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Pizarrón
Vladimir de la Cruz
vladimirdelacruz@hotmail.com
Recuerdo los primeros años de la década de 1960, cuando en Guadalupe, por el aumento de 0.5 céntimos de colon, de 20 a 25 céntimos, la protesta popular fue tan grande que quemaron autobuses.
Los autobuseros ha sido un gremio privilegiado y amparado por gobiernos, autoridades municipales y diputados.
La ley dice que no pueden tener buses de más de 15 años y debe cumplirse. Ellos lo saben y han tenido tiempo, con su lucrativo negocio, de sustituir, en tiempo y a tiempo, esas unidades. Esto está ligado también a un aspecto, para mí corrupto, de permitir que unidades de transporte se compren sin que sean totalmente nuevas, en el marco del plazo de tiempo, que pueden importar buses de segunda o usados.
Los mismos autobuseros reconocen que tienen más de 300 unidades viejas que podrían dejar de funcionar de aplicarse la ley. No son 300 unidades viejas que envejecieron de la noche a la mañana. De estas más de 100 ya superaron esa vida útil y siguen trabajando sin control público institucional y en carreteras. Algo de esto se ha evidenciado por los incendios que se han provocado en algunas unidades, hasta hoy dichosamente sin saldo graves de vidas humanas. Por esta situación el Consejo de Transporte Público desde mediados del año pasado había autorizado a los autobuseros que trabajaran con un tercio menos de la flota, lo cual perjudica enormemente al público y a los usuarios del transporte público, sin que eso fuera compensado, por ejemplo, con poner a trabajar todo el día desde las 5 a.m hasta las 9 p.m el servicio de trenes, por lo menos, desde Cartago hasta Alajuela. Este servicio no se pone a funcionar de esta manera, y con suficientes vagones, por presión de los mismos autobuseros, y la posible “corrupción” que puede moverse en ese sentido.
El entonces diputado, Erwen Masis, en el 202i había propuesto extender el plazo de los autobuses viejos y desactualizados por 5 años más. Salió premiado con esa propuesta cuando el actual Gobierno lo nombró representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana.
Hace algunos años llegando a México había sucedido un accidente con un autobús donde todas las personas murieron, a causa de la velocidad que llevaba, lo que era frecuenten esa empresa, al punto que el humor mexicano decía que el lema de esa empresa era “Primero muertos, qué tarde”. El ingenio costarricense debería empezar a funcionar para ver cómo nos referimos a estas empresas que no quieren renovar sus unidades.
Los marchamos y las revisiones técnicas de Riteve y de quienes, y los seguros del Instituto Nacional de Seguros que tienen que asegurar estas unidades, frente accidentes, saben perfectamente cuál es la fecha o edad de esas unidades, que siguen alcahueteando, por lo que no es de recibo que se venga a decir que no hay los suficientes inspectores para precisar estos datos. La edad de las unidades en esos exámenes y revisiones sería suficiente para sacarlas de circulación, así como sacan de circulación a muchos autos de personas por cosas menores que las que tienen estos autobuses que ponen en peligro la vida de más personas. Tampoco hay suficientes inspectores en el Ministerio de Trabajo y en la Caja del Seguro Social para atender las violaciones laborales como las que hemos visto recientemente en los establecimientos SYR, donde también están comprometidas las Municipalidades y sus agentes de inspección y control, como ha quedado evidenciado.
La ley dice que deben poner entradas especiales para discapacitados y no lo cumplen, e igual que ahora, siempre han movido la fecha del cumplimiento de estas entradas a los buses con la complicidad de todo tipo de autoridades, incluidas las del Tránsito y de Obras Públicas. En este sentido un empresario reclamó como un error que se metiera en la ley el tema que protege a los discapacitados.
La ley ha señalado el establecimiento de los tiquetes y pagos electrónicos y no se ha cumplido.
La ley ha establecido que las personas de la tercer edad y adultos mayores no se les debe cobrar, y constantemente hay quejas de que eso no se cumple o que no “levantan” pasajeros “viejos”.
La ley les ha permitido tener un representante en el Consejo de Transporte Público, desde donde empoderándose de ese organismo están amenazando a todo el país y todo el pueblo de no brindar ese servicio. Error garrafal que existe en el país que a este tipo de gremios los coloquen en organismos que deben ser técnicos políticamente y no técnicos al servicio de dueños de autobuses. Así pasa con otros organismos del Estado. Han usado las mismas instalaciones del Ministerio de Obras Públicas para amenazar al país y al actual Gobierno.
Ahora los autobuseros amenazan entrar a “paro técnico” el primero de enero, dentro de una semana prácticamente, casi como regalo de navidad o de Día de Reyes, de no aprobarse la extensión del permiso de usar unidades viejas, de más de quince años.
El Gobierno debe comprarse esta bronca, debe hacer cumplir la ley y si los autobuseros se mantienen al margen de la ley, debe proceder a los procesos administrativos que cancelen sus concesiones y permisos.
A la par de esto en situación de emergencia debe autorizar a otros autobuseros, aunque sea con unidades pequeñas, a que operen en el transporte de personas, en las mismas líneas de las concesiones, porque parte del negocio es que esas líneas se adjudican de manera monopólica para su explotación. Pongan a funcionar la libertad de empresa de transportistas esas líneas. Pongan a funcionar los controles de Revisión Técnica, del Marchamo, del Instituto Nacional de Seguros y de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las autoridades de Tránsito para sacar de circulación las unidades que se pasan de los 15 años.
