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Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
Con las anteriores afirmaciones, el modelo de desarrollo social y económico formado desde la década de los años 40 del siglo pasado, tuvo su base en las reformas sociales impulsadas por el expresidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) con influencia en las Encíclicas Papales y el pensamiento del social cristianismo; luego se formó el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, el Grupo de Acción Demócrata, y a partir de 1945 se fundó el Partido Social Demócrata, seguidores del pensamiento social demócrata de gran influencia en la segunda mitad del siglo XX, y a partir de 1951 se fundó el Partido Liberación Nacional (PLN) seguidor de esta doctrina. La formación del Estado costarricense actual y sus instituciones es producto de las fuerzas políticas constituidas por el PLN y la oposición a éste alrededor de fuerzas políticas seguidoras del pensamiento demócrata cristiano, con diferentes denominaciones, que aglutinó a grupos más conservadores.
La institucionalidad sólida, obras e infraestructura de la Costa Rica actual es producto de los gobiernos de ambas fuerzas políticas que conformaron el “bipartidismo”, que comienza a romperse a partir de las elecciones del año 2002, hasta culminar con el triunfo del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el período de los 8 años (2014-2018 y 2018-2022). Ahora triunfó en las elecciones nacionales del 2022 un nuevo partido político recién fundado en el 2018 el Partido Progreso Social Democrático, llevando a la Presidencia al Dr. Rodrigo Chaves Robles que durante alrededor de 30 años fue funcionario de alto nivel en el Banco Mundial y que se constituyó en un “outsider”; siendo nuevo en la política tradicional costarricense, y que el pueblo una vez apostó por un cambio eligiendo “lo no tradicional” dentro de la democracia de partidos políticos del país.
Costa Rica se caracteriza por seguir un centro democrático, con respeto a los principios y valores que son parte esencial del Estado Social de Derecho, con una fuerte división de los Poderes Públicos, de los cuales cada uno tiene sus disposiciones y competencias otorgadas por la Constitución Política (Leer un artículo mío anterior sobre el Centro Democrático); no obstante en las últimas décadas la democracia ha venido “echando aguas”; y que la sólida institucionalidad no responde en su totalidad a las exigencias y necesidades del pueblo costarricense, ha aumentado la desigualdad, la discriminación, y el sistema de partidos políticos viene perdiendo credibilidad e identidad. La irrupción de las redes sociales ha incrementado la opinión pública, la inmediatez, la información y comunicación han cambiado sustancialmente; antes teníamos prácticamente que ir a comprar un periódico para informarnos; y teníamos que creer lo que estos informaban.
Hoy abundan los diarios de información alternativos, muchos digitales y otros se siguen imprimiendo en periódicos, abundan los medios de prensa, de opinión y análisis político tanto en la radio, televisión y redes sociales etc.; por lo que no existe “una monopolización de la información”, sino que al existir más fuentes; los ciudadanos tienen mayor acceso a una información veraz y objetiva y sacar “sus propias conclusiones”. Nuestro país goza de una casi absoluta libertad de expresión y comunicación, donde cada persona puede escribir lo que piensa mediante las redes sociales, y se ve un intercambio constante de opiniones que pueden ser complementarias o contradictorias, y de ahí lograr llevar a la verdad real de los hechos o de una línea de pensamiento en una dirección política, social y económica.
Nuestra realidad costarricense aparte de las bases social demócratas y social cristianas, tiene gran influencia el liberalismo; “Según el principio político del liberalismo, todos los hombres nacen iguales y libres, por tanto el derecho de ejercer el poder político y de fijar sus metas y límites correspondía, exclusivamente, a la comunidad. Ningún poder político debe ser absoluto. Debe someterse a reglamentos y leyes, los cuales deben provenir de los mismos individuos sometidos a ese poder. De allí surge el llamado por una constitución política y por el control parlamentario del poder político, en el cual el ciudadano debe participar independientemente de su origen social. El poder político, justificado por la voluntad de quienes se someten a él, no debe jamás violar los derechos originales de éstos.
A partir de entonces, los derechos humanos y cívicos no derogables se han considerado como esencia de cualquier constitución liberal. La libertad personal, la codeterminación política, la seguridad jurídica y la predictibilidad de la acción política eran los fundamentos del Estado liberal constitucional. En el orden económico, el liberalismo dedujo de sus principios fundamentales un sistema caracterizado por absoluta libertad industrial y de propiedad. Todos podían desenvolverse económicamente según sus propios intereses, sin intervención o restricción estatal o social. La libertad de disposición de la propiedad, condición previa de este sistema, se consideraba, en el liberalismo, como derecho humano natural. En un sistema económico de libertad industrial ilimitada, la libre competencia es el único recurso de coordinación de todas las decisiones particulares.” (El Socialismo Democrático 36 tesis, F.Ebert Stiftung, Thomas Meyer)
El expresidente Daniel Oduber Quirós (1974-1978) afirmaba: “Después de la experiencia de 45 años en la vida política, y de la reflexión que imponen el analizar dicha experiencia, llegué a la conclusión de que los partidos políticos serán los responsables de lo que le pase a nuestro sistema democrático.” (Raíces del PLN. D. Oduber, pág.323) Estas palabras de Oduber Quirós, hoy son más vigentes que nunca; los problemas y soluciones se dan dentro de una sólida democracia; y el pueblo exige acciones y decisiones a los grandes retos y desafíos. Dentro del sistema debemos analizar si muchas instituciones públicas realmente están sirviendo a los fines y objetivos para las cuales fueron creadas. Los estudios del Programa del Estado de la Nación en todos sus ámbitos; son una buena base de análisis, para partir de ahí y tomar las decisiones trascendentales; no se trata de seguir con lo mismo, gastando los “fondos públicos”; con lo tradicional, o no hacer nada para no echarse encima ningún problema.
Finalmente, aquí llego con esta primera entrega de varias; con el fin de poder analizar nuestra realidad actual de un Estado democrático, que vale la pena reformar, modernizar, ponerlo acorde a los nuevos tiempos en este siglo XXI; dentro de un mundo globalizado, interdependiente, multipolar, de lograr tener acceso a múltiples oportunidades y que Costa Rica puede sacar mucho provecho, por su solidez institucional, el respeto a los Derechos Humanos, a la institucionalidad pública, al Estado Social de Derecho, con el fortalecimiento de la educación y la cultura en la era del conocimiento, de las nuevas tecnologías, redes sociales, con un Estado realmente al servicio de los ciudadanos, que son el soberano, lograr que el financiamiento esté al servicio de los emprendedores, de los que deseen iniciar una pequeña o mediana o grande empresa, la oportunidad de acceder a estudiar en centros educativos sin discriminaciones; lograr bajar la brecha de la desigualdad existente, así como los índices de pobreza en varios estamentos de nuestra sociedad; en fin una sociedad de mayor justicia, igualdad y solidaridad.
