¿Privatizar el espectro radioeléctrico?

Santiago García Gagodeja

Contra las falacias de la desregulacion del sector de las telecomunicaciones.

Hace unos días recibimos el comentario de un lector sobre un artículo que escribimos hace un tiempo en el que nos preguntábamos de quién era el espectro radioeléctrico. Él nos recomendaba, a su vez, un artículo de la Mises Institute, una organización que defiende las tesis económicas más liberales. De hecho, sus fundadores fueron unos de los principales autores de las tesis que alimentaron al neoliberalismo. Puedes leer quién fue Ludwig von Mises, aquí.

El artículo cuestiona que la administración del espectro radioeléctrico sea pública y reclama que, ante la demanda de servicios wireless, “la privatización a gran escala de este recurso es esencial”. Su autor cree que la propiedad pública del espectro se presta a tanto a la “tragedia de los comunes”[1] como a corruptelas políticas. En esta última parte podemos coincidir. En América Latina las frecuencias han sido moneda de cambios de congresistas y senadores por favores recibidos. Pero que las regulaciones no se apliquen correctamente no significa que haya que eliminarlas, sino desarrollar mecanismos de transparencia para su justa aplicación.

Y esto no implica oponerse por principio a que las empresas privadas puedan explotar frecuencias de radio y televisión, todo lo contrario. A lo que nos oponemos es a que acaparen todo el espectro valiéndose de regulaciones diseñadas a su medida y excluyendo a otros sectores como el público y el comunitario.

El problema es que la liberalización del sector de las telecomunicaciones, pensada inicialmente para romper con el monopolio de los Estados, no garantiza necesariamente la distribución de la propiedad para la explotación de las frecuencias. La idea de “desregulación” propone que, cuánto menos se entrometa el Estado en un sector tan dinámico como las telecomunicaciones, mejor funcionará ya que se autoregula con la “mano invisible del mercado” que, supuestamente, fomenta la competencia, el crecimiento empresarial, diversifica la oferta y baja los precios. Pero es una falacia: lo que se llama “desregulación”, por lo general, es un complejo entramado regulatorio que favorece la explotación comercial, la concentración de la propiedad y amplios márgenes de ganancia. El libre mercado no existe, y los hechos lo demuestran.

Esa “ausencia del Estado” se han gestado enormes monopolios en el sector de las telecomunicaciones. Pasó con el telégrafo. En Estados Unidos, tras unos años con cientos de empresas de telegrafía, seis de ellas acordaron dividirse el país comprando a sus competidoras. Pocos años después, una de ellas –la Western Union– adquiría a sus rivales llegando a controlar el 80% de los telegramas del país. Pasó también con el teléfono. Tras la liberación de la patente aparecieron diversas empresas que fueron asfixiadas por la poderosa AT&T (American Telephone and Telegraph Company). La misma Asociación Nacional de Centrales Telefónicas Independientes reclamaba en 1910 la intervención del Gobierno para que las protegiera de los “métodos de lucha indignos, ilegales y perjudiciales para el bienestar general» [2] con los que operaba la AT&T . El poder de esta compañía se mantiene hasta el día de hoy siendo uno de los 4 principales conglomerados de medios del mundo, dueña de: DirectTV y WarnerMedia, controlando Times y CNN, Warner Bros, Cartoon Network, TNT o HBO, entre otras [3].

Y nos fijamos en Estados Unidos, porque esta tendencia privatizadora es la que se exportó hacia América Latina. Ciertamente, con la radiodifusión no se llegó a monopolios de esta magnitud, pero la mayor parte de las frecuencias están en manos privadas en América Latina y son pocas las empresas que concentran la propiedad actuando como oligopolios [4] con las consecunecias que esto tiene para la democracia: “la concentración y centralización creciente del poder mediático, su incidencia política, económica y social de graves consecuencias: desestabilización y caída de procesos políticos e institucionales contrarios a los intereses que esos medios resguardan”. [5]

Afirmar, como cita el artículo de Mises, que el «el derecho humano a la libertad de prensa depende del derecho humano a la propiedad privada del papel prensa» –atribuida a Rothbard, autor del Manifiesto libertario–, es otra falacia que se desmonta por sí sola. Sobre todo, porque se sostiene sobre la relación inexacta que iguala libertad de prensa (y empresa) con la libertad de expresión, y refuerza la teoría del “libre flujo”, impulsada principalmente desde Estados Unidos y Reino Unido. Cuando desde artículos como este denuncian que la escasez del espectro radioeléctrico es artificial y que la intervención del Estado es una afrenta a la libertad de expresión, lo que están defendiendo es su libertad de explotar libremente un recurso para su propio beneficio. No parece molestarles las restricciones artificiales en bienes comunes que no son escasos, como es el conocimiento. En ese caso, la defensa de las patentes que limitan el libre flujo en beneficio de su explotación comercial sí es aceptable para ellos.

Como hemos visto, la liberalización del sector de las telecomunicaciones no rompe por sí misma la tendencia de la concentración de la explotación del espectro radioeléctrico –ya sea pública o privada–. Se necesita la intervención (transparente, eficiente y con un abordaje de Derechos Humanos) del Estado para garantizar la distribución, la diversidad y la pluralidad, y evitar así la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, que tiene impactos profundos sobre el debate público y la democracia.

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[1] El dilema al que se refiere el autor es la teoría de la Tragedia de los comunes, propuesta por Garrett Harding en 1968, que sostiene la idea de que “cuando un recurso natural ⎼en su ejemplo, los pastos de Inglaterra⎼ está abierto para que todo el mundo lo use, cada individuo lo explotará al máximo aunque sepa que eso lleva a su degradación y destrucción, porque si no lo hace él, lo hará otro”. La nobel de economía Elinor Omstrom dedicó su carrera a desmentir esta teoría y documentar casos de gestión de bienes comunes que no derivaban en su exterminio. Principalmente porque se basaba en premisas que no eran del todo ciertas como que “abierto a todo el mundo” significa “sin ningún tipo de regulación”. Y Omstrom, con sus ejemplos, muestra que las comunidades pueden organizarse, sin necesidad del Estado, y gestionar colectivamente sus recursos naturales de forma exitosa y sin aniquilarlos. En este artículo de Gabriela Vázquez puedes aprender más.

[2] De Gutenberg a Internet: una historia social de los medios de comunicación.Asa Briggs y Peter Burke, 2002.

[3] Politizar la tecnología: radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales. Inés Binder y Santiago García Gago, 2019.

[4] La Concentración de Medios en América Latina: Su impacto en el derecho a la comunicación. Federación Internacional de Periodistas (FIP), 2016.

[5] Los dueños de la palabra: acceso, estructura y concentración de los medios en la América latina del Siglo XXI. Martín Becerra y Gillermo Mastrini, 2008.