José Francisco Bolaños Arquín
El presidente don Carlos Alvarado y la Ministra de Hacienda doña Rocío Aguilar han presentado una propuesta para enfrentar el peligroso y creciente déficit fiscal, que en el 2017 fue del 6.6% del PIB, agregando el 0,4% de las pérdidas del Banco Crédito Agrícola de Cartago y que para este año será superior al 7%. Así las cosas, al finalizar este período presidencial, girará en alrededor del 8,2%, si no toman las medidas necesarias. Ante este panorama, el compromiso es disminuirlo al 3%, que de acuerdo con los entendidos en la materia, es un porcentaje aceptable y perfectamente manejable.
Un problema que inició hace unas dos décadas y que por diferentes motivos, no se tomaron las medidas adecuadas para controlar el crecimiento de los egresos en relación con los ingresos (de enero a mayo de este año, los gastos aumentaron 8,1% y los ingresos 1,7%); situación que al país ha venido optado por el endeudamiento para equilibrar los presupuestos. Ante esta arriesgada coyuntura, la deuda representa el 50% del PIB, unos ₡28.000 mil millones de colones, donde el pago de intereses para este año es de ₡ 1.4 mil millones de colones, un 4% de PIB.
Hace unos días, don Carlos Alvarado invitó a los expresidentes de la República a La Casa Presidencial para conversar sobre diferentes temas y precisamente uno de ellos fue el Déficit Fiscal y les solicitó su apoyo para buscar una solución viable y consensuada. He visto en redes sociales aceptación y rechazo a esta iniciativa; sin embargo, nos encontramos en un momento donde se requiere de un verdadero y sincero acuerdo nacional, donde estén presentes todos los sectores, el Gobierno y la Asamblea Legislativa para solucionar los graves problemas que enfrenta nuestro país.
Se debe tener presente, que los expresidentes cuentan con gran experiencia, relacionados con organismos internacionales, con gobiernos amigos y sus partidos políticos vigentes, tienen una fuerte representación y con los votos necesarios para lograr acuerdos y aprobar leyes en la Asamblea Legislativa.
La propuesta presentada por la actual administración para disminuir los gastos, merece un gran reconocimiento y denota una buena intención que aunado al Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas presentado por el anterior Gobierno a la corriente Legislativa, donde se transforma el impuesto de ventas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), obligando a pagar el tributo del 13% a los servicios; situación que afectará más a los sectores más vulnerables.
Los ingresos con ambas proposiciones crecerán en alrededor a un 1.4% del PIB, cantidad importante pero insuficiente ante gastos crecientes y que de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, la mayoría de las actividades económicas se están desacelerando, lo que podría generar un mayor desempleo.
Para lograr mayor efectividad con este esfuerzo para disminuir el déficit fiscal, es necesario la restructuración y modernización del entrabado y poco ágil estado costarricense, donde prevalecen los trámites lentos, engorrosos y una marcada duplicidad de funciones, con el fin de mejorar y controlar la calidad del gasto público.
El 22 de noviembre del 2012 en el periódico La Nación, publiqué el artículo “Auditorias administrativas en instituciones públicas”. Son una valiosa herramienta de control, poco utilizadas en las empresas públicas, que permite detectar o anticiparse a problemas dentro de la organización y así buscar su solución inmediata. Se debe tener presente que la mayoría de las anomalías detectadas en el uso de los recursos financieros y lentitud en los servicios, son principalmente producto de una mala gestión administrativa y ausencia de un control interno efectivo.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión y la elusión fiscal es de 4,6% del PIB (estudio presentado recientemente por el Fondo Monetario Internacional) y no del 8,2%, datos que manejaba la anterior administración, porcentaje menor pero muy importante y que requiere atención inmediata.
También, debe ser objeto de análisis las exoneraciones y las transferencias del Gobierno Central a los demás entes estatales que representan un 5% del y un 9,6% PIB respectivamente, por lo cual deben tomarse acciones en el corto y mediano plazo con el propósito de generar mayores ingresos y una disminución de egresos.
Hay que regular las desproporcionadas pensiones de lujo, los altos y desmedidos salarios en las instituciones públicas, los pluses abusivos, viáticos, viajes al exterior, consultorías, entre otras medidas.
Como se puede observar, nuestro país cuenta con las opciones para lograr un presupuesto más equilibrado, pero solo se logrará con un fuerte liderazgo, decisión y el apoyo de todos los ciudadanos.
Estamos a tiempo para tomar las decisiones pertinentes y no enfrentar en poco tiempo, una grave crisis que pondría en peligro nuestra estabilidad económica, política y social.
– Administrador de Negocios