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Silvia Hernández Sánchez
Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
San José, 4 de mayo 2021
Señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, Señora Claudia Dobles Camargo, Señora Primera Vicepresidenta de la República Epsy Campbell Barr, Señor Segundo Vicepresidente de la República Marvin Rodríguez Cordero, Señoras Ministras y Señores Ministros de Gobierno, Señoras Diputadas y Señores Diputados, costarricenses.
La Administración Alvarado Quesada ha progresado de manera importante en temas clave para el desarrollo de Costa Rica, como lo es la infraestructura. En este tema se han materializado proyectos como los pasos a desnivel de las Garantías Sociales y del Bicentenario, y los avances en Circunvalación Norte que, aunque ha tenido traspiés, esperamos que continúe decididamente y esté pronto al servicio de todas y todos los habitantes del país.
Asimismo, esta Administración ha acompañado el proceso de la incorporación a la OCDE, estando en la recta final para su finalización. Esta incorporación asegura que Costa Rica recibirá acompañamiento a la hora de desarrollar políticas públicas, con el fin de tener las mejores prácticas y contar con un sello de garantía de eficiencia del Estado, elevando la imagen de nuestro país y haciéndolo partícipe de distintos foros de discusión sobre políticas públicas modernas y eficientes. Retomar este proceso fue un verdadero acierto, que nos ayudará a tomar las grandes decisiones que el país deberá implementar con la ayuda de la técnica y la experiencia.
Además, debo apuntar que la Administración Alvarado ha avanzado en el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional, decisión correcta si queremos encaminarnos en la senda de recuperación económica y fiscal. Igualmente, celebro el superávit primario que el país registró para el primer trimestre del año. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en este tema. Esperamos la materialización de la senda de recuperación fiscal en proyectos y acciones concretas que muestren la verdadera voluntad del Poder Ejecutivo de liderar un proceso que demandará diálogo, negociación y, ante todo, el entendimiento de que el objetivo principal es llevar bienestar a cada uno de los hogares costarricenses.
Señor Presidente, esto es lo que puede esperar de mi Presidencia Legislativa, lo mismo que he practicado en mi papel de diputada o jefa de fracción: apertura para construir, firmeza para señalar aquello que deba ser corregido y determinación para llevar a buen puerto los acuerdos que alcancemos.
Una democracia sólida como la nuestra, requiere de los pesos y contrapesos que la división de poderes nos confiere. Por esto, Señor Presidente, debo señalar que, a pesar de estos logros, hay elementos que me preocupan del rumbo en el que está transitando el país. Su Administración ha caminado de la mano de la falta de transparencia e improvisación, lo que irremediablemente ha causado graves desaciertos que complican la situación del país.
En esta Asamblea Legislativa hemos presenciado cómo en algunos momentos decisivos, la falta de coordinación del Poder Ejecutivo con el Legislativo ha entorpecido el avance de proyectos clave, como lo señalaron varios jefes de fracción en su discurso del pasado Primero de Mayo.
Asimismo, las constantes contradicciones que se dan, tanto dentro del Gabinete, como con la Fracción Oficialista, generan señales confusas no sólo para los tomadores de decisiones nacionales e internacionales, si no que dentro de la misma población reina un sentimiento de desconcierto ante la incertidumbre creada por estas circunstancias.
A esto se suma que en muchos temas trascendentales ha existido una enorme inacción en un momento en el que estamos urgidos de respuestas. Los problemas nacionales demandan de decisiones firmes, y aunque nos han prometido políticas públicas basadas en datos, los impactos de las mismas solo se pueden calificar como deficientes.
La pandemia causada por el COVID-19 ha teñido de luto a miles de familias costarricenses y tiene a las personas que laboran en el área de la salud al límite. Además, ha magnificado las dificultades que ya enfrentábamos como país. La crisis vino a potenciar lo que ya estaba ocurriendo, pero bajo ninguna circunstancia es una justificación, y, aún menos, una excusa para la inacción.
Una de las áreas que ya contaba con serias deficiencias que fueron expuestas por la situación de pandemia es la Educación. Según la OCDE, nuestro sistema educativo presentaba retos relacionados con la mejora de la calidad, la retención del estudiantado en secundaria y el cierre de brechas y desigualdades cuando llegó la suspensión de clases por la pandemia.
Luego, el 2020 dejó en evidencia el enorme rezago que tienen nuestras escuelas y colegios públicos para adaptarse a condiciones de menor presencialidad. La pérdida de lecciones para miles de niñas, niños y jóvenes a causa de la pandemia también tendrá un impacto en el largo plazo que desde ya tenemos que empezar a atender. No podemos darnos el lujo de tener una próxima década perdida en materia de educación. Pues será la calidad de ésta la que definirá nuestros futuros índices de desarrollo humano y crecimiento económico.
Mientras tanto, y a pesar de estas serias advertencias, desde su Administración no se vislumbra un plan para nivelar al estudiantado rezagado por la pandemia. Peor aún, ni siquiera contamos con datos claros de la situación de nuestro sistema educativo en el mayor momento de crisis de la historia.
Y los datos faltantes no se relacionan únicamente con el rendimiento académico de la población estudiantil. El centro educativo es el lugar en el que muchas personas menores de edad en este país ven atendidas sus necesidades de salud física, nutrición y salud mental. Además, los centros educativos son claves en la detección de casos de violencia intrafamiliar, y en este momento la institucionalidad ha dejado un alarmante vacío con consecuencias aún desconocidas.
Señor Presidente, el país no puede renunciar al tutelaje integral del estudiantado, poniendo en peligro el bienestar de menores de edad.
A pesar de este panorama adverso, esto podría constituir una oportunidad. Señor Presidente, lo insto a abandonar la falta de acción y enfocar los esfuerzos al mejoramiento de la calidad para mitigar las pérdidas de aprendizaje y reducir las desigualdades que pueden hacer la diferencia en el desarrollo de nuestro país. Principalmente, le pido retomar el compromiso que tiene el Estado costarricense con las personas menores de edad, construyendo soluciones para que la experiencia del 2020 no se vuelva a repetir en el 2021. Los estudiantes pertenecen en las aulas y no se debe permitir la interrupción de su proceso educativo por la falta de acción, visión y flexibilidad de las autoridades a cargo.
Señor Presidente, la agenda para la recuperación socioeconómica, es un punto recurrente en los llamados de atención que le hacen todos los sectores de la sociedad, pues parece abandonada en su Administración. Muchas veces ha convocado el Poder Ejecutivo conferencias para hacer anuncios relacionados con la situación económica del país, listados llenos de buenas intenciones. Sin embargo, Presidente, las buenas intenciones no llevan empleo a las familias costarricenses. Las acciones son las grandes ausentes en sus planes de recuperación, y lo que necesitamos es justamente eso: verdaderas acciones que lleven soluciones para el casi medio millón de personas en estado de desempleo.
Previo a la pandemia, el desempleo en Costa Rica iba en ascenso, y hoy es casi un 10% mayor al porcentaje registrado cuando usted asumió el poder. Y aún con las más recientes y optimistas proyecciones de crecimiento, el Fondo Monetario Internacional proyecta que Costa Rica tendrá la segunda menor tasa de crecimiento en Centroamérica.
En este momento, hay 452 mil personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Es necesario, además, recordar que en este tema, las mujeres y las personas jóvenes son quienes llevan la peor parte.
De nuevo, la falta de claridad que tiene su Administración para iniciar con la reactivación de nuestra economía afecta de manera directa y especial a los grupos más vulnerables de la población, a aquellos a los que el Estado costarricense debería estar enfocado a atender. La base de solidaridad en la que se funda nuestro Estado de Derecho no busca la construcción de un Estado asistencialista, si no un Estado que propicia el desarrollo de la ciudadanía, llevando oportunidades a todos los rincones del país, pero en especial a aquellos en los que por décadas se han encontrado en franca desventaja, creando desigualdades y brechas dentro de la población.
Un ejemplo de estas desigualdades es la vulnerabilidad que sufren las 635 mil personas que laboran en la informalidad, sin seguro social ni aportes para una futura pensión. El efecto negativo de la informalidad en las finanzas públicas, la seguridad social y los regímenes de pensiones necesita ser contrarrestado, creando incentivos para que las y los trabajadores se incorporen a la formalidad. Esta es una realidad innegable.
A pesar de esto, la Administración Alvarado Quesada ha permanecido en la parálisis, aún cuando cuenta con herramientas como la La Estrategia Nacional de Tránsito a la Economía Formal, la cual fue pionera e impulsada por la cartera de Trabajo, que el señor Presidente encabezaba en la anterior Administración, pero que ha caído en el olvido en los últimos años.
Y, cuando han intentado hacer algo, ha sido de manera descoordinada y contraproducente, como fue el caso del Reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social para trabajadores independientes. Según el INEC, al primer trimestre del año 2020, el 93,1% de los trabajadores independientes eran informales y la solución propuesta fue el Reglamento antes citado. Sin embargo, los señalamientos contra el mismo emitidos por actores tan importantes como el Colegio de Abogados y Abogadas, indican que la solución podría ser peor que el problema original, perjudicando a quienes quieran ponerse en regla en materia de Seguridad Social. Debemos hacer más fácil el acceso a la seguridad social y la formalidad jurídica, ofreciendo tasas diferenciadas y tramitología razonable. No abriendo portillos para que sea cada vez más difícil permanecer en la formalidad.
Señor Presidente, la ruta de recuperación socioeconómica y generación de empleo no puede esperar. En el análisis del informe que usted rindió hace un año, señalé varias incógnitas con las que usted nos dejó. Habló de reactivación económica, pero no dijo cómo. No indicó si quería más o menos Estado; más o menos gasto; más o menos regulaciones; más o menos proteccionismo. Hoy, Presidente, usted deja abiertas las mismas preguntas, pero es hora de definir y concretar la ruta. El país ya no puede esperar.
Como ya señalé, la pandemia llegó en un momento en el cual Costa Rica ya era vulnerable. Aún así, hemos logrado salir adelante poco a poco gracias a la dedicación de los trabajadores y trabajadoras del sector salud y, la implementación de los protocolos sanitarios por parte de la ciudadanía. Además, recae en ustedes, la Administración Alvarado Quesada, el deber de implementar las medidas para contener la crisis sanitaria. Reconozco que esta es una responsabilidad enorme, pues lo que está en riesgo son vidas de nuestros conciudadanos y conciudadanas.
Entonces, no pretendo politizar una de las peores crisis que este país y la humanidad han experimentado. Pero sí señalar los aspectos que deben de ser corregidos en la gestión de esta crisis, que trasciende lo sanitario.
La pandemia del COVID-19 ha sido abordada con la misma opacidad que ha caracterizado el último año de esta Administración. Las y los costarricenses y miembros de la prensa tuvieron que ejercer una fuerte presión para acceder a los datos relacionados con casos de la enfermedad y avance de la vacunación, cuando esta era información clave para generar confianza entre la ciudadanía. La transparencia, tan pregonada por el Partido que lo llevó a la silla presidencial, parece haber caído en el olvido, así como la premisa básica de todas las personas electas popularmente mediante el voto democrático: nos debemos al pueblo que nos eligió. Señor Presidente, las y los ciudadanos merecen saber con exactitud los datos relacionados con la pandemia y las medidas sanitarias que serán implementadas en un tiempo oportuno, para disminuir la incertidumbre, en la cual no podemos triunfar como país.
Además, es imposible ignorar los múltiples casos de compras irregulares con fondos públicos desde la Caja Costarricense del Seguro Social. Es inaceptable que personas se aprovechen de una situación de emergencia y que los jerarcas de la institución lo premien con silencio e impunidad.
Por otra parte, se ha evidenciado la resistencia de la Administración a aceptar ayuda de académicos y científicos para tomar decisiones basadas en datos que permitan controlar de manera más efectiva la crisis sanitaria.
Nuevamente, señor Presidente, mi llamado es a que, desde la transparencia y el diálogo, se tomen las decisiones adecuadas, apegadas a la ciencia y los datos. El éxito de nuestro país para enfrentar la lamentable situación relacionada con la pandemia depende de que sus decisiones sean tomadas de manera responsable y con acervo técnico.
Entonces, sin ignorar la gravedad de la pandemia, debo señalar que la gestión de ésta no puede poner en pausa la atención integral del accionar de la Administración Pública. Me causa gran pesar el manejo de las relaciones internacionales que ha hecho la Administración Alvarado Quesada.
Nuestro país ha mantenido una imagen internacional destacada durante décadas, y esta se ha visto socavada por la inacción y la impericia durante este periodo presidencial. En un momento clave como este, en donde nuestras relaciones con otros Estados y con organismos internacionales podrían estar haciendo la diferencia en la atención de la pandemia y la vacunación, Costa Rica se ha desdibujado del panorama internacional.
Presidente, le insto a usted y a su gabinete a retomar las buenas relaciones que han sido construidas históricamente y vuelvan a posicionar a Costa Rica como un país que tiene una voz fuerte y coherente dentro del concierto de las naciones.
Igualmente, es necesario poner atención a la descarnada realidad que vive nuestro país en términos de seguridad ciudadana. Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que en lo que llevamos del 2021, se registran 193 homicidios, 14 homicidios más de los acontecidos en el año anterior en el mismo periodo. Esos 193 homicidios no son solo una estadística, es el dolor y la impotencia de 193 familias y de muchas comunidades tomadas por el crimen organizado y el hampa.
Presidente, es imperativo retomar el combate de la criminalidad acompañada de la prevención de la violencia y los delitos, porque el desgaste del tejido social se ve reflejado en la inseguridad, la cual se vive de manera más cruda en las zonas de mayor vulnerabilidad. La disminución de homicidios y el control del tráfico de drogas deben ser objetivos primordiales de la estrategia de seguridad.
Por último, hay una bomba de tiempo que se ha anunciado hasta el cansancio y ha sido ignorada: la crisis de las finanzas de varias empresas del Estado. Los grandes esfuerzos que se han hecho a nivel nacional con la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se ven socavados por la falta de determinación en ordenar las finanzas desde adentro.
El mismo Ministerio de Hacienda, indica que la situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) representa un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas.
Entre los señalamientos más alarmantes están que casi un 50% de la deuda vence en 5 años, lo que requeriría que las empresas tengan liquidez o que busquen “refinanciamiento a las tasas vigentes al momento de su vencimiento”, lo cual podría “incrementar sus costos por intereses”. También se señala que “la mayoría de las empresas públicas no financieras, no cuenta con una estrategia de endeudamiento de mediano y largo plazo que permita orientar la toma de decisiones en materia de deuda y la contratación de crédito”. Además, de estas cuatro empresas, tres de ellas presentaron pérdidas durante 2019.
El Poder Ejecutivo sigue titubeante, silencioso e inactivo ante una situación que se agrava día con día, complicando aún más la salida del país de la crisis. Las decisiones deben tomarse de manera apremiante, porque uno de los vacíos más grandes que ha tenido esta Administración es la falta de sentido de urgencia en las medidas relacionadas con el racionamiento real y sostenible en el tiempo, del gasto público.
Señor Presidente, reconozco sus profundas convicciones democráticas, y por eso es oportuno que recuerde que las democracias tienen sus momentos de mayor vulnerabilidad cuando la ciudadanía se siente insatisfecha y desatendida. No podemos vivir en la incertidumbre con expectativas inestables mientras enfrentamos la situación más difícil en este siglo.
El pueblo costarricense le confió el mando del Poder Ejecutivo sin saber que nos íbamos a enfrentar a una pandemia en medio de una crisis financiera y económica, pero esa no es excusa para seguir postergando decisiones; debemos estar a la altura del momento.
Este es un momento determinante para establecer si las futuras generaciones celebrarán las decisiones que se tomaron para volver a enrumbar a Costa Rica en la senda del desarrollo o lamentarán la inacción en un momento clave.
Por eso, es inaceptable que sigamos estancados en unos pocos temas, cuando la agenda de necesidades nacionales se engrosa día a día. Una lista de proyectos, discutidos de manera aislada, renunciando a una agenda integral, NO es un plan de desarrollo integral. En su lugar, necesitamos una agenda de sesiones extraordinarias estratégica, con objetivos claros y construidos sobre los cimientos de la negociación y el diálogo.
A su vez, esta agenda debe ir acompañada de la implementación expedita de las medidas que puedan colaborar con la reactivación económica, la creación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de las personas y sectores más afectados por la crisis.
Señor Presidente, esta Asamblea Legislativa dejó claras sus prioridades el 1 de mayo. La mayoría de los diputados y diputadas optamos por priorizar una agenda de recuperación socioeconómica, que no descuide la sostenibilidad fiscal, y que se permita abrir discusiones para la Costa Rica del futuro. Mi compromiso como Presidenta del Poder Legislativo y coordinadora del debate, es trabajar hombro a hombro para que la ésta agenda legislativa sea una herramienta para llevar oportunidades y esperanza a las familias costarricenses.
Espero encontrar en usted y su Administración la apertura al diálogo, la disposición a la autocrítica y la voluntad de impulsar acciones concretas y claras, que nos permita finalmente encaminarnos en esa senda de recuperación.
Señor Presidente, Señora Vicepresidenta y Señor Vicepresidente, Señoras Ministras y Señores Ministros, les deseo muchos éxitos en la gestión de este último año.
