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Laura Tyson
A cambio de ayudar a Donald Trump a ser reelegido gastándose 130 millones de dólares en las campañas de Trump y de los republicanos en las demás elecciones coincidentes con las presidenciales, y convirtiendo X (antes Twitter) en su máquina de mensajes, Elon Musk se ganó la oportunidad de codirigir (junto con Vivek Ramaswamy, otro donante de importancia) un nuevo «Departamento de Eficiencia Gubernamental» [DOGE]. Bautizado con el nombre de una criptomoneda de broma, el DOGE no será una agencia oficial. Pero, aunque su papel vaya a ser puramente consultivo, Trump ha prometido poner en práctica sus recomendaciones para recortar el exceso de regulaciones, reestructurar las agencias federales y recortar los gastos superfluos, todo ello con la vista puesta en la eficiencia.
La ley federal exige que todo comité consultivo gubernamental notifique públicamente sus reuniones (incluido el orden del día, la hora, el lugar y el propósito) y proporcione acceso a todos los informes, transcripciones, actas, documentos, órdenes del día u otros documentos relacionados con su trabajo. Pero el DOGE bien podría violar estos requisitos alegando que infringen inconstitucionalmente el poder presidencial
Al igual que en el caso de sus demás nombramientos, Trump no se molestará en investigar a fondo a Musk y Ramaswamy, ni les exigirá que se desprendan de sus participaciones corporativas o se abstengan de ofrecer recomendaciones sobre cuestiones que plantean un evidente conflicto de intereses (como las ingentes compras de servicios por parte de la NASA a SpaceX de Musk). En la medida en que el DOGE destripe las regulaciones, promete ser un poderoso vehículo para el «capitalismo de amiguetes». Sus recomendaciones tendrán poco que ver con la mejora de la eficiencia gubernamental o la reducción de costes, y todo que ver con la eliminación de regulaciones y agencias que desean ver finiquitadas poderosos donantes y grupos de presión empresariales .
Afortunadamente, el DOGE va a fracasar, pues se centra en objetivos equivocados, con un enfoque erróneo y un liderazgo extraviado. Musk prometió inicialmente recortar el gasto del gobierno federal en 2 billones de dólares, lo que supone casi un tercio de todo el gasto previsto para 2025. Tras darse cuenta rápidamente de lo absurdo que era ese objetivo, lo ha reducido desde entonces en un 75%, hasta 500.000 millones de dólares.
Defensa, Seguridad Social, Medicare, Medicaid, la Ley de Asistencia Asequible («Obamacare») y el pago de intereses de la deuda pública norteamericano representan en conjunto el 74% del gasto federal total. Además, es probable que el gasto en Defensa aumente con Trump, el gasto en el pago de intereses es esencial para evitar el impago de la deuda del gobierno federal, y el gasto en Seguridad Social, Medicare y Obamacare es legalmente obligatorio y cuenta con el apoyo abrumador de los votantes que ayudaron a reelegir a Trump. El 26 % restante del gasto federal cubre todas las demás funciones del Gobierno federal, desde los programas discrecionales de Defensa, como la sanidad de los veteranos (12%), hasta los programas esenciales no relacionados con Defensa (14%), como el sistema federal de carreteras, el control del tráfico aéreo y el sistema judicial.
Aunque todos los fondos para programas discrecionales debe autorizarlos el Congreso, el nuevo objetivo de 500.000 millones de dólares abarcaría tanto los programas cuya autorización del Congreso finaliza en 2024 como aquellos que Musk considera incompatibles con las intenciones originales del Congreso. Pero la asistencia sanitaria a los veteranos es la función individual más importante (119.000 millones de dólares) cuya autorización del Congreso finaliza en 2024, y a pesar del desprecio de Trump por los militares, es difícil imaginar que el DOGE vaya a emprenderla con la asistencia sanitaria a los veteranos.
En cambio, el DOGE ya ha indicado que recortará la financiación de Planned Parenthood [entidad sin ánimo de lucro centrada en salud reproductiva, educación sexual y planificación familiar] y otros grupos progresistas (300 millones de dólares al año), la Corporación para la Radiodifusión Pública (535 millones de dólares al año) y varias organizaciones internacionales (1.500 millones de dólares al año). También podría emprenderla con partidas discrecionales de mayor envergadura, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (6,600 millones), responsable de las previsiones meteorológicas del país, la Administración Federal de Aviación (7.000 millones), que regula la seguridad de la aviación civil, muchas agencias del Departamento de Estado (38.000 millones), y el Departamento de Educación (29.000 millones). Pero la NASA (25.400 millones), por razones obvias, se salvará.
El problema de esta agenda de desfinanciación es que sigue sin acercarse a los 500.000 millones. Si el DOGE quisiera intentar aportar algo positivo, abandonaría este objetivo y se centraría en cambio en mejorar la eficiencia de los organismos responsables de los programas gubernamentales, y en eliminar las normativas que no superen una rigurosa prueba de coste/beneficio.
Pero esto ya se ha intentado muchas veces, y normalmente sin mucho éxito. El Estudio del Sector Privado sobre Control de Costes del presidente Ronald Reagan, conocido como Comisión Grace, por ejemplo, afirmaba que un tercio de todos los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta se consumían en despilfarro e ineficacia, una exageración descabellada. Muy pocas de las 2.500 recomendaciones de la comisión se pusieron en práctica, y la combinación de recortes fiscales de Reagan y un gobierno federal cada vez mayor lanzó la deuda nacional a su larga trayectoria ascendente.
Esfuerzos similares que se remontan a la Comisión Hoover del presidente Harry Truman también se han juzgado como «fracasos abyectos». La mayoría fracasan por un defecto fundamental en su diseño. Dirigidos por líderes empresariales que no entienden cómo funciona el gobierno, estos organismos tienden a producir listas de la compra de ideas carentes de análisis, pero no tienen capacidad para llevarlas a cabo. La ejecución sigue siendo responsabilidad de los organismos competentes y del Congreso, que legisla y financia los programas federales.
La Asociación Nacional para la Reinvención del Gobierno del vicepresidente Al Gore evitó este fallo de diseño a principios de la década de 1990. Integrada en el gobierno de Clinton, fue supervisada por un grupo de reformistas del gobierno que consiguieron aprobar una ley: la Ley de Rendimiento y Resultados del Gobierno de 1993, cuyo objetivo era integrar los indicadores de rendimiento en los procedimientos operativos convencionales del gobierno federal.
Musk y Ramaswamy, por el contrario, no son más que los últimos de una larga lista de ejemplos del sector privado cuyos enfoques de gestión empresarial para las operaciones gubernamentales van a fracasar. Menos de una cuarta parte de los programas de reforma de la administración pública tienen éxito, y los que lo logran poseen dos características distintivas en común: los empleados del sector público diseñan las reformas y luego utilizan herramientas digitales para medir y mejorar el rendimiento.
Desgraciadamente, el Congreso no proporciona fondos suficientes para que esos organismos dispongan de las herramientas que necesitan. Por eso, el Servicio de Impuestos Internos ha sido incapaz de recaudar lo que se estima en un billón de dólares de ingresos anuales de evasores y defraudadores fiscales. Sin que sea culpa de ellos, la mayoría de los organismos de la Administración federal siguen muy por detrás del sector privado en la digitalización de sus servicios.
Ir deprisa y romper cosas no funciona en la Administración (ni en la mayoría de las grandes organizaciones del sector privado).
Si Musk y Ramaswamy quieren conseguir mejoras significativas y duraderas en la eficiencia de la Administración, tendrán que colaborar con los funcionarios para cambiar la forma de hacer su trabajo. El éxito depende de los cambios en los procesos operativos, poco atractivos y difíciles de implantar en los departamentos gubernamentales.
La contratación pública basada en resultados, la gestión moderna del talento (incluidos los programas de rotación de líderes del sector privado), la gestión ágil de las tecnologías de la información, la transparencia de los datos y el rendimiento, las herramientas digitales modernas y la participación ciudadana son cruciales si queremos mejorar el rendimiento de la Administración. El DOGE producirá memes entretenidos y oportunidades de hacerse la foto a Musk y X, pero tendrá poco impacto tangible y duradero en el tamaño y la eficiencia del gobierno federal.
Laura Tyson fue presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente durante la administración Clinton y directora del Consejo Económico Nacional. Es catedrática de postgrado en la Haas School of Business y presidenta del patronato del Blum Center de la Universidad de California en Berkeley.
Fuente: Social Europe vía sinpermiso.info
Traducción: Lucas Antón
