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Entre la refundación interesada y el inmovilismo
Enrique Gomáriz Moraga
Su intervención comienza demostrando que la II República, surgida de la guerra civil del 48, ha sido un modelo político exitoso. Consolidó un sistema político republicano basado en un Estado Social y Democrático de Derecho, con un sistema robusto de contrapesos y órganos contralores que hizo de Costa Rica la democracia más estable de la región. Como bien dice Hernández, eso permitió el desarrollo de instituciones de desarrollo social que produjeron efectos pertinentes en la educación, la salud y la protección social. Ninguna duda al respecto.
Sin embargo, cabe la pregunta de cómo es posible que ese modelo tan exitoso haya desembocado en la crisis sociopolítica en que hoy se encuentra Costa Rica y que ya muy pocos niegan. Quienes ponen el énfasis en la economía hablan de los impactos provenientes del exterior, el primero de los cuales fue la crisis de la deuda al comienzo de los años ochenta. Ese impacto tuvo efectos negativos en el pacto social del país. Y las respuestas posteriores se fueron inclinando por una transformación del modelo económico que aumentó sensiblemente la desigualdad.
Pero también hay explicaciones desde la cultura política. Conforme se fue produciendo un deterioro de las relaciones sociales en las entrañas de la sociedad, se manifestó la tendencia a evocar los rasgos del modelo exitoso. Para enfrentar los impactos internos y externos se recurría a insistir con nostalgia en las bondades del modelo tradicionalmente costarricense. Por eso, creo que Costa Rica es un claro ejemplo de cómo un proyecto político puede morir de éxito.
Por cierto, una cultura política que no carecía de defectos. Cuando a comienzos de este siglo se estudió bastante el tema de la confianza mutua, fue notable descubrir que los niveles en Costa Rica eran apreciablemente bajos. Ello incrementó las normas reglamentarias en las instituciones para reforzar el control administrativo. Quienes han servido en la función pública saben que la falta de flexibilidad procedimental puede conducir fácilmente a enfrentar una causa ante el Ministerio Público. Ha sido y es la otra cara de la corrupción rampante.
En pocas palabras, la II República no ha conseguido evitar el proceso que llevó del éxito sistémico a la crisis actual. Y don Rubén no alude a esa evidencia. Y no lo hace porque ello supondría plantear una pregunta más amplia: ¿No hay actualmente alguna profunda reforma que hacer en el Estado y el sistema político de Costa Rica?
Al no hacer mención de esta posibilidad, se cometen dos negaciones: la primera, negar la evidencia de que hay un entrampamiento institucional que es necesario superar, y la segunda, negar que este ha recibido un amplio tratamiento, por lo menos, desde hace treinta años. Recuerdo bien las reflexiones de FLACSO y otras entidades desde fines del siglo pasado sobre la necesaria reforma del Estado.
En la segunda parte de su reflexión, Hernández busca demostrar que, más allá de si fuera necesaria o no, las transformaciones estructurales que el oficialismo pretende no podrían hacerse porque “nuestro Constituyente fue muy sabio y estableció una cantidad importante de recaudos para evitar(lo)”. El pilar principal de su argumentación es que cualquier reforma de alcance constitucional necesita los 38 votos parlamentarios que el oficialismo hoy no tiene. “Con los 31 diputados que eligieron, el partido gobernante solo podrá nombrar el directorio y aprobar leyes ordinarias” afirma.
Dos observaciones pueden hacerse a este planteamiento. Una, que aprobar unilateralmente leyes ordinarias no es poca cosa (por ejemplo, construir una megacárcel entra formalmente dentro de sus competencias). Pero tampoco es cierto que el gobierno no pueda reformar la Constitución de ninguna manera. Según las reformas sobre referéndum, el nuevo artículo 105 de la Constitución, prevé tres opciones de ejecución: “cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”. Esta última es una opción que ya tiene en la mano el gobierno, con sus 31 diputados.
En pocas palabras, el camino de la reforma sistémica no está cegado por completo, tampoco legislativamente, como da a entender don Rubén. En todo caso, tampoco es muy constructivo bloquearlo desde una defensa ciega de la II República. Eso tendría un claro sabor a inmovilismo.
Creo así, que habría que evitar la polarización desde dos extremos indeseados. Por un lado, quienes buscan una refundación sistémica interesada, que, aprovechando la necesidad de una reforma del Estado y el malestar que ha creado su estancamiento, sirva a sus particulares propósitos políticos (implementar la reelección consecutiva inmediata es considerada un signo de ello), y, por otro lado, quienes niegan la evidencia de que es necesaria una robusta reforma política e institucional, sobre todo de naturaleza mecánica y procedimental, que permita salir del estancamiento, algo que es percibido por amplios sectores de la sociedad como un espacio donde se recrea la burocracia y se refugian las élites. No me parece que haya que elegir entre una refundación interesada y el inmovilismo estructural adobado por la nostalgia de un modelo que fue exitoso, pero que ya no lo es tanto. Y desde luego, la cuestión nominal de si se trata de una III República o una II actualizada tiene sólo una relevancia relativa.
