electos (la tercera fuerza en el Congreso de la Republica) en independientes según la legislación electoral guatemalteca.
A pesar de esta situación, Bernardo Arévalo y Karin Herrera consiguen asumir, sembrando ilusiones de cambio. Seis meses después de la victoria de Arévalo -con más del 60% de los votos- el desencanto entre trabajadores, sectores populares y las comunidades indígenas se empieza a sentir. Pero, ¿qué ha pasado en estos meses?, aquí abordamos algunos aspectos que han resaltado en los primeros seis meses de gobierno.
Entre alianzas con partidos de la derecha y el beneficio de grupos empresariales
En sus primeros meses parecía que Arévalo lograba cierta hegemonía para gobernar, pero lo hizo sostenido en una alianza con algunos partidos políticos de derecha que se desligaron de los grupos más golpistas, que asumieron la Junta Directiva del Parlamento, aunque entre ellos la única legisladora que reivindica de izquierda, Sonia Gutiérrez, ante la imposibilidad de que miembros de Semilla pudieran asumir algún cargo en la nueva Junta.
Sin embargo, esa alianza se ha desgastado y proyectos de ley como la de Competencia y otras se han quedado estancadas. Tardíamente presentó una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para destituir a Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, organismo que ha sido la punta de lanza del golpismo. Recientemente ha pedido una ampliación presupuestaria ante problemas de caja para atender emergencias climáticas, gastos en funcionamiento, salarios de personal del Estado, etc., que fue una flecha envenenada del anterior gobierno al no aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2024. Una situación que pondría al desnudo su debilidad política.
A contrapelo vemos cómo las alianzas de Arévalo con sectores de la oligarquía pesan, por ejemplo, en el tema de infraestructura, como en Puerto Quetzal, el principal puerto en el océano Pacifico, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala y los aeropuertos de Peten, Quetzaltenango y Puerto Barrios. También en el proyecto de construcción del metro capitalino, la construcción de carreteras y autopistas concesionadas a cobrar por las mismas; la reactivación del ferrocarril, el que se quiere unir a proyectos mexicanos como el Tren Maya y transístmico.
Recientemente Arévalo anunció una alianza estatal con el sector privado, una forma velada de privatización, aunque el presidente dijera lo contrario en un foro con empresarios donde habló del tema; así como la presión de éstos por revivir el contrato anómalo y salpicado de corrupción con la empresa catalana APN Terminals, en Puerto Quetzal.
¿Y con el pueblo qué?
En lo que va el año, el Comité de Unidad Campesina (CUC) han denunciado 15 desalojos a tierras reclamadas por grupos campesinos o intentos de desalojo contra comunidades rurales e indígenas que luchan por su derecho a la tierra y una vida digna. Éstos se realizan en territorios indígenas y campesinos por orden de un juez, agentes del Ministerio Publico, de la Policía Nacional Civil dependiente del gobierno de Arévalo y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
La mayoría han sido en tierras usurpadas a los pueblos q’eqchi’ y poqomchíes por terratenientes en tiempos pasados y en décadas recientes, para la explotación de café y cardamomo, en la producción y exportación de banano en Izabal y la costa sur, recientemente minería y producción de energía hidroeléctrica. El uso de la fuerza represiva, la quema de viviendas y la destrucción de los bienes de las familias en los desalojos, constituyen una constante violación a los derechos humanos.
Recientemente la gubernamental Comisión por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), pidió a las instancias de justicia “parar los desalojos” y si bien, muchos de los jueces están vinculados a los grandes propietarios privados, el Ministerio de Gobernación de donde depende la policía no hace nada para parar la intervención policial represiva. “El gobierno no puede decir que no puede atender esta problemática”, denuncian dirigentes campesinos.
Las órdenes de capturas de campesinos y desalojos solicitados por el MP que son autorizados por los juzgados, continúan bajo el mandato de Arévalo, autorizando el uso de la fuerza policial y poco o nada dice frente al problema estructural de la tenencia desigual de la tierra. En los últimos días fue asesinado el abogado José Domingo ligado al CUC y defensor de derechos humanos, y durante el ataque resultaron heridos dos dirigentes campesinos, uno de ellos de gravedad.
Sobre el sistema laboral Arévalo tampoco ha realizado reformas. El 21 de julio, día de la victimas por la guerra interna en que se conmemora la desaparición masiva de la dirigencia de una central sindical en 1979 por el gobierno militar, varios dirigentes y asociaciones sindicales de empresas privadas, pidieron que el Ministerio de Trabajo cumpla la legislación laboral, mientras que Arévalo mantiene la continuidad laboral de gobiernos anteriores, donde los empresarios hacen y deshacen en las empresas ignorando las propias leyes gubernamentales. Mientras Guatemala se mantiene entre los países de mayor persecución sindical en América Latina, como muestra el recientemente asesinato del dirigente Anastacio Tzib Caal de la red de sindicatos de maquila textil y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa textil SAE-A Texpia II.
Además, desde el gobierno se mantienen las negociaciones a puerta cerrada con burócratas sindicales en temas referidos a los pactos colectivos (convenciones) como ha hecho con el principal sindicato de trabajadores de educación (STEG) dirigido por el burócrata Joviel Acevedo, por la renovación del pacto colectivo en el magisterio. Pese a que el Ministerio de Educación, asumió de palabra la demanda de pequeños sindicatos de que la negociación sea pública, al final el gobierno terminó negociando en secreto con Acevedo. Este dirigente sindical no solo es conocido por sus prácticas burocráticas, negociando con los distintos gobiernos de derechas prebendas personales para apoyar algunas iniciativas neoliberales como la eliminación de la carrera del magisterio, ya hace unos años, además de un seguro privado costoso que aplicó el anterior gobierno.
Los pactos colectivos son conquistas de los trabajadores de la administración pública. Es posible que con su discurso de lucha contra la corrupción se quiera limitar derechos, ya en algunos casos se han limitado apenas al otorgamiento de bonos y no mejoras salariales.
En cuanto a la situación del movimiento estudiantil, podemos hacer una breve referencia. Los estudiantes, junto a docentes y trabajadores administrativos y de servicios, lucharon contra el fraude electoral del rector impuesto, Walter Mazariegos, en 2020, en la principal universidad pública del país, la Universidad de San Carlos. Una pelea que generó una serie de movilizaciones y la toma de las instalaciones, pese a que no había clases por la pandemia. Sin embargo, a pesar de las ilusiones de los estudiantes con el nuevo gobierno de Arévalo, y que su vicepresidenta es una catedrática que fue parte del movimiento, continúan en la misma situación, con un rector fraudulento y que fue parte de las movidas golpistas.
Ante esta situación, apenas el Comité de Defensa Campesino (Codeca) que nació hace más de 30 años como una organización campesina, y que ahora se define como movimiento sociopolítico, aventurándose en la arena electoral en 2019 y 2023 con un instrumento ad hoc con magros resultados en el último proceso electoral, ha manifestado críticas al gobierno y a la vez a los diversos factores del poder económico y político, y realiza una propuesta de Asamblea Constituyente Originaria Plurinacional, aunque desligada de las particularidades cotidianas y concretas de la lucha de clases.
Luchar por nuestras demandas y organizarnos de manera independiente
Arévalo se escuda en el argumento en que las estructuras de poder existentes, como la continuidad de Consuelo Porras en el Ministerio Público y demás facciones parlamentarias y sectores económicos empoderados en el entramado político, le impiden avanzar en las promesas de campaña, pero se alía con parte de la derecha para gobernar. Puras palabras. Lo cierto es que, es al pueblo al que no le puede “cumplir”, a quienes los convoca para reuniones para seguir haciéndole promesas, como ocurrió recientemente con sectores campesinos.
Pero a quién sí les cumple es a los grandes sectores económicos y empresariales que siguen con sus grandes ganancias, y llevan a cabo negocios con el Estado, como escribimos en la primera parte de este artículo. Al igual que los terratenientes y grandes finqueros que continúan con sus políticas de despojo de las tierras a las comunidades campesinas e indígenas.
El gobierno no solo ha defraudado las ilusiones de gran parte del pueblo que lo votó y que sembró grandes expectativas, sino que ha venido con una política que no responde a los intereses las mayorías populares, más bien todo lo contrario. Ante esta situación las organizaciones de la clase trabajadora, campesinas, barriales y de los pueblos (la diversidad étnico lingüística), deben confiar en sus propias fuerzas, unificarse alrededor de las demandas más sentidas y organizándose de manera independiente levantando un programa de lucha en función de sus intereses. A su vez exigir que hay que dar un basta a los desalojos campesinos, que no se privatice los bienes públicos, que cese la criminalización a liderazgos sociales y los asesinatos.
Pedro Ruiz es corresponsal en Guatemala de La Izquierda Diario
