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Enero 30, 2024
Por Corresponsal de IPS
GINEBRA – Responsables del sistema de las Naciones Unidas expresaron horror y consternación por las recientes ejecuciones cumplidas o previstas en Estados Unidos, Iraq e Irán, en declaraciones divulgadas por el Consejo de Derechos Humanos de la organización este martes 30.
Expertos del Consejo condenaron “de manera inequívoca” la ejecución de Kenneth Eugene Smith en el sureño estado de Alabama, Estados Unidos, a pesar de los llamados a suspender la medida por considerarla un caso de tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes de tratamiento o castigo.
La ejecución, que tuvo lugar el 25 de enero de 2024, fue la primera autorizada oficialmente por inhalación de gas nitrógeno.
“El uso, por primera vez en humanos y con carácter experimental, de un método de ejecución que se ha demostrado que causa sufrimiento en animales es simplemente escandaloso”, dijeron los expertos de la ONU.
En lugar de la muerte “rápida, indolora y humana” predicha por las autoridades, que defendieron el uso del método a pesar de la falta de evidencia científica, Smith habría tardado más de 20 minutos en morir.
Los testigos de la ejecución dijeron que Smith permaneció consciente durante varios minutos mientras se retorcía y convulsionaba en la camilla, jadeando en busca de aire y tirando de las ataduras, temblando violentamente en una agonía prolongada.
Smith, de 58 años, había pasado décadas en el corredor de la muerte (aguardando la ejecución) por un delito cometido en 1988.
Su primera condena a muerte, en 1989, fue anulada por motivos de procedimiento en 1992. Fue juzgado de nuevo en 1996, cuando el jurado votó casi por unanimidad condenarlo a cadena perpetua, pero el juez de primera instancia anuló su decisión y en su lugar impuso la pena de muerte.
La práctica de las anulaciones judiciales fue abolida en Alabama en 2017, aunque sin efectos retroactivos. En 2022, Smith sobrevivió a una ejecución fallida mediante inyección intravenosa que duró horas y, según los informes, constituyó tortura.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y grupos religiosos de Alabama pidieron, sin éxito, abstenerse de ejecutar a Smith.
“El uso por parte de Alabama de Kenneth Smith como conejillo de indias humano para probar un nuevo método de ejecución equivalía a una experimentación humana poco ética y era nada menos que una tortura sancionada por el Estado”, dijeron los expertos del Consejo.
Ellos son los relatores Morris Tidball-Binz (ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias); Alice Jill Edwards (tortura y otros tratos o penas crueles), Margaret Satterthwaite (i independencia de jueces y abogados), y Tlaeng Mofokeng, (derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental).
Por otra parte, siete expertos del Consejo expresaron su consternación por los informes de que Iraq ha comenzado ejecuciones masivas en su sistema penitenciario: 250 personas podrían estar en riesgo de ejecución inminente.
“Nos sorprende escuchar que se están llevando a cabo ejecuciones masivas sin previo aviso en las prisiones iraquíes, particularmente en la prisión central de Nasiriyah, donde al menos 13 personas fueron ejecutadas recientemente el mismo día, y cientos más corren riesgo de ejecución inminente”, dijeron los expertos.
El 25 de diciembre de 2023 fueron ejecutados 13 presos iraquíes varones, anteriormente condenados a muerte.
Se trata del mayor número de presos condenados presuntamente ejecutados por las autoridades iraquíes en un día desde el 16 de noviembre de 2020, cuando fueron ejecutados 20 presos condenados.
Los nombres de los 13 prisioneros fueron anunciados por un altavoz la tarde del 24 de diciembre, los sacaron de sus celdas antes de ejecutarlos a la mañana siguiente, y no se les permitió llamar a sus familiares ni a sus abogados.
“Estamos profundamente preocupados por el carácter secreto de la aplicación de la pena de muerte en Iraq y los informes sobre ejecuciones sin notificación previa a las familias o a los abogados”, dijeron los expertos.
Anteriormente han expresado su preocupación por la Ley Antiterrorista de Irak, que contiene una definición vaga y demasiado amplia de terrorismo. La ley no exige pruebas de intención terrorista, e incluso delitos menores como el vandalismo pueden considerarse actos terroristas y recibir las mayores condenas.
En esta declaración a Tidball-Binz y Edwards se sumaron Ben Saul, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y los cuatro expertos del grupo de trabajo del Consejo sobre detención arbitraria.
También la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) alertó sobre la posible ejecución inminente de 150 condenados a muerte si el presidente iraquí Abdel Latif Rashid aprueba esas ejecuciones.
Sarah Sanbar, investigadora sobre Iraq en HRW, pidió al gobierno “declarar inmediatamente una moratoria de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte”, pues “la reanudación de las ejecuciones masivas es un hecho atroz”.
Respecto de Irán, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Vilker Türk, expresó recientemente su preocupación por “el acusado repunte en el uso de la pena de muerte en Irán”.
Según informes recibidos por su oficina, al menos 54 personas han sido ejecutadas en ese país en lo que va de año.
“La pena de muerte es incompatible con el derecho más fundamental de todos los derechos: el derecho a la vida. Es necesario acabar con esta práctica de forma inmediata”, declaró Türk.
En 2022, último año con cifras oficiales recabadas por AI, en 20 países del mundo hubo al menos 883 ejecuciones -576 en Irán, 18 en Estados Unidos y 11 en Iraq-, aunque la organización considera que en varios países, China en primer lugar, se aplicó la pena de muerte sin registro oficial a muchas más personas.
A-E/HM
