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Guadi Calvo
La guerra civil de Sudán se inició en abril del 2023, tras la negativa de la organización paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a la exigencia de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) de incorporarse orgánicamente a sus diferentes cuerpos.
Estas dos organizaciones, acompañadas de colectivos sociales, políticos y sindicales, habían derrocado en 2019 al dictador Omar al Bashir, después de treinta años de haber gobernado al país a su antojo. La alianza entre ambos grupos armados continuó incluso después de la expulsión del nuevo gobierno de los sectores civiles poco tiempo después.
En el trascurso del actual conflicto se le sumaron a las FAR grupos de autodefensa regionales, temerosos de que las acciones de los paramilitares, que habían crecido a la sombra del dictador, desde que con el nombre de Janjaweed (jinetes armados) en 2002 reprimieron el movimiento insurgente del Estado de Darfur, asesinando a más de medio millón de darfuries. Hechos por los que su actual líder, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemetti, fue acusado, junto a al-Bashir y otros jerarcas del régimen, por genocidio, en diferentes tribunales internacionales.
La negativa de Hemetti produjo una escalada de tensiones con el jefe del ejército y actual presidente del país, el general Abdel Fattah al-Burhan, que hizo que un choque casi fortuito entre patrullas de ambos bandos en Jartum se propagara de inmediato a toda la capital, a Omdurmán, la ciudad vecina a Jartum, en el lado occidental del río Nilo, y desde allí a todo el país.
Habiendo generado quince millones de desplazados internos, obligado a entre cuatro y cinco millones a escapar a más allá de las fronteras nacionales, destruido prácticamente la totalidad de la infraestructura del país y un estimado de entre ciento cincuenta y quinientos mil muertos.
Ya se ha hablado en profundidad del actual genocidio en Darfur, donde otra vez los mismos responsables, los paramilitares, étnicamente árabes, musulmanes y criadores de vacas y camellos, conocidos como Baggaras, nombre de una de las principales tribus de la región, perpetran contra las mismas víctimas. Las tribus far, masalit y zaghawa, nilo-saharianos de raza negra y agricultores, por lo que el control de las tierras para el cultivo y los pastores, al igual que en otras muchas regiones del continente, ha precipitado este tipo de enfrentamientos.
Menos conocido es el drama que viven más de un millón de personas que son refugiados en las montañas Nuba, en el sur del Kordofán, en el centro-sur del país, étnica, cultural y políticamente vinculadas a los pueblos del sur no árabes.
En estas montañas de difícil acceso se asientan más de cincuenta diferentes etnias, las que viven aisladas entre sí y donde se hablan más de treinta lenguas.
Esta región ha vivido de manera intermitente conflictos armados contra el gobierno federal, dominado históricamente por la comunidad árabe-musulmana.
Los grupos que llevan asistencia a esas comunidades se han visto obligados a enfrentar los bloqueos del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), una organización fundada en 2011, para luchar durante el gobierno de al-Bashir por la autonomía de la región, habiendo sufrido oleadas de violencia, ataques y desplazamientos forzosos por parte de los gobiernos anteriores.
Desde el principio de la guerra civil, el SPLM-N, por sus pretensiones independentistas y su rechazo a las élites políticas y militares del país, se ha mantenido al margen del conflicto. Aunque en estos últimos meses se conoció que habría establecido una alianza con los paramilitares. Las acciones militares bloquearon las rutas que daban acceso a la región, generando más dificultades a los grupos de ayuda humanitaria.
En 2024, ya la organización internacional Comité de Revisión de Hambrunas, una autoridad mundial en inseguridad alimentaria, había alertado acerca del riesgo de hambruna, tanto en el occidente como en el sector central de las Montañas Nuba. Advirtiendo en esa oportunidad que el 2025 podría ser peor. Lo que se está constatando. En los campamentos de desplazados y en sus hospitales, la falta de alimentos, agua potable y recursos sanitarios y médicos se ha profundizado desde fines del año pasado. Lo que ha obligado a muchos internados a abandonar sus camas en procura de alimento, fuera del hospital.
Los recién llegados, provenientes incluso de fuera de las montañas Nubia, lo hacen en estado calamitoso, hambreados, con infecciones oculares, enfermedades de la piel y respiratorias como neumonía, además en muchos casos con graves desórdenes mentales. El desplazado informa que, a lo largo de los trayectos realizados para llegar a los campamentos, solo tuvieron para alimentarse las hojas de los árboles.
Algunos testimonios indican que la actual hambruna es incluso peor a la que vivió la región en los años ochenta, cuando el gobierno de al-Bashir bombardeaba la región, aunque para muchos la situación se agravara con la inminente temporada de lluvias (junio-septiembre).
El vector keniano
Son cerca de una docena los países que tienen algún tipo de injerencia en el conflicto sudanés, donde de alguna manera están resolviendo algunas cuentas pendientes entre ellos.
Quizás la más escandalosa sea la de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que respaldan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), aunque también es evidente la intervención de Egipto, Turquía y Arabia Saudí, en este caso del lado del ejército.
Mientras que Etiopía respaldaría a los paramilitares, Eritrea los estaría haciendo con el ejército regular. Chad, el país más involucrado en el conflicto, más que por dar apoyo a uno u otro bando, lo es por los entre dos y tres millones de refugiados sudaneses que han ingresado a su territorio desde el inicio del conflicto. Aunque también ha sido acusado de hacer la vista gorda a los aviones que llegan desde abril del 2023 a la pista de aterrizaje en Amdjarass, en el este de Chad, fletados por la UEA, cargados de armamento destinado a las FAR. También Rusia, Turquía e Irán han sido señalados de apoyar diplomática y militarmente al ejército sudanés. Mientras que el juego de los Estados Unidos en el conflicto es mucho más solapado, sin que se conozca fehacientemente a quién está apostado.
En este contexto conocido desde los primeros meses del conflicto, Kenia emerge como un participante reciente. Quien siga los pasos de Nairobi, quizás pueda intuir los Washington.
Fue ampliamente cubierta periodísticamente la visita a principio de año del líder de las FAR, Mohamed Hemetti Dagalo. En su momento, el gobierno del presidente keniano William Ruto, a quien la oposición de su país califica como el verdadero comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, quien en estos momentos sobrelleva un levantamiento popular que ya dejó una veintena de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, justificó la visita del jefe paramilitar sudanés alegando que el objetivo de Kenia era “promover el diálogo y la paz”.
Aunque ya hay fuertes evidencias de que una importante cantidad de municiones para armas pequeñas de fabricación china estarían llegando a poder de los paramilitares vía Kenia.
Se han conocido imágenes de cajas de madera sin etiquetar provenientes de Nairobi, con todo el aspecto de guardar algún tipo de armamento. De lo que el gobierno de Ruto, rápidamente, se deslindó. Kenia no ha informado de haber realizado transferencias internacionales o desvíos de las armas o municiones.
En los recientes combates que se libraron en Jartum, cuando el ejército recuperó la capital después de dos años en posesión de los paramilitares, se encontraron cajas de armamento abandonadas por la FAR, con etiquetas, del “Ministerio de Defensa de Kenia”. Según algunos estudios de geolocalización, los depósitos donde se encontraban esas cajas se ubicaban en el barrio de Salha, al sur de Omdurmán.
Según informa el Servicio de Investigación de Armamento (ARES): “Las marcas de esta caja coinciden con las de otras cajas que hemos visto y que creemos fueron entregadas bajo un contrato keniano”.
Algunos expertos que analizaron las fotografías han constatado que por el número ese lote se habría despachado a Kenia en 2024; aunque se desconoce cuándo fueron entregados a Sudán. Entre el armamento transportado se entiende que habría cartuchos incendiarios perforantes (API) de calibre 57 de ametralladora pesada utilizado por la Unión Soviética y estados signatarios del Pacto de Varsovia.
Se conoce que ese tipo de cartuchos también se ha fabricado en una docena de países, entre ellos China, Egipto, Irak, Polonia y la antigua Checoslovaquia.
En otras cajas, también requisadas y después exhibidas por las FAR, después de la batalla de Jartum, aparecen algunas con las etiquetas en las que alcanzaban a identificarse sellos que rezaban “Direction Générale de la réserve Stratégique de la Présidence… République du Tchad”.
En el presumible involucramiento de Kenia en el conflicto sudanés, posiblemente tenga que ver el préstamo comercial de 1.500 millones de dólares otorgado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en febrero pasado, quizás para convertir al país del cuerno africano en un vector más de esta guerra.
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