Una ley necesaria

¿Y usted qué opina?

Fernando Berrocal

Para enfrentar la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa Costa Rica y complementar nuestra propuesta de políticas públicas integrales y coordinadas en el frente policial, el frente judicial y el frente social, se necesita aplicar con firmeza y determinación la nueva ley sobre Capitales Emergentes o bien aprobar un texto directo, sencillo y corto de Ley de Extinción de Dominio para invertir la carga de la prueba, en casos exclusivamente de narcotráfico, de modo que los delincuentes tengan que demostrar, ante autoridad judicial, el origen lícito de los recursos con los que han adquirido fincas, casas, locales, automóviles, lanchas y otras inversiones millonarias.

Algunos abogados argumentan en contra el “principio de inocencia”, pero hay dos situaciones a considerar: 1) La gravedad del impacto del narcotráfico como un fenómeno de delincuencia transnacional y sus gravísimos efectos de delincuencia que ponen en peligro valores fundamentales de nuestro propio sistema de libertad y democracia y la soberanía nacional. 2) Que se trata, precisamente, de una legislación de excepción y de defensa de esos valores constitucionales y la soberanía, frente al poder de las mafias delincuenciales.

De no demostrarse, con pruebas fehacientes, el origen legítimo de los recursos económicos de los bienes adquiridos y del incremento en el patrimonio, dichos valores pasarían al dominio del Estado, con el objeto de ser subastados y, todos los beneficios obtenidos, ser dedicados a fortalecer las acciones de la Fuerza Pública y el OIJ, así como programas asistenciales complementarios directamente en las causas de la delincuencia y en el tratamiento de las adicciones como un problema de salud pública. El efecto disuasor de esta legislación es poderoso. Así ha sido ampliamente demostrado en otros países.

Se conoce que existe un caso real, en nuestro país, de unos fondos incautados por más de US$20 millones y los intereses que han generado, durante años en un banco del Estado Costarricense, y que no han podido recuperarse y asignarse a los fondos del Instituto de Control de Drogas (ICD), por puros legalismos de tercer nivel, argumentando se que no está claro quién es el propietario verdadero de esa enorme suma de dinero. Ese es un argumento que se supera con voluntad y determinación política y mediante un artículo en el Código de Procedimientos Penales y se establezca un plazo de no más de tres años para que bienes y valores en dicha situación, de no presentarse nadie a reclamarlos con documentos fehacientes, sean también traspasados al dominio del Estado y luego utilizados para fortalecer la seguridad ciudadana.

¿Qué no se podría hacer con esos US $20 millones y sus intereses? Se me ocurre actualizar y modernizar la actual capacidad tecnológica del Ministerio de Seguridad Pública y del OIJ. O bien financiar los escáneres en los puertos.
Costa Rica tiene el derecho y la obligación de defenderse y hay que hacerlo.