Renato Alvarado Rivera
Durante los últimos 30 años, Costa Rica apostó por un modelo de apertura comercial, sobre el cual he expresado mi rotunda oposición porque privilegia el mercantilismo de los productos que día a día necesitamos en nuestra mesa. He insistido en que las condiciones negociadas en los tratados de libre comercio, exponen y condenan a la ruina a la agricultura nacional, es decir, a los agricultores y las agricultoras. He denunciado que los marcos jurídicos de defensa comercial imposibilitan la aplicación de instrumentos para una protección real de la producción nacional.Las políticas agrícolas desarrolladas por los gobiernos desde 1990 al 2014 pusieron de rodillas a las personas productoras de Costa Rica; para verdades un dato, el crédito para el agro ha caído del 10% a menos del 3% del total del crédito que se otorga a nivel nacional.
Durante años, los gobiernos de turno han insistido en desmantelar el Consejo Nacional de Producción y la Fábrica Nacional de Licores, venderlas para que la empresa privada se deje los negocios que representan las ventas de alcohol y del Programa de Abastecimiento Institucional. Por años, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria han venido a menos, afectando la investigación y los servicios de extensión que brindan ambas instituciones. De hecho, de los tres mil millones de fondos de inversión que tenía el MAG para los agricultores y agricultoras, hoy no se tiene un centavo para invertir de manera directa en proyectos del agro.
Los defensores de la apertura comercial han insistido en que es más barato importar y que nuestros productores deben dejar de producir. Esa es la razón por la que hoy solo producimos el 20% de los frijoles que consumimos y el 35% de la demanda de arroz.
Estas políticas desmantelaron el aparato productivo, los centros de acopio y los programas de promoción de la siembra de granos básicos. Y por eso, dejamos de producir maíz amarillo y hoy importamos las 700 mil toneladas métricas que se requieren para la producción pecuaria.
Y ahora se critica al Ministerio de Agricultura por la posible escasez que generará la crisis del COVID-19. Se critica al MAG, cuando precisamente hemos promovido la siembra de frijol, mejorando la semilla y repartiéndola entre los productores; estamos invirtiendo para rescatar la infraestructura de almacenamiento, con el propósito de poder conservar el grano; estamos proponiendo aumentar las áreas de siembra de arroz, buscando aumentar la productividad y la rentabilidad de estos sectores y de la agricultura en general.
Durante los dos años de este Gobierno, hemos luchado para garantizar los recursos financieros para la inversión en la reconversión tecnológica que requiere el agro; hemos dispuesto desarrollar los mercados regionales y las ventas virtuales, estamos trabajando para garantizar el acceso al agua para la agricultura.
Hoy, sorprendido, escucho las voces de quienes históricamente se han dedicado a despedazar el agro costarricense, reclamando que no tenemos suficientes granos básicos. ¿Hablan en serio?
Discurso obsceno y vulgar de mercaderes, quienes han defendido a ultranza la apertura comercial, los monopolios de algunos supermercados y las importaciones masivas, favoreciendo y enriqueciendo a unos pocos, a pesar de que los productores del país puedan abastecer el mercado. Pena y vergüenza debería de darles ahora atribuirse las soluciones para que no falte la comida en tiempos de la pandemia.
Podemos decirles a los costarricenses, y a esos también, que los agricultores y las agricultoras han sido y serán sobrevivientes de estas políticas nefastas y que, desde el Ministerio que dirijo, les garantizo que seguiremos produciendo y que no dejaremos un segundo de luchar por nuestra forma de vida y por alimentar a Costa Rica.
– Ministro de Agricultura y Ganadería