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La falsa elección que empobrece a Costa Rica
Welmer Ramos González
Sin embargo, esa mejora no se ha logrado por una falta de gestión y modernización en el Ministerio de Hacienda. La administración tributaria sigue utilizando métodos obsoletos, carece de herramientas tecnológicas avanzadas y no dispone de un sistema efectivo de evaluación del desempeño de su personal. Además, el país desaprovecha los acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal que permitirían detectar evasión y elusión. A esto se suma que el proyecto de modernización conocido como Hacienda Digital ha mostrado serios problemas de ejecución que amenazan con ser un fracaso de US$150 millones, según la propia Contraloría General de la República. Sumémosle a lo anterior, un hackeo de datos de deudas tributarias irresoluto y en la nebulosa del “olvido”.
El resultado es una gestión tributaria débil, incapaz de fiscalizar adecuadamente a los grandes contribuyentes. Cada año se reporta en la prensa que decenas de grandes empresas declaran pérdidas o utilidades en cero, algo difícil de creer en una economía donde la producción crece con dinamismo. Expertos tributarios señalan que estas empresas pagan lo que quieren y cuando quieren, porque la administración no tiene los medios para vigilarlas ni sancionarlas eficazmente.
Frente a esa inacción, los últimos gobiernos han optado por un camino más fácil: recortar los gastos sociales en lugar de cobrar lo que corresponde. Se han reducido los presupuestos para comedores escolares, hogares de ancianos, pensiones no contributivas, los aportes a la CCSS, entre otros, mientras se mantienen pagos excesivos por intereses de la deuda y sobreprecios en compras estatales. En otras palabras, se ajusta el cinturón de los más pobres para no incomodar a quienes más tienen.
A esta injusticia se suma una decisión política de graves consecuencias: la Ley N.° 10.381, aprobada con el pretexto de sacar al país de la lista gris de la Unión Europea, abrió portillos que permiten a ciertos capitales operar desde Costa Rica y tributar como si sus ingresos fueran extranjeros. Esto significa que pueden deducir gastos aquí, pero no pagar impuestos por sus ganancias. A la vez, se han divulgados casos de deterioro de la base tributaria al permitírsele a empresas que se trasladen a regímenes exonerados de manera total o parcial. Así, mientras la producción nacional crece, la recaudación de los grandes contribuyentes cae, y son los asalariados, las pymes y los trabajadores por cuenta propia quienes sostienen el Estado.
Las cifras fiscales demuestran con claridad que los verdaderos grandes contribuyentes del país son las pymes, los trabajadores por cuenta propia, los asalariados y los productores que abastecen el mercado nacional. Son ellos quienes pagan sus impuestos dentro del régimen definitivo, sin los privilegios de regímenes especiales, sin desviar utilidades a paraísos fiscales ni recurrir a maniobras contables. Además, no es cierto que Costa Rica tenga una carga tributaria alta; por el contrario, es baja en comparación con los países de la OCDE. Los impuestos son el principal medio para financiar la educación, la salud, la infraestructura, las instituciones democráticas y la solidaridad social. No cobrarle a quienes más se benefician del Estado es fomentar el parasitismo económico y la injusticia social.
El país también ha perdido el rumbo en materia productiva. No existe una política de desarrollo articulada que aproveche los encadenamientos de las empresas exportadoras ni una estrategia sólida de apoyo a las pymes que generan empleo local y pagan impuestos. Peor aún, se promueven tratados comerciales que ponen en riesgo a los productores nacionales de arroz, papa, cebolla y hortalizas y las Pymes en general, sin aportar beneficios reales a la economía nacional.
Si no se reactiva la economía interna, la que produce, genera empleo y paga tributos en las comunidades y al Estado, las finanzas públicas seguirán deteriorándose. Y con ellas, el Estado solidario que ha sostenido a Costa Rica por décadas. Destruir lo público es fácil; reconstruir la confianza y la justicia social es mucho más difícil, pero urgente.
Recursos hay. Lo que falta es decisión para cobrarlos justamente, combatir los abusos y administrar con eficiencia. Cada colón que el Estado deja de recaudar o paga de más por negligencia se traduce en menos oportunidades, más desigualdad y mayor tensión social. Un país que no cobra lo que le corresponde, ni gasta con prudencia, termina renunciando a su propio futuro.
– Economista
