La cultura política española sigue a la baja

Enrique Gomáriz Moraga

¿Es posible imaginar otro país europeo donde el Tribunal Constitucional resuelva que fue inconstitucional el establecimiento de un estado de alarma o la suspensión de la actividad del Congreso y no pase nada, nada políticamente relevante al menos? Difícil concebirlo ¿verdad? Bueno, pues eso es lo ha pasado efectivamente en España. Cuando muchos pensaban que se había superado aquella vergonzosa idea pensada por el entonces ministro franquista Fraga Iribarne de que Spain is diferent, resulta que hay que aceptar la amarga realidad de que, en buena medida, este país sigue siéndolo.

Desde el punto de vista del desempeño del sistema político, la sentencia del Constitucional es tremenda: señala que el gobierno ha estado dirigiendo el país durante meses de manera inconstitucional. Pero, a menos que se produzcan hechos consistentes, la perspectiva que se abre es todavía peor: nadie garantiza que no se vuelva a producir en el futuro. Algo que significa la posibilidad de que se establezca de forma intermitente en España una gobernanza inconstitucional, como sucede en los Estados menos estables y consistentes del planeta.

Tal situación afecta tanto a la arquitectura institucional del Estado de Derecho, como a la relación entre gobernantes y gobernados, especialmente a la cultura política de la ciudadanía. En cuanto a la actuación funcional de la estructura del Estado, lo primero que salta a la vista es el retraso en la emisión de la sentencia de parte del Constitucional, en torno a un año después. Muchos seguimos creyendo aquello de que la justicia, para serlo efectivamente, debe ser pronta y cumplida. Ante una ruptura de la legalidad tan flagrante, hubiera sido oportuno que el alto tribunal emitiera una sentencia con mucha más celeridad. Por otro lado, cabe también la pregunta de si no existen cuerpos e instancias en los poderes públicos, incluido el Legislativo, que puedan paralizar cautelarmente medidas emitidas por cualquier poder que sean inconstitucionales. Pero después de la sentencia actual del Constitucional parece necesaria una revisión a fondo de los mecanismos de control para evitar que este entuerto se produzca de nuevo.

En el plano de la cultura ciudadana, también resulta chocante que apenas se produzca reacción alguna en el tejido social de la España actual. No es necesario exagerar, pero en algunos países europeos la gente habría exigido responsabilidades a los poderes públicos. Saber, aunque sea con retraso, que el poder Ejecutivo ha estado actuando al margen de la Constitución, sobre todo teniendo en cuenta que su manejo de la pandemia no fue precisamente ejemplar, debiera producir una indignación ciudadana que se hiciera notar. Pues bien, al parecer nada de esto está teniendo lugar en este país carpetovetónico. Ni siquiera es seguro que vaya a tener efectos electorales importantes. En realidad, estamos ante otra prueba de que la cultura política en España sigue siendo de baja calidad.