Ya basta de políticos corruptos

Ágora*

Guido mora
guidomoracr@gmail.com

Conversando con un amigo que vive en Asia, me comentaba cómo ve él a Costa Rica, desde aquellos remotos confines de la tierra.

Me explicaba que está muy entristecido, porque la última vez que visitó Costa Rica, tuvo que viajar en taxi reiteradamente, desde La Sabana hasta Escazú y que, ante la misma distancia y en diferentes vehículos, con el tristemente célebre taxímetro activado, nunca llegó a pagar el mismo monto por la carrera, lo que claramente evidenciaba la alteración de esos equipos.

Que tenía que esperar, frente a su apartamento, que un guarda viniera a acompañarlo hasta que el portón abriera, para poder entrar a su casa, pues temía que algún delincuente entrara junto a su vehículo, a su casa de habitación y se convirtiera en víctima del temido asalto o “bajonazo”.

Que los tres meses que estuvo en Costa Rica sentía que “todo mundo”: el pulpero, el panadero o dueño de la tienda querían aprovecharse de él, en pocas palabras, “robarle legal o ilegalmente”.

Me decía que en el país en que vive las autoridades son contundentes, castigan el delito y con ello evitan que quienes deseen llevar una vida fácil, a costa de los ciudadanos honestos, continúen delinquiendo.

Que la autoridad de ese Gobierno es respetada y los ciudadanos deben cumplir las normas establecidas en el ordenamiento jurídico: sin abusos estatales o excesos del sector privado: se respeta la vida y la propiedad privada, por ende, el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos.

Definitivamente, ese es un modelo muy diferente de vida. Totalmente opuesto a los problemas y las desgracias sociales que estamos enfrentando actualmente en Costa Rica y, ante las cuales, lamentablemente hemos perdido nuestra capacidad de asombro.

En nuestro país, vemos como, un joven que se levanta a las 3 de la mañana para esperar el autobús de las 4 e ir a su trabajo, muere aplastado por una camioneta, porque unos antisociales intentan robarle las pocas pertenencias que porta y la huida le cuesta su vida. Unos delincuentes vagabundos, antisociales, que asesinan a un joven decente: a un humilde trabajador.

Nos damos cuenta que los autobuseros y otros grupos privados, quienes manejan concesiones, que según el Diccionario de la Real Academia Española no es sino: un negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones; pretenden imponer a los usuarios y a la propia Administración, sus reglas y condiciones, desatendiendo las decisiones de los representantes del Estado. Que esta acción ejercida por estos grupos privados la ejecutan para defender sus intereses económicos particulares, en contraposición a los del conglomerado social y el bien común. Y peor aún que, ante esta situación, los representantes del Estado, bajen la cabeza y callen, en no pocas ocasiones porque están o han formado parte de las nóminas de estos grupos, de forma pública u oculta.

Nos escandaliza el hecho de que algunos servidores públicos exijan una gratificación para realizar su trabajo, el que les corresponde y establece la Ley, y que algunos grupos del sector privado jueguen su papel de corruptores, repartiendo dinero para que aligeren sus trámites o se hagan de la vista gorda antes las violaciones a la legislación tributaria o sanitaria.

Quedamos petrificados porque los diputados de nueve partidos políticos, aunque ante la prensa y frente a la opinión pública, con actitudes teatrales, manifiestan desacuerdos casi insalvables entre ellos, logran rápidamente un pacto para reducir la deuda política, pero ponen como requisito eliminar la rendición de cuentas en el uso de esos dineros públicos, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, ya levantó su voz de alerta, por las repercusiones negativas que esta situación pueda provocar, en el manejo de la deuda política.

Nos hastía el hecho de que, los políticos que ocupan cargos de presidente, ministros, viceministros o presidentes ejecutivos, les interese más el trabajo que van a ejercer, una vez concluyan el período para el que fueron nombrados, que el ejercicio de sus labores cotidianas en el cumplimiento del juramento que hicieron ante la Constitución Política. Que lo que más les ocupe sea planificar sus labores en función de colocarse laboralmente en un organismo internacional a partir del 9 de mayo de 2018, desatendiendo las tareas que por Ley deben ejecutar y emprender en los meses que les queda en el ejercicio de su puesto. Esta ha sido una realidad no sólo en esta Administración, sino también en las anteriores.

O que un grupo de costarricenses considere como posibles precandidatos o con posibilidad de ejercer su influencia política u ocupar la Presidencia de la República, a personas que se han visto enredadas en situaciones que ilegales o inmorales, hayan salpicado su honra personal.

De estas situaciones somos responsables todos los costarricenses, porque mediante el ejercicio del voto, hemos elegido para que nos gobiernen, a personas que sólo buscan beneficiar sus intereses personales. Pero los responsables directos son quienes, habiendo ejercido puestos de poder político, han diseñado y ejecutado políticas públicas, que han deteriorado las condiciones políticas, éticas y económicas de los habitantes de este pequeño país.

Claramente en la Costa Rica actual, muchos operadores del poder se han convertido en profesionales de la política, que saltan de un puesto a otro, buscando su beneficio personal o el de los grupos económicos que los financian. El bienestar de las mayorías hace mucho tiempo dejó de ser importante para los protagonistas que hoy si y mañana también ocupan un cargo, como premio a la defensa de los intereses de sectores minoritarios, aunque con esa actitud se lesionen los supremos intereses de la Patria y de la mayoría de los ciudadanos.

Ante esta situación, vale la pena recordar las acciones de la Roma Republicana cuando el estado de la política alcanzaba esos extremos: en el marco de la República, se establecía un Triunvirato, que obtenía de los ciudadanos el poder legal de reestablecer el ordenamiento jurídico y político, devolviendo el orden, haciendo retornar la paz y reorganizando el Estado.

Posiblemente vaya siendo hora de que los costarricenses, al igual que sucedió en 1948, nombremos no un Triunvirato, sino una Junta de Gobierno. Que este cuerpo político, en el marco del ejercicio democrático del poder, sea integrado por ciudadanos intachables, sobre los que no pese ninguna duda, que hayan contribuido desinteresadamente con Costa Rica, desde los partidos políticos o desde el Estado, para que se encarguen de redefinir el ordenamiento jurídico y reformar el aparato estatal, orientando el Estado a cumplir con las exigencias que establece a Costa Rica, la realidad política y económica del Siglo XXI.

Creo que, si esta tarea queda en manos de los políticos de siempre, como se pretende, ante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el resultado puede ser terrible.

Bien lo decía Albert Einstein: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.