Una sentencia histórica frente a Uber

La labor estratégica de la Judicatura en la progresividad de los derechos económicos y sociales

Pablo Morales

El día de hoy nos despertamos con una maravillosa sentencia de la jueza Carolina Fallas Sánchez, que reivindica no solo la justicia, sino la labor estratégica que juega la judicatura. Lo resumiría en que, como señaló Carlos Fernández Liria, la labor del juez no es la de que el derecho se vaya poco a poco amoldando a la realidad, sino que la realidad se vaya amoldando al derecho, por supuesto que cuando decimos esto pensamos en algo más allá de todo el conservadurismo que la actual Sala Constitucional le ha restado a los derechos económicos y sociales, nos referimos al control de convencionalidad que un día si y otro también, es debilitado y monopolizado por los conservadores jueces constitucionales y la limitación de este ejercicio que pesa sobre los jueces de primera instancia.

Pero la jueza Fallas ni siquiera tuvo que hacer ese control, le bastó nuestro Código de Trabajo para lograr que la realidad de Uber se ajustara al derecho, ahí en su despacho, casi imperceptible, redactó su sentencia, la cual termina siendo un poderoso instrumento de política pública, para mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores, como lo pretendían los redactores de la normativa laboral hace más de ocho décadas.

Podría ser una jueza que uso los servicios de Uber, sabía que su sentencia podría encarecer el servicio, pero era consciente de que la primera independencia de un juez es una independencia de si mismo, de sus intereses, de sus valores y de sus conceptos de la vida.

Recordemos también aquel voto en solitario de Fernando Cruz allá por 2003, ante una consulta de constitucionalidad de una jueza que se negó a inscribir un matrimonio catalogando aquello como una “relación impropia”, Cruz fue el único juez de la Sala que le dio la razón en aquel entonces.

Ese trabajo sesudo, meticuloso, reflexivo, de elaborar sentencias que transforman la realidad, debería ser una actividad estratégica sumamente protegida por el Estado, todo lo contrario, a la ley 9635, que precarizó el salario de los jueces y juezas, generando un salario de entrada sumamente bajo.

En nuestra Facultad de Derecho los bufetes llegan desde segundo año a “fichar” a los mejores estudiantes de la universidad pública. Es entonces que surge la pregunta: ¿Dónde queremos a los mejores laboralistas? ¿Haciendo sentencias como las de la jueza Fallas o en el Bufete que contrate Uber? ¿Dónde queremos a los mejores abogados en derecho tributario? ¿En el Ministerio de Hacienda, en la Judicatura o en Deloitte? ¿Está pensando en eso Mideplan a la hora de establecer salarios globales?

Los jueces y juezas deben tener un salario digno y la judicatura debe ser protegida por el Estado, incluyendo por supuesto los mecanismos disciplinarios para jueces y juezas que se aparten del deber de probidad.

Volviendo al tema de marras, la jueza Carolina Fallas enfrentó a un actor transnacional sumamente poderoso, confiemos en que su sentencia se sostenga y que traiga dignidad a miles de trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales.