Ágora*
Guido Mora
guidomoracr@gmail.com
Las actitudes y declaraciones de don Walter Espinoza y de doña Vanessa Rosales, como director del Organismo de Investigación Judicial y ex jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias respectivamente, demuestran que existen muchos funcionarios honestos en la administración pública costarricense.
La prolijidad del señor Espinoza y el apego a la ley de la señora Rosales, no son sino la muestra de que este oscuro momento que vive la vida republicana, puede terminar, superarse y pasar a ser parte de la historia de la corrupción que ataca a todos los sistemas políticos, de la cual Costa Rica, no ha logrado mantenerse abstraída.
Para bien o para mal, los mensajes de don Victor Hugo Víquez, a favor de Juan Carlos Bolaños, provocaron una denuncia ante la Procuraduría de la Ética y esta fue la causa, en un ambiente político turbio como el que estamos viviendo, de que tuviera que abandonar su puesto en la papeleta de diputados del PLN por Heredia.
La presión popular, sin embargo, no puede alcanzar sólo a este candidato a diputado, o a Liberación Nacional, como partido político.
Es indispensable emprender una cruzada ciudadana contra la corrupción, que sin convertirse en una “cacería de brujas”, convoque la presión popular, para que, todos quienes han sido involucrados en este escándalo de corrupción, sean separados de los puestos de elección popular, así sea que hayan reconocido su ayuda abierta o no, al logro de los objetivos trazados por Juan Carlos Bolaños.
Los costarricenses no podemos ponernos con contemplaciones, aunque sea el más guapo o la más linda, de los participantes en la contienda política. Lo que está en juego no es la elección del guapo del país, sino de hombres y mujeres que ocuparan las posiciones políticas de mayor relevancia, a partir de mayo de 2018: los Diputados y Presidente de la República.
Es por eso que debemos exigir, en primer momento, la renuncia de los mencionados o involucrados, con miras a las elecciones nacionales y poner a escoger a los costarricenses, entre personas que no tengan sombras o dudas en su pasado.
Lo mismo sucede en otros puestos de poder político. Es que, como insisto con mis amigos, si hay presunción de deshonestidad en un ciudadano común, pues la comisión de un delito los llevará a los Tribunales. Pero, entre representantes del pueblo: alcaldes, regidores, diputados u otros puestos de elección popular, la sola duda debería ser causa de invocar el clamor popular y exigir la renuncia de quienes, desde un puesto político, sólo procuran enriquecerse y favorecer los negocios propios o los de los grupos de poder que representan.
Tenemos ya en América Latina, muchos ejemplos del resultado final de tolerar a corruptos en el Gobierno. Argentina, Venezuela, Perú y otras naciones cercanas, han mostrado el daño que puede causar a la democracia, la permanencia de actores u operadores políticos cuestionados o corruptos.
Las resacas que producen, esos excesos de corrupción en el poder, tienen a pueblos enteros postrados, hundidos por el populismo, en la pobreza y la desesperanza.
Esto no lo podemos permitir en nuestro país. Costa Rica no se lo merece y, ante las próximas generaciones, tenemos la obligación de entregar un país con un futuro promisorio, no envuelto en el desaliento, como lamentablemente ocurre en la actualidad.
Es por eso que, con el mismo ímpetu con el que gritamos un gol de la selección, con que nos reunimos ante la clasificación del primer equipo de futbol o con que celebramos una clasificación a una segunda ronda de campeonato mundial, debemos manifestarnos para exigir, no sólo la renuncia de los políticos señalados en este caso, sino el compromiso de que quienes ganen las próximas elecciones, no designen a estas personas en cargos públicos, hasta que no se liberen de las dudas que pesan en su accionar político.
Los partidos Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana, Renovación Costarricense y el Partido Acción Ciudadana, deberían blindarse y dar ejemplo, excluyendo a estos candidatos a diputados y a la presidencia, involucrados en esta terrible novela que conocemos como el #cementazo, de posibles posiciones políticas ante un eventual triunfo.
Y todos, todos los costarricenses, por la salud de nuestra democracia, así deberíamos exigirlo.
* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.
De acuerdo en todo con Guido.
Pero… parece que Víquez se está haciendo el «gato bravo».
Muchos amigos amigos apoyamos la actitud fuerte y decidida de Antonio en esto.
Luis Fernando Díaz