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Octubre 3, 2022
Por Democracia Abierta
SAN JOSÉ (IPS) – El jueves 15 de septiembre, el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” denunció que dos ciudadanas, madre e hija, de doble nacionalidad nicaragüense y francesa fueron detenidas de forma ilegal mientras buscaban al esposo de una y padre de otra, Alberto Álvarez, opositor al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Con estas nuevas capturas la profunda crisis sociopolítica en Nicaragua parece ahondarse cada vez más. “Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, fueron detenidas a altas horas de la noche y trasladadas a la Dirección Nacional de Auxilio Judicial, El Chipote”, declaró el abogado del Colectivo, Gonzalo Carrión, en declaraciones telemáticas a medios de comunicación.
Según la denuncia, la policía buscaba a Álvarez, quien huyó al exilio y solicitó protección internacional. Al no encontrarlo en su domicilio, detuvieron a su esposa e hija. Estas detenciones muestran la profundicación de represión sobre la sociedad civil que el gobierno Ortega viene aplicando: amenazar y encarcelar a familiares de opositores.
Periodistas silenciados
Un ejemplo es el de la hija del periodista Juan Lorenzo Holmann, gerente general del Diario La Prensa, quien está en el exilio desde que capturaron a su padre, quien permanece en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) desde agosto de 202. Holmann fue acusado del delito de lavado de dinero (el más común que el gobierno aplica a los opositores) en marzo de 2022.
En el marco del 77 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Renata Holmann aseguró que teme por su vida y que, además teme por la vida de sus otros familiares que viven en Nicaragua ya que es común que amigos y familia de los opositores capturados sean perseguidos, hostigados o apresados también.
Para los presos cuyas familias siguen en el país la situación es dolorosa: ninguno ha podido recibir visitas de sus esposas e hijos. Solo les queda enviar mensajes a través de las redes sociales, ya que hay algunos que llevan un año o más tiempo detenidos e incomunicados.
El miedo es tan grande, que los periodistas nicaragüenses exiliados (más de un centenar) prefieren no firmar sus artículos, o firman bajo seudónimos para evitar poner en peligro a sus seres queridos que siguen en el país.
Este tipo de prácticas demuestran que el país vive bajo una represión autocrática cada vez más dura, en la que prima el miedo.
CNN bajo ataque
El miércoles 21 de septiembre el Gobierno de Nicaragua decidió retirar del aire la señal de CNN en Español. En un comunicado, la cadena aseguró que seguirá cumpliendo su responsabilidad con el público a través de su portal web.
La acción representa otra arremetida de Ortega contra la libertad de prensa; ya profundamente socavada.
Hasta el momento, el gobierno no ha dado explicaciones sobre su decisión de retirar la cadena del aire. En las redes sociales de CNN en Español los comentarios ante la noticia fueron que supera la situación de Venezuela, país donde los medios han sido reprimidos y hostigados por Nicolás Maduro, pero sin llegar al nivel de Daniel Ortega.
Ni la iglesia se salva
Otro blanco común de Ortega y su gobierno es la iglesia católica. Varios curas y monjas han tenido que exiliarse por la persecución del gobierno. El caso más reciente es el del obispo Rolando Álvarez a quien la Policía allanó su casa y lo puso bajo arresto domiciliario.
Las autoridades acusan a la Diócesis de Matagalpa, que dirige el obispo Rolando Álvarez, de “incitar al odio” para desestabilizar el país, y abrieron una investigación contra lo que consideró “actos delictivos”.
La investigación fue anunciada horas después de que la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, dejara entrever que las críticas del obispo podían considerarse un “delito”.
Detenciones como la de Álvarez crean zozobra y dejan clara la relevancia de Murillo, quien cada vez más representa el poder detrás del poder en Nicaragua.
Desde 2018 el país centroamericano vive una crisis política que ha visto la oposición suprimida y que dejó al menos 355 muertos en su primer año, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El panorama se agravó en noviembre de 2021 con los comicios fraudulentos en los que Ortega y su esposa fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
La situación empeora cada día en Nicaragua. Con la represión del gobierno en aumento, queda trabajar junto a las organizaciones internacionales y guardar la esperanza de que, aunque Ortega y Murillo traten de detener a quien sea que se les oponga, no logren silenciar del todo al periodismo, la democracia y la libertad que están siendo atacadas en Centroamérica.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa DemocraciaAbierta.
RV: EG
