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Wílliam Alberto Méndez Garita
La Asamblea está integrada por 40 miembros designados por el sector comunal y 250 como representantes de los sectores artesanal, cooperativo de autogestión y cooperativo tradicional, magisterio nacional, profesionales, sindical confederados y no confederados, solidarismo y trabajadores independientes.
En esta representación se aplica la paridad, lo que implica un 50 por ciento correspondiente a la participación de mujeres. En total, la Asamblea representa los intereses de 1,5 millones de personas trabajadores y trabajadoras.
La Asamblea del Banco Popular es tan versátil que, el año pasado, al reunirse para estudiar y proponer soluciones a los graves problemas nacionales en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional -que convocó a más de 50 sectores y organizaciones el año pasado- amplió su conformación a importantes grupos como el patronal, representado en las cámaras empresariales, a las emergentes organizaciones de la economía social solidaria, movimientos estudiantiles universitarios, agencias para el desarrollo rural y colegios profesionales, entre otros.
El análisis se centró en una agenda enfocada en la justicia social: bienestar común, solidaridad e inclusión, compromiso con la sostenibilidad, derechos humanos, derecho al trabajo, ética y transparencia, rendición de cuentas, oportunidades económicas, alianzas público privadas, por citar algunos de los temas.
Las conclusiones de este encuentro no solo brindaron una hoja de ruta con respecto a los intereses de los trabajadores, sino una visión madura, pausada y reflexiva sobre la forma en la que se debe atender la crítica situación económica del país con rostro humano.
En las conclusiones del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional se encuentran cinco grandes acuerdos, que deben ser la referencia, tanto del Poder Ejecutivo, como de quienes aspiren al Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa a partir del próximo año. (Las propuestas pueden ser consultadas en: https://elguardian.cr/wp-content/uploads/2020/12/CP-Foro-Multisectorial-de-Dialogo-Nacional-propone-cinco-grandes-acuerdos-para-reactivar-economia-y-combatir-deficit-fiscal.pdf ).
La riqueza del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional permitió la discusión de importantes temas con diferentes aportes, como el realizado por parte del Colegio de Ciencias Económicas junto al Colegio de Abogados, entre otros. (ver en: https://bit.ly/3hiHD7T)
No obstante, pese a ser el lugar ideal para el encuentro de sectores sociales, clase política y gobierno, las normas vigentes imposibilitan ir más allá de la buena voluntad de las partes. Sin que pierda la esencia de velar por los intereses de las y los trabajadores del país, es posible generar esa reforma legal que permita crear esa instancia permanente de confluencia adscrita a la Asamblea de Trabajadores.
La ruta equivocada
El último intento por crear el Consejo Económico y Social de Costa Rica (CES) -expediente 18.663- tuvo un revés en la Asamblea Legislativa, tras emitirse el criterio técnico de la Universidad de Costa Rica que indicó que la iniciativa violentaba el principio de la independencia de los poderes ya que hacía vinculantes los dictámenes del CES y los proyectos de ley del Ejecutivo. Otros proyectos con idéntico propósito como el Nº 16158 y Nº 16130 sufrieron también un revés.
A falta de un CES el poder ejecutivo decide crear el Consejo Consultivo Económico y Social (CCES) mediante Decreto Ejecutivo N° 42763-MP.
El CES y el CCES no resultan iguales. El CES es una institución permanente de diálogo, concertación social y de asesoría multisectorial. Mientras, el CCES, a partir de la propia experiencia reciente, es un espacio del Poder Ejecutivo unidireccional.
La participación en el CCES pasa por el filtro del Ejecutivo de inclusión y exclusión de los actores sociales invitados -inicialmente eran 30 participantes-, con objetivos ambiguos y sin una sistematización de la forma de trabajo y ejecución de acuerdos.
Los desacuerdos sobre esta instancia del Poder Ejecutivo generaron que, importantes sectores, hicieran ver su descontento y frustración ante la ausencia de una verdadera línea de trabajo y apertura. (ver en: https://bit.ly/3hbh7gI y en https://bit.ly/3BRAenY)
Siendo esta la realidad y orientados a la eficacia y eficiencia de las políticas públicas el Poder Ejecutivo debe revisar su estrategia con los diferentes sectores de cara un verdadero diálogo social, de tal manera que este se materialice con y a través de la Asamblea de Trabajadores (as) del Banco Popular.
La premisa de la que parte mi análisis es que, existiendo una organización jurídicamente establecida como la Asamblea de Trabajadores (as) del Banco Popular, con capacidad de convocatoria, con credibilidad y como interlocutor social validado, intentar realizar un diálogo social por otras vías no solo es un esfuerzo mal encaminado, sino que, también, desconoce y debilita la propia institucionalidad.
– Abogado, periodista y politólogo
