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Por Gustavo Gutiérrez Espeleta
Como en otras ocasiones en que el Congreso llama a cuentas a autoridades del gobierno, sus representantes llegaron a desviar el tema, culpar a terceros y faltar a la verdad para evadir responsabilidades, y, en este caso, perjudicar a las universidades y la educación pública y su trabajo en beneficio del país.
En primer lugar, las autoridades ministeriales continúan reproduciendo información inexacta sobre los salarios de la Universidad de Costa Rica. Es cierto que la estructura salarial de la institución falló. En su momento, se tomaron decisiones que pusieron en riesgo su sostenibilidad, pero ya se acabó y, como se ha informado en múltiples ocasiones, está en proceso de revertirse.
La Universidad tomó acciones concretas para garantizar su sostenibilidad financiera y priorizar las inversiones, acciones que comenzaron a rendir frutos. Del 2019 al 2022, el presupuesto anual destinado a salarios disminuyó en ¢6.711 millones.
En segundo lugar, argumentaron que la transferencia del 1 % adeudada pueda invertirse en becas. Esto es falso. Las universidades públicas asignan becas todos los períodos, sean semestres o cuatrimestres. Esto quiere decir que los estudiantes solicitan ajustes a su beca o una beca nueva cuando varíe su situación socioeconómica. Además, un mayor presupuesto en este rubro nos permitiría aumentar el monto asignado por persona en cualquier momento del año, solicitud que se ha hecho más recurrente debido a la difícil situación en la economía nacional.
En el caso de la Universidad de Costa Rica, esta inversión se ha incrementado sostenidamente. En la última década, este presupuesto pasó de ¢11.725 millones a ¢39.530 millones, equivalente a un 337 % de crecimiento.
Extraña que el gobierno asuma una posición en defensa de las becas estudiantiles, cuando retrasó la discusión del proyecto para eliminar las restricciones que impone la regla fiscal, ya aprobado en primer debate. Asimismo, en este mes y medio, el Ejecutivo no ha querido convocar el proyecto y, más bien, se dispuso a recortar 113.000 becas de Avancemos.
En tercer lugar, sorprende que la ministra de Planificación cuestione la construcción de los indicadores presentados, que son la base de la negociación del FEES del 2024 y que fueron construidos y avalados por el ministro interinode Planificación y las demás representaciones del gobierno en la Comisión de Enlace, así como los rectores. Lamento que no sea de su gusto el grado de cumplimiento evidenciado por las universidades públicas, y ahora se pretende cuestionar los indicadores pactados.
Por último, acusan a las universidades de la falta de formación en bilingüismo, cuando la realidad es que esta deficiencia es responsabilidad de la educación primaria y secundaria, lo que profundiza las desigualdades entre la educación pública y privada. Sin embargo, tal deficiencia no es la única.
La Universidad de Costa Rica identificó cómo cada generación de estudiantes viene con mayores falencias en otras áreas, como matemáticas, competencias digitales, lectoescritura y formación ciudadana. Pretenden que la educación superior atienda los vacíos que la educación primaria y secundaria están dejando; tarea que nos vemos obligados a asumir, a pesar de las limitaciones impuestas.
Mientras pretenden poner a competir la educación general y la educación superior, las universidades públicas hemos insistido en la necesidad de fortalecer la educación estatal en todos sus niveles, de acatar el mandato constitucional de destinar un 8 % del producto interno bruto a la educación.
Esta es la ruta que, como país, debe priorizarse para atender las causas estructurales de problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y la inseguridad, para garantizar competitividad internacional y empleos de calidad a todas las personas.
La Constitución Política no es una aspiración ni es una ocurrencia, sino el compromiso que se asume cuando se acepta ocupar cargos en la función pública.
– Rector de la Universidad de Costa Rica.
