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Voz experta
Dr. Esteban O. Mora Martínez
La Reforma del Estado puede ser entendida como “un proceso integral que incluye lo político, económico, social, administrativo y jurídico.” (Romero-Pérez, 2005) Así, nos enfrentamos a un conjunto de decisiones que inciden en la forma en que los países modernizan su gestión pública y por ende, sus instituciones, procesos y regulaciones para hacer que los bienes y servicios públicos incidan de mejor manera en el desarrollo y en la calidad de vida de sus habitantes. (Mora-Martínez, 2018)
Por ello, debe decirse que un impulso reformista requiere de capacidad de gestión, administración de los (escasos) recursos públicos, un pacto social de lo que se debe reformar y de la manera de hacerlo, de tal modo que aspectos históricos y valores nacionales, no estén supeditados exclusivamente a criterios económicos.
Dicho esto, la OCDE en su informe presenta información de contexto macroeconómico como el periodo de recesión provocado por la pandemia (COVID-19), un notable incremento del desempleo (coincidente con el 20,5% según las estimaciones de julio del INEC) y un aumento de la prima soberana de riesgo país, a pesar de la contención de la inflación por las medidas del BCCR.
Si bien, como lo dijimos antes en ¿Habemus OCDE? se han dado ya más de “14 proyectos de ley relacionados con mejoras a procesos institucionales que, consecuentemente, deberá tener efectos en las funciones de las instituciones y en los procedimientos internos para brindar con mayor efectividad los servicios públicos”, las siguientes transformaciones requieren de amplias discusiones y una agenda política transparente que logre explicar los cambios sugeridos en campos como:
- Impuesto al Valor Agregado (IVA),
- Tamaño del Estado (cantidad de instituciones públicas),
- Empleo público,
- Educación pública, y
- Pensiones y prestaciones sociales.
Si bien esta parece ser la agenda más recurrente y mediática, existen varias contradicciones en este tipo de reformas:
- Un aumento el IVA, a pesar de su efecto negativo por sus tarifas reducidas en servicios que consumen las poblaciones con mayores ingresos, lo cual, lo hace un impuesto regresivo para el resto de los quintiles;
- La venta de las instituciones públicas, aunque esto no es reducir el tamaño del Estado ni hacerlo eficiente, sino ceder activos productivos con relaciones costo/beneficio social positivo;
- El recorte del gasto en empleo público, cuando persisten problemas de evasión y elusión fiscal, así como amnistías tributarias a las empresas,
- La reducción del presupuesto público en educación, debido a sus bajos resultados, queriendo repartir fondos públicos a nivel privado sin mecanismos de transparencia; y
- La transformación de los esquemas de seguridad social, particularmente de las pensiones y sus prestaciones sociales, sin abordar incentivos al incremento de las tasas de reposición de la población (i.e. como lo hace Francia por medio de transferencias a las familias según su cantidad de hijos, independientemente del estrato socioeconómico) o de la inclusión de los trabajadores informales y de los desempleados en el empleo formal que incrementaría la recaudación de las cargas sociales.
Ese impulso reformista debe atenderse con cuidado, valorando las opciones e incluyendo en la agenda política y de Reforma del Estado temas como la urgente necesidad de mejorar la inclusión financiera, pues está demostrado que esta acción permite mejorar la capacidad de las familias de ahorrar e invertir, y el ecosistema financiero se ve beneficiado con mayor captación de recursos, lo que se traduce en bajas en tasas de interés en créditos y en la atracción de inversionistas en la economía en general.
Debe reconocerse el esfuerzo de la OCDE de contribuir a la discusión y poner sobre la mesa de diálogo temas como la diversificación de la canasta exportadora y la necesidad de reducir precios en productos como el arroz para favorecer a los hogares más pobres; mejorar la captación en la renta para reducir la elevada desigualdad, administrar la deuda pública de manera eficiente y sostenible (con una nueva oficina pública), hacer eficiente el sistema de compras públicas, incrementar la productividad laboral y mejorar las escalas salariales, flexibilizar las regulaciones para aumentar tanto la competitividad como el establecimiento de nuevos negocios al reducir la burocracia y la tramitomanía.
Algunas de estas reformas ya están en marcha como las ventanillas únicas en comercio e inversión, pero otras como en temas de empleo y productividad, el país continúa atascado en discusiones que requieren de la negociación entre los sectores y el establecimiento de acuerdos nacionales con visión de futuro, sobre todo, para el legado de las siguientes generaciones.
En síntesis, debe entenderse que la Reforma del Estado y su impulso a un buen ritmo, es una vía para democratizar los bienes y servicios públicos, distribuir la riqueza, movilizar social y económicamente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de mejorar el nivel y la calidad de vida de los costarricenses.
– Profesor-Investigador Cicap-UCR
