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Fernando Berrocal
Lo primero es lo primero y eso es, en la presente situación de inseguridad nacional y ciudadana por la que atraviesa Costa Rica, asignarle más recursos al Ministerio de Seguridad Pública, a la Fuerza Pública y al OIJ. Eso se logró.
Falta, todavía, que el Ministerio de Hacienda acepte transferir los fondos que, por ley de la República, le corresponden al tema de la seguridad, por el impuesto a las cajas de banano exportadas, los casinos, las sociedades anónimas y los derechos migratorios. Por más leyes fiscales que se hayan aprobado, esas leyes no han sido derogadas y esos recursos hacen falta para enfrentar la peor crisis histórica de inseguridad que atraviesa Costa Rica.
Los Diputados, en la Asamblea Legislativa, han entendido que este es el principal “tema país” e, igualmente, se han comprometido a darle celeridad y prioridad absoluta a los distintos proyectos de ley, unos del Poder Ejecutivo, otros del Poder Judicial y también de los Diputados, que se conocen en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ese es otro signo altamente positivo.
En donde sigue la confusión, lamentablemente, es en el Poder Ejecutivo y los hechos hablan por sí solos y no se trata, únicamente, de negarle al Ministerio de Seguridad Pública, a la Fuerza Pública y al OIJ, los recursos presupuestarios necesarios en el Presupuesto Nacional y que ahora corrigieron los Diputados en la Asamblea Legislativa. Un veto presidencial sería el colmo de los colmos.
Se trata, también, de una serie de torpezas e indefiniciones, de las cuales destacamos dos que deben ser corregidas al más alto nivel:
1.- En el Decreto Ejecutivo de Organización del Poder Ejecutivo, de mayo del 2022, se le asignó al Ministerio de Justicia la RECTORIA del sector de seguridad nacional y ciudadana y no, como debería ser y siempre ha sido, al Ministerio de Seguridad Pública. Las razones no las entiende nadie, excepto que se trate otro capricho personal del Presidente de la República o una mejor relación y confianza con su Ministro de Justicia, al iniciarse el actual período de gobierno. Pero ya tenemos un segundo Ministro de Seguridad Pública y no existen razones objetivas, ni personales de ninguna naturaleza, para dudar de la capacidad y los resultados demostrados en ese cargo por Mario Zamora, en el gobierno de doña Laura Chinchilla del PLN. Entre tanto y con asombro, hemos sido notificados de que el Ministro de Justicia a requerimiento de la Contraloría General de la República dice públicamente que presentará un PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD en agosto del año 2024, o sea dentro de un año, mientras el Ministro de Seguridad Pública está convocado el próximo 26 de octubre, dentro de una semana, para explicar sus políticas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Solo cabe decir: Pero… ¡Qué clase de confusión, prioridades y desorganización existe en el Poder Ejecutivo sobre el principal problema que enfrenta Costa Rica! La RECTORIA debe regresar al Ministerio de Seguridad Pública y lo que el Ministro de Justicia debe hacer es presentarle al país un PLAN DE REFORMA PENITENCIARIA que es su campo de acción y responsabilidad, porque la administración de la mitad de los REGISTROS PUBLICOS (la otra mitad es responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones) está a cargo y bien gerenciada por una entidad desconcentrada. La RECTORIA de seguridad nacional y ciudadana le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública.
2.- Dejar de hablar paja. Mientras el Presidente de la República dice que el problema de la inseguridad está resuelto y que, por los dos escáneres recién instalados en Moín, Costa Rica ha dejado de ser el principal exportador de drogas ilícitas a Europa y a los Estados Unidos y que de ahí no ha salido ni un gramo de cocaína, resulta que desde que se dijo eso, nada menos que 5 (cinco) enormes y multimillonarios cargamentos de cocaína han sido detectados y confiscados en puertos Europeos en barcos que, precisamente, salieron de Moín o tocaron ese puerto en ruta hacia España, Bélgica y Holanda, lo cual ha tenido que reconocer públicamente, ante la contundencia de los hechos probados y demostrados, el Ministro de Seguridad Pública.
Esto tampoco puede ser. Esto es una tremenda falta de seriedad por parte del Gobierno de la República. Concéntrese el presidente Rodrigo Chaves en completar la colocación de escáneres en el muelle de JAPDEVA, en la terminal de Caldera en el Océano Pacífico y en los puntos críticos fronterizos, antes de lanzar frases sin sustento ni fundamento fáctico, para entonces decirle al país: ¡Misión cumplida! Además, acepte con humildad y realismo que ésta es una buena iniciativa que merece el más grande de los reconocimientos nacionales, pero que es tan solo una parte del problema y no su totalidad, porque para comenzar la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) tienen que vigilar y controlar la eficacia de la inspección de los escáneres y asegurarse que los mismos no sean inutilizados o neutralizados por las poderosas fuerzas de las mafias del narcotráfico y sus tentáculos nacionales, como es obvio que sucedió con estos cinco embarques hacia Europa. Ese tipo de “estrepitosos fallonazos” le quitan credibilidad al Gobierno de la República y, peor aún, a Costa Rica y a la lucha nacional contra las mafias del narcotráfico internacional.
Volvamos entonces a lo fundamental: éste es un “tema país” y un tema prioritario y serio y, bajo ninguna circunstancia, debe ser politizado o utilizado para que alguien o un partido político tomen ventaja del mismo. Aquí no caben las improvisaciones, ni las frases lanzadas al aire, ni las especulaciones. Aceptemos el peligro que está corriendo la sociedad y el Estado Costarricense. Incluso nuestra institucionalidad democrática. Aceptemos, también, que este problema viene de atrás, de varias décadas y acumulado a través de varias Administraciones. Estemos claros y digamos con absoluta transparencia, que esta “crisis nacional” no es responsabilidad de la administración del presidente Rodrigo Chaves, lo cual es cierto, pero que es al presidente Rodrigo Chaves, a su Ministro de Seguridad Pública, su Ministro de Justicia, su Ministro de Relaciones Exteriores y a su Ministro de Hacienda, a quienes les corresponde enfrentar con visión y muchísima determinación, la situación por la que atraviesa Costa Rica y que, para ello, ciertamente se necesitan recursos presupuestarios, pero principalmente se necesita con urgencia definir y poner en práctica, con acciones concretas y eficaces, un PLAN NACIONAL que, por razones constitucionales, debe impulsar el Poder Ejecutivo, pero que no logrará sus fundamentales objetivos de seguridad nacional y ciudadana, sin una correcta estrategia integral y paralela en varios frentes de acción y una articulación y coordinación de esfuerzo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial y con el apoyo decidido de los Diputados en la Asamblea Legislativa. De otra forma no hay manera posible de enfrentar con éxito a las mafias del narcotráfico y al crimen organizado.
Se requiere esa UNIDAD NACIONAL y se requiere de un centro articulador de POLITICAS PÚBLICAS. Para ello, el proyecto de ley #23612 que conoce la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, propone reformar la Ley General de Policía y ampliar el Consejo de Seguridad Nacional ahí establecido, respetando la independencia de los Poderes del Estado, pero partiendo de la base constitucional y doctrinaria de que el ESTADO ES UNO y que, sin esa articulación y cooperación de esfuerzos, en las áreas propias de la competencia de cada Poder del Estado y sin una efectiva coordinación por ley entre la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, la OIJ y las Policías Municipales, no vamos para ninguna parte. Lo que falta es que el Poder Ejecutivo también lo entienda así y que accione con más capacidad de negociación y efectividad la crisis de seguridad nacional y ciudadana por la que atraviesa nuestro país.
Otro aspecto, insisto con conocimiento de causa y que no puede quedar por fuera del esquema, es el de la cooperación internacional y, especialmente, con los países amigos y aliados a nivel regional. El origen de todo este gran problema nacional es un delito transnacional y la verdad sea dicha: Costa Rica no puede enfrentar sola, con los recursos presupuestarios que dispone y con el estado actual de nuestra Fuerza Pública la PCD, el OIJ y los otros Cuerpos de Policía existentes, a las poderosas mafias estadounidenses, colombianas y mexicanas. Aceptar la verdad de los hechos no es una ofensa al decoro nacional, ni una violación a nuestra soberanía. Es el más puro y total realismo. Son esas mafias las que constantemente violan la soberanía de Costa Rica.
Las propuestas que formule el ministro Mario Zamora, el próximo jueves 26 de octubre, nos darán la perspectiva correcta de hacia adonde va y qué podemos esperar en esta materia del gobierno del presidente Rodrigo Chaves, porque si esperamos 1 año el PLAN NACIONAL del Ministro de Justicia, perdemos al país.
