Fantasma petrolero recorre la selva Lacandona en México

Enero 19, 2024

Por Emilio Godoy

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Lacandona, la gran selva maya que se extiende por el estado de Chiapas, en el sur de México, alberga una riqueza natural y de asentamientos de pueblos originarios que vuelve a estar amenazada por la probable reactivación de pozos petroleros abandonados. Imagen: Ceiba

MÉXICO – La selva Lacandona, situada en el estado de Chiapas, en el sur de México, aloja 769 especies de mariposas, 573 de árboles, 464 de aves, 114 de mamíferos, 119 especies de anfibios y reptiles, así como pozos petroleros abandonados.

Esto último ha sido motivo de preocupación para las comunidades de la gran selva maya y organizaciones ambientalistas desde los años 70, cuando comenzó la prospección petrolera en esa zona y paulatinamente dejó inactivos al menos cinco de esos pozos, taponados o no.

Ahora, la política de incrementar la producción de petróleo de México, fomentada por el gobierno federal, resucita la amenaza de reactivar esa actividad en el ecosistema selvático de unas 500 000 hectáreas situado en el este del estado y que ha perdido 70 % de su superficie en las últimas décadas debido a la deforestación.

Un habitante de la zona del municipio Benemérito de las Américas, a unos 1100 kilómetros al sur de Ciudad de México, y quien pidió anonimato por cuestiones de seguridad, relató a IPS que una empresa mexicana de servicios petroleros ha contactado con algunos integrantes de los ejidos, los territorios de explotación colectiva, para ofrecerles la compra de tierras alrededor de los pozos inactivos.

“Dicen que ofrecen trabajo en la explotación que van a hacer. Nos preocupa que reintenten iniciar la exploración petrolera, pues es un área natural que puede resultar dañada y que ya tiene problemas”, dijo.

La situación siempre es compleja, por vacíos legales que no delimitan qué es la selva, las áreas naturales protegidas no están delimitadas, ha sido un lío histórico. La búsqueda por el petróleo siempre ha estado allí”: Fermín Domínguez.

Colindante con Benemérito de las Américas, con 23 603 habitantes según los últimos registros, el área donde se ubican los pozos inactivos está dentro de la zona de salvaguarda denominada Región Selva Lacandona, de 18 348 kilómetros cuadrados de extensión.

Se trata de una de las siete reservas del ecosistema que el gobierno mexicano decretó en 2016 y donde se veta la actividad petrolera en su subsuelo.

Entre 1903 y 2014, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) perforó cinco pozos en la selva lacandona, habitada por unas 200 000 personas, según la gubernamental pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), encargada de asignar lotes de hidrocarburos y aprobar planes de exploración de petróleo y gas. Al menos dos de esos depósitos están ahora cerrados, según este organismo.

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El pozo Lacantún queda entre una pequeña mancha de casas y la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA), la más megadiversa del país, parte de Lacandona y cerca de la frontera con Guatemala. La CNH calcula las reservas probadas de petróleo del pozo en 15,42 millones de barriles y de gas en 2,62 millones de pies cúbicos.

Indígenas choles, tzeltales, tzotziles y lacandones habitan en la selva.

Otros depósitos explotados y ahora inactivos existentes en el entorno de Benemérito de las Américas son Cantil-101 y Bonampak-1, cuyas reservas se desconocen.

En la zona de ese municipio, la población siembra maíz, frijol, café y maneja sitios ecoturísticos. Pero la violencia vacía comunidades chiapanecas, como ha ocurrido desde hace semanas en las zonas sur y serrana del estado debido a disputas por la frontera y negocios ilícitos entre grupos criminales.

Además, en la región está presente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización indigenista que se rebeló el 1 de enero de 1994 en contra de la marginación y la pobreza que sufren los colectivos originarios.

Chiapas, donde se descubrió petróleo a inicios del siglo XX, figura entre los cinco principales territorios en cuanto a su aporte de crudo y gas en este país latinoamericano, al hospedar 10 bloques de hidrocarburos en la franja norte del estado.

En noviembre, México extrajo diariamente1,64 millones de barriles de petróleo y 4921 millones de pies cúbicos de gas. El país ocupa actualmente el puesto 20 en el mundo en cuanto a sus reservas probadas petrolíferas y el 41 de gas.

Históricamente, las comunidades locales han sufrido la contaminación del agua, el suelo y el aire por las operaciones de Pemex.

En noviembre, había 6933 pozos operativos en el país, mientras que Pemex ha sellado 122 de estos hoyos perforados desde 2019, aunque ninguno en Chiapas, según una solicitud de información pública presentada por IPS.

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Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, el izquierdista presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido el fortalecimiento de Pemex y la también estatal Comisión Federal de Electricidad mediante el fomento a la extracción y consumo de combustibles fósiles, en detrimento de la energía renovable.

En el estado de Chiapas se ubican centrales hidroeléctricas, proyectos mineros, bloques de explotación de hidrocarburos y un tramo del Tren Maya, el megaproyecto más emblemático del actual gobierno mexicano. Imagen: Centro de Lengua y Cultura Zoque AC

Territorio asediado

La RBMA es una de las 225 áreas naturales protegidas (ANP) con que cuenta México y en sus 331 000 hectáreas de tamaño aloja 20 % de las especies nacionales de plantas, 30 % de las aves, 27 % de los mamíferos y 17 % de los peces de agua dulce.

Como toda la selva lacandona, la RBMA enfrenta deforestación, ganadería, tráfico de especies silvestres, sequía e incendios forestales.

Para Fermín Ledesma, académico de la pública Universidad Autónoma Chapingo, la posible prospección petrolera puede agravar conflictos sociales y ambientales ya existentes en el estado, aunados a la creciente violencia delictiva y a la ausencia histórica del Estado.

La situación “siempre es compleja, por vacíos legales que no delimitan qué es la selva, las áreas naturales protegidas no están delimitadas, ha sido un lío histórico. La búsqueda por el petróleo siempre ha estado allí”, explicó a IPS desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

El investigador recordó que “es una zona muy compleja, tiene conflicto agrario de 50 años entre pueblos indígenas, muchas veces generado por el propio gobierno y que creó superposición de planos y tierras”.

Ledesma detectó una contradicción entre la idea de las ANP despobladas para su cuidado y la presencia histórica de pueblos originarios.

De 2001 a 2022, Chiapas perdió 748 000 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución de 15 % de la cobertura arbórea desde 2000, uno de los mayores sitios de deforestación en México, según la plataforma de monitoreo internacional Global Forest Watch. Tan solo en 2022, desaparecieron 26 800 hectáreas de bosque natural.

Adicionalmente, ese estado, de los más empobrecidos del país, ha padecido la presencia de la minería, la construcción de tres centrales hidroeléctricas y, ahora, del Tren Maya, el megaproyecto más emblemático del gobierno mexicano inaugurado el 15 de diciembre y uno de cuyos siete tramos discurre por el norte del estado.

Pero también hay historias de resistencia local contra la explotación petrolera. En 2017, indígenas zoques impidieron la subasta de dos bloques por unas 84 000 hectáreas en nueve municipios que buscaban la obtención de 437,8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La fuente anónima expresó su esperanza de una repetición de esa victoria y resaltó el argumento de la realización de una consulta indígena previa a los proyectos, libre de presiones y con la información más completa posible. “Con eso podemos detener los pozos, como ocurrió en 2017. No vamos a dejar que avancen”, aseguró.

El investigador Ledesma cuestionó el argumento del desarrollo local impulsado por la extracción de recursos naturales y la degradación territorial como pretexto.

“Dicen que es la única forma de hacerlo, pero eso no es así. Deja una estela de daños ambientales, a la salud humana, hay daños presentes y futuros. Es mucho más fácil que la población acepte una indemnización o ceda las tierras, porque entiende que están degradadas. Se crea una narrativa de que viven en una zona empobrecida y por lo tanto tienen que reubicarse. Así ha pasado en otras zonas”, planteó.

ED: EG

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