¿Se nos va Costa Rica de las manos?

Progresemos

Carlos Manuel Echeverría Esquivel

Carlos Manuel Echeverría

Acabo de pagar aproximadamente US$1,200 (698,000 colones) en marchamos por tres carros de la familia. En El Salvador, país en el que viví hasta hace 3 meses, el año pasado pagué US$85 por el más caro que es un Qashqai 2000cc 2015. A continuación explico cómo interpreto esa situación.

El precio en El Salvador es a mi juicio demasiado bajo y responde a problemas estructurales de una sociedad donde el sesgo es hacia favorecer a los que tienen algo, aunque sea un carro. En Costa Rica, el problema es más complejo.

En economía se habla de demanda inelástica cuando, los que exhiben la propiedad o el uso de un bien o servicio, están dispuestos a pagar por él lo que se les demande. El marchamo es un bien típico de demanda inelástica, lo que es estimulado cuando no hay competencia, porque para el caso, el Gobierno tiene el monopolio de la emisión de aquel.

Con la complicidad del Congreso en ciclos anteriores, el gobierno ha encontrado en el costo del marchamo, la forma de imponernos precios exageradamente altos, porque sabe que los vamos a pagar, pues de lo contrario tendríamos que guardar, usar mucho menos o vender el carro. Es una forma de “sacarnos plata” para mantener el aparato estatal, en este caso inflando los precios.

Lo anterior no sería problemático si el Estado fuera como el sueco, que le devuelve a los ciudadanos lo que han pagado en tributos de diferente tipo, con creces por la vía de obras y servicios de excelente calidad.

La viabilidad de nuestro país depende de la capacidad de producir bienes y servicios competitivamente, pues si no es así, no podemos conseguir las divisas para comprar los bienes y servicios intermedios o finales que necesitamos en nuestro cotidiano vivir y proporcionar los puestos de trabajo productivo, para sustentar el progreso material y espiritual.

Por experimentar con modelos sin sustento en la práctica como el mal llamado Consenso de Washington de corte neo liberal, perdimos el rumbo que traíamos con el modelo que don Pepe visualizó con su equipo en tiempos en que tenía pleno poder y que adobó con la herencia de la agenda social que nos heredó el Dr. Calderón Guardia, junto con la Iglesia Católica y las fuerzas de izquierda. Del neo liberalismo rescato la idea de la disciplina monetaria y fiscal, pero condimentada con política “keynesiana” adecuada Por supuesto que reconozco la necesidad de contar con un aparato estatal vigoroso, anatema de los neoliberales y acepto con entusiasmo un mercado para la toma de decisiones productivas y de consumo, donde la oferta y demanda determinen los precios. Mercado regulado por supuesto, en atención a sus imperfecciones que conducen a crear monopolios, oligopolios, monopsonios u oligopsonios. No debemos cansarnos de recordar estas realidades del neoliberalismo, para que nunca regrese. Se los dice un liberal político de cepa, creyente en el mercado regulado, la emprendeduría y la empresa privada, como derecho inalienable del Ser Humano y mejor forma de producir, salvo en situaciones donde conviene que el intervenga.

El modelo de don Pepe, que siempre reconoció el papel primario en la producción de riqueza del empresario y el emprendedor en sus diferentes dimensiones, creó un esquema de economía mixta que todavía podría estar dando resultando si lo hubiéramos “chineado” más. Incluía un sector público dinámico e inclusivo, promotor de desarrollo y facilitador de la producción y el consumo, en forma mucha más justa que como es en estos tiempos en que en el llamado Coeficiente o Índice de Gini, se ha ensanchado notable y peligrosamente. El tema Gini requiere la mayor atención, más aún con la experiencia de estos tiempos en América Latina.

Se dejó de pensar en la evolución periódica del aparato estatal y el Estado en su totalidad, práctica necesaria y cuyo ejercicio debería generar un reacomodo periódico del Estado a nuevas realidades internas y externas. Hoy en día tenemos sin duda en aparato estatal ampuloso y posiblemente un desbalance entre los diferentes sectores de la economía, el primario, el secundario y el terceario o de servicios, con un sesgo anti actividades tradicionales estratégicas.

Desde hace varios gobiernos, ni quien ejerce la Presidencia, ni sus ministros, implementan la Ley General de la Administración Pública, con la sabiduría y fuerza requerida; esa ley es la que hace posible que el gobernante pueda ejercer su papel, especialmente en lo que respecta al control y gestión de las empresas públicas autónomas (EPA).

En el caso de las EPA, una mal entendida autonomía se aplica a la gestión de las empresas, que no se enmarca y sigue como debe, los lineamientos de política estatal que emanan de la Presidencia de la República por medio de las llamadas directrices políticas. Desde hace varios lustros, ni de la Presidencia emana el caudal necesario de directrices de política y de calidad, ni las instancias autónomas las asumen cuando se dan, con la rigurosidad requerida.

Las universidades del Estado también han mal entendido su singular y necesaria autonomía; han abusado de ella. Se comportan, igual a como algunos magistrados judiciales supremos, como si los problemas socio económicos del país no fueran con ellos.

La mencionada legislación establece sanciones que pueden llegar hasta el despido y la acusación penal para quien en un cargo de dirección institucional incumpla una directriz, salvo que pruebe que ésta es ilegal. Ello genera un clima de funcionamiento del aparato estatal desordenado y poco sistémico con consecuencias nefastas para la sociedad y sus actividades, generador de ineficiencias e ineficacias que al final se traducen en mal uso de los recursos y pérdidas que al ciudadano le toca asumir. A veces da la sensación de que la burocracia inventa trámites innecesarios para justificar su existencia.

Esas pérdidas lo más posible es que se traten de recuperar por medio de aumento de tarifas, lo que a menudo genera caída en la competitividad y situaciones indeseables en menoscabo del empleo productivo y la inversión. Esta afirmación se ejemplifica, con el reciente caso de la empresa VICESA, que se lleva parte importante de su producción a Guatemala; estamos perdiendo puestos de trabajo y como productores, el tener la fabricación del vidrio multi propósito en Costa Rica.

Otro problema es que en Costa Rica nadie se hace responsable de las “tortas”, en planificación, selección de rutas para implementar proyectos, así como tiempos y calidades de implementación de aquellos. Dónde “Fuenteovejuna” es responsable, el interés en el buen costeo se pierde y al final termina pagándolo el ciudadano. El ICE es el caso más relevante, aunque el indeseable esquema se reproduce repetidamente.

Así mismo, la tramitología innecesaria alienta la corrupción y como en Costa Rica es relativamente fácil evadir la justicia y atrasarla, se marca el camino que puede llevar hasta a los funcionarios mejor intencionados a caer en aquella.

Vemos en los dos últimos casos situaciones también relacionadas con la pobre aplicación de la Ley General de la Administración Pública y una carencia de valores éticos y morales deseables en toda la ciudadanía, pero especialmente en quienes gestionan bienes públicos. Igualmente, esta misma situación nos ha llevado a la implantación solapada de regímenes salariales y de pensiones, inadecuados en cualquier lugar del mundo e infinanciables, a lo que no escapa el régimen municipal. Loas a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República, por los logros alcanzados al respecto, en una lucha correctiva que apenas comienza.

No es de recibo el pretender, como lo han hecho la gente de las Universidades, el Poder Judicial, las municipalidades, las entidades autónomas y hasta los gremios que se fijan ellos mismos las tarifas por sus servicios, el hacer fortuna como si fueran empresarios. Para ganarse un salario o una pensión de 15 mil dólares al mes con todo y aguinaldo, se requiere un capital de 3.9 millones de US$ invertido al 5% anual. Todos al IVM y sin derechos adquiridos, pues se están poniendo en juego los derechos de las grandes mayorías sacrificadas, que son los que constitucionalmente deben prevalecer.

Por razones como las apuntadas y algunas de mucha monta como la del peso creciente del aparato estatal no tan efectivo como debemos esperar, en la economía nacional vis a vis los sectores productivos, es que se hace necesario, no tirar el carro al guindo, sino hacerle un “overjol”. Necesitamos un aparato estatal más sistémico, más ágil, menos grasoso, más musculoso, de gente motivada y dispuesto a los cambios modernizantes, que reduzca la tramitología innecesaria; que entienda lo crítico que es su apoyo para la competitividad empresarial, que abandone esa idea de que el ciudadano tiene que probar que es probo de antemano. Una de las razones por las que la pobreza no se reduce del 21-22% es el que cerca de un 80% aproximadamente, se ha dicho, de los fondos asignados para combatirla, asistencial y generadora de oportunidades, se queda en burocracia.

Nuestro aparato estatal dejó de tender hacía la inclusividad y ahora tiende hacia la extractividad. La historia demuestra que países con instituciones sólidas que promueven la inclusividad, pueden virarse a la extractividad y con ello “irse el país de la manos”. Actualmente nos sale más caro que lo que la pequeña economía de nuestro país aguanta. Entiendo que solamente las pensiones de lujo son el 2% del PIB anual. La experiencia histórica señala que aún países con sólida institucionalidad como el nuestro, tienen que estar evolucionando hacia niveles superiores.

Innecesariamente, lo que sucedió en Chile puede suceder en Costa Rica, que estaría en condiciones más precarias para re establecer el orden y evitar la destrucción irracional, de infraestructura productiva y social; ni el Teatro Nacional estaría a salvo.

El sector privado debe poner su “barba en remojo”; cumplir puntual y correctamente con sus obligaciones tributarias, exponer las situaciones que deben resolverse para mejorar su competitividad, comprometerse con el país y con la sociedad a facilitar el cambio tomando en cuenta los aspectos sociales y ambientales, hacia la ineludible “cuarta revolución industrial”.

El Congreso está siendo valiente y cumpliendo con legislar lo que conviene para estabilizar el país y que no continúe el deterioro de las finanzas públicas y la agudización inconstitucional de las diferencias de ingreso, consumo y clase social, al interior del aparato estatal. Debe continuar nuestro valeroso Congreso actual, la legislación desmanteladora de tanto privilegio, promotora a su vez, de una mejor gestión de un aparato estatal más ágil, dinámico y sencillo, lo que pasa por reestablecer la autoridad y la rendición de cuentas con sanción o premio legítimo no permanente, según corresponda.

Fundamentalmente hace falta para que Costa Rica no se nos vaya de las manos, una refundación del estado costarricense, partiendo de aparato estatal, pero yendo más allá. Un emprendimiento en el que los diferentes sectores relevantes de la vida nacional deben comprometerse y participar en el proceso activamente: sectores privados grandes, medianos, pequeños y micro, así como el cooperativismo, como modalidad empresarial; sindicatos y el solidarismo; todos por la vía de sus cúpulas nacionales reconocidas, para que los compromisos valgan. Los consejos de desarrollo regional que estén activos, deberían participar, así como los partidos políticos entre otros. Necesitamos sectores productivos comprometidos con el bienestar social, sectores laborales comprometidos con la productividad y competitividad macro y microeconómica y todos con el buen manejo del entorno ambiental.

Pongamos la democracia a funcionar a nuestro favor, comprometiéndose las partes con un proyecto nacional “a la costarricense”, estratégico, de nación, que trascienda los vaivenes políticos propios de aquella…tan maltratada que la hemos tenido. Relancemos Costa Rica sin perder de vista aquella famosa frase del Libertador don Simón Bolívar, hoy tan inapropiadamente referido en algunas latitudes: “Moral y luces, nuestras primeras necesidades”; ética y moral, educación más allá de la capacitación, para desarrollar el Capital Humano.

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– Exviceministro de Planificación.


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