Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Progresemos
Carlos Manuel Echeverría Esquivel
Me honró participar con dos señoras de mucho fuste candidatas a diputada y don Vladimir de la Cruz. El otro participante era el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se hizo presente cuando se presentaba el mencionado libro, pero se retiró intempestivamente del salón antes de que se iniciara el panel. Me explico a continuación.
El presentador del libro fue don Jacques Sagot, quien entre sus comentarios mencionó el tema de los pluses salariales. Pareciera que el señor magistrado supremo presidente se molestó y previendo que en el panel le iban a “volar duro” prefirió retirarse sin excusarse. Una de las señoras venía con “números” demostrándole a la distinguida audiencia de unas 60 personas, como es que el sueldo mensual de un magistrado supremo subía a base de pluses de 2.7 millones de colones a casi 9 millones. La otra señora mencionó lo lento de los procesos judiciales.
Este servidor profundizó en lo que considero una actitud inadecuada en el tratamiento del proyecto de ley del “empleo público” por parte señor presidente quien ha adoptado una posición como de que “la cosa no es con nosotros”, manipulando a mi juicio el concepto de la autonomía del Poder Judicial, necesario, legal y legítimo como es, pero no para llevarlo al punto donde lo ha hecho, punto en que pareciera que el Poder Judicial es un país independiente o que tiene “patente de corso” para apartarse totalmente en su administración del resto del sector público.
En la última defensa que hace en nación.com de su posición, el señor presidente plantea que entiende la motivación del “proyecto de ley de empleo público”, pero que eso no va con la Corte, argumento salido de tono, especialmente cuando ya la Sala Constitucional se manifestó al respecto con una resolución balanceada. Además en ningún sentido el espíritu de la legislación propuesta es el de mancillar la autonomía en su función toral, de instancia alguna que goce de un régimen autonómico especial.
La ley de empleo público más que ser necesaria como herramienta para enfrentar el problema estructural financiero del aparato estatal costarricense, reestablece valores éticos y morales venidos a menos. Si bien imperfecta pero perfectible en el futuro de acuerdo inclusive a la experiencia en su aplicación, es el camino para llegar a un servicio civil general de primer nivel, “a la ‘civil service’” inglés, necesario para sacar al sector público costarricense de la inmoralidad en que se encuentra con corrupción saliendo hasta de debajo de la alfombra, así como para mejorar drásticamente su eficiencia y eficacia.
Con lo anterior en mente, en mi disertación en el Club Unión indiqué que el presidente de la Corte debería plantear disposición para buscar una fórmula que asegurando que se mantenga la autonomía de la Corte en lo funcional y fundamental, que es lo que importa, aquella se involucre en el esfuerzo colectivo que se requiere para re enrumbar el aparato estatal costarricense por una senda de efectividad, rendición de cuentas, transparencia y pulcritud. Hoy en día la justicia no es pronta ni siempre cumplida. La duración de los procesos los hace sumamente caros para el país desde varias aristas. Hay mucho tema al interior de la forma en que se imparte la justicia en Costa Rica que no es de recibo. Y sin duda, es necesario que en la Corte se acaben los estímulos remunerativos injustificados donde puede haberlos.
Sugerí que en el marco de una promulgación de la “ley de empleo público, que el presidente de la Corte planteara al menos y para dar una buena señal, la creación de una comisión de su representada con el Poder Ejecutivo para hacer el esfuerzo por coordinar y homologar. El sinsabor que quedó del retiro del juez supremo del evento en la forma en que lo hizo, es que no está la convicción necesaria para defender lo que muchos consideramos indefendible respecto al manejo remunerativo del empleo en la Corte y que por eso prefirió retirarse. Se defienden privilegios y no principios. Si ese fuera el sentir de la Corte Suprema de Justicia estamos en problemas.
– Miembro de la COREC I (primera comisión de reforma del estado costarricense)
“A todo chancho gordo le llega su hora”, ni la academia, ni la justicia, ni el legislativo, pueden invocar a Zeus para cometer actos inmorales. La denuncia de Carlos Manuel Echeverría, es clara, no es un tema de finanzas, es de moralidad. Sueldos y pensiones deben someterse a lo moral socialmente aceptado. Otra actitud es repudiable e insostenible.