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Ernesto Guadamuz
Los criterios que se han dado, tanto para apoyar la tesis de que debe disminuirse o descartarse el plazo de militancia, como para justificar el carácter insalvable de tal requisito, hasta ahora giran en torno al mismo punto: la salvaguarda de los principios ideológicos y programáticos del partido.
Sin embargo, quizás sea necesario replantearse la perspectiva yendo a la raíz de la cuestión, a saber: la naturaleza del partido político que el pueblo costarricense demanda conforme al momento histórico por el que atraviesa nuestra sociedad tanto en el plano local como en el contexto internacional.
Las pasadas elecciones presidenciales pusieron en evidencia la crisis de los partidos políticos como sistemas de representación de la ciudadanía. Su fragmentación y la carencia de una línea programática clara, son precisamente manifestaciones de esa falta de representatividad de las agrupaciones políticas. A diferencia de los partidos políticos de mediados del siglo pasado, nuestras agrupaciones son básicamente policlasistas, con lineamientos, más que programas, en los que los temas de adscripción religiosa se cruzan con decisiones de política económica o social, largamente postergadas. De modo que el enfoque de las campañas electorales no obedece a unas demandas concretas de la ciudadanía encuadradas en un proyecto de sociedad cercano a los intereses de las mayorías nacionales; sino a temas relevados coyunturalmente y a problemas cuyas soluciones se han planteado desde hace décadas, sin que encuentren una propuesta integral desde la cual puedan ser abordados.
Estos elementos de diagnóstico del sistema de partidos políticos, habían sido detectados ya hace dos décadas por las personas que fundaron el partido, precisamente al hacer frente a la encarnación histórica de estos males: el bipartidismo. De manera un tanto infundada, las personas interesadas en el análisis político han reducido el aporte del PAC al romper con el bipartidismo, en términos de que puso la ética en la función pública en un pedestal. Sin embargo, a poco que se profundice en el estudio de las campañas electorales en las que ha participado el partido, se hará patente que la participación ciudadana es la piedra angular de la propuesta original del partido. De este modo, ha sido la participación de las juventudes, los grupos ambientalistas, los animalistas y las personas defensoras de los derechos humanos sin exclusión; la que ha permitido obtener dos triunfos electorales sucesivos, con recursos logísticos limitados y con una “militancia” partidaria, minoritaria. Por otra parte, el que posteriormente a las campañas electorales, la participación de los grupos y movimientos sociales, en la gestión de la agenda política promovida por el PAC haya sido totalmente deficitaria, apunta a la debilidad fundamental de la acción política del partido: el tener que limitar su política de alianzas a las fuerzas políticas que gravitan en torno a la Asamblea Legislativa. Por ello, el gobierno actual ha tenido que cargar con el costo de políticas públicas que en diversos grados, se oponen a los principios de justicia social y transparencia en la función pública, con las cuales se forjó su identidad desde su fundación.
En América Latina, la permanencia de gobiernos progresistas o de centro izquierda que siguen adelante con una agenda política gestada desde su fundación a partir de las necesidades de las mayorías nacionales, ha sido posible, en gran parte, gracias a la existencia de una estructura partidaria relativamente pequeña pero siempre vinculada con movimientos y grupos sociales, que participan activamente en la gestación y seguimiento de políticas públicas afines con la línea programática ofertada al electorado. De hecho, estas agrupaciones de carácter progresista, se nutren de activistas sociales y personas vinculadas a la sociedad civil, para conformar papeletas electorales y gobiernos electos de amplia base social y representatividad. Solo de esta manera, se tiene la opción de realizar convocatorias ciudadanas desde un espectro político que nuclea al progresismo que proviene de distintas vertientes ideológicas y culturales. Imponer a las personas interesadas en la participación política electoral, una determinado período de militancia o adscripción partidaria, probablemente tenga un efecto sectario: el de aislar a la organización política popular de sus fuentes más importantes para el ejercicio del poder democrático y el seguimiento de políticas públicas progresistas: la acción de la ciudadanía vinculada a movimientos sociales.
