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Jorge Mora Portuguez (*)
La Ley de Aguas de 1942 cumplió 75 años y ya no responde a la realidad actual; como lo evidencian el estado de nuestros ríos, el abuso con el recurso y los conflictos cada vez más frecuentes por el agua.
Es un instrumento jurídico obsoleto, que ya no cumple su función de regular adecuadamente el aprovechamiento de este vital líquido, que garantice su acceso equitativo y sostenible para todos los sectores de la sociedad, pero que priorice, el abastecimiento poblacional en cantidad y calidad adecuadas como derecho humano fundamental.
Para dotar al país de una nueva ley de aguas que cumpla con lo anterior; en el año 2010 a través de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), presentamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley utilizando el mecanismo de iniciativa popular que toma como base el dictaminado por la Comisión de Ambiente en el 2004, y que fuera fruto de un largo proceso de construcción de consensos que inició en el año 2001 con la presentación de 3 proyectos de ley casi simultáneos (del MINAE, en cuya redacción tuve la oportunidad de participar; de la Defensoría de los Habitantes y del diputado José Merino). Ese proceso se vio truncado durante la Administración Arias Sánchez.
El día 31 de marzo del 2014 a las 12 medianoche, justo al vencer el plazo contemplado en la Ley de Iniciativa Popular, la Asamblea Legislativa aprueba en primer debate un texto basado en el proyecto presentado por ANDA y FANCA; con el cual ambas organizaciones estuvimos de acuerdo; y cuyos detractores también aducían, al igual que hoy, que había sido aprobado en medio del secretismo, pese a que llevaba desde 2010 en el plenario; alegaban además que los contenidos originales habían sido cambiados para permitir la privatización del agua. Cosa absolutamente falsa.
El texto del 2014 no recibió segundo debate (aunque se tenían los votos de todos los partidos) debido a una consulta facultativa interpuesta ante la Sala IV por un grupo de diputados liderado por José María Villalta (quien había estado a favor del proyecto). Para cuando la Sala resolvió ya había entrado en funciones la nueva Asamblea Legislativa con una correlación de fuerzas totalmente distinta.
Es así como inicia una nueva fase de discusiones y negociaciones que involucran al sector productivo (que ha incrementado su fuerza en contra del proyecto original con el apoyo de varias fracciones legislativas), a FANCA y ANDA, así como a las instituciones de gobierno y a la propia Asamblea Legislativa.
Después de 4 años de estiras y encoges, de foros, eventos y discusiones surge un texto sustitutivo al aprobado en el 2014, pero que mantiene los elementos fundamentales del proyecto original y que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos (a excepción del Frente Amplio), del sector productivo, de una gran cantidad de ASADAS, de muchas organizaciones ambientalistas que integran ANDA y FANCA, del Gobierno de la República, del Ministerio de Ambiente, del AyA entre otros actores. Este proyecto es aprobado en primer debate el pasado 2 de noviembre, con el voto favorable de 41 diputados y solo 11 votos en contra.
Estoy convencido de que si bien no es una ley perfecta y adolece de varias carencias, es un paso fundamental en la dirección correcta y un avance muy significativo con respecto a la situación actual.
Sin embargo hay algunos sectores que rechazan este nuevo texto porque alegan que se modificaron contenidos del proyecto de iniciativa popular en materia de sanciones, de participación ciudadana, de áreas de protección y que además el proyecto “privatiza el agua”; y han terminado sumándose a la postura del Frente Amplio y a los detractores históricos, que a lo largo de estos 16 años se han opuesto reiteradamente a que en el país exista una nueva ley de aguas moderna y eficiente.
Sin embargo es un error comparar el texto que se está discutiendo con el aprobado en primer debate en 2014. Texto con el que muchos de los actuales opositores también han estado en contra; lo que evidencia que su verdadera intención es evitar que el país cuente con una nueva ley de aguas.
Entonces la pregunta correcta que debemos hacernos es si con este texto, se avanza o se retrocede con respecto a la situación actual del agua en nuestro país, y no con respecto a un proyecto que no tuvo viabilidad política.
Si se compara el texto aprobado con el proyecto del 2014 sí se podría alegar que se “disminuyó” la participación ciudadana, o que se “rebajaron” las sanciones, pero no si se compara con la situación actual.
En este momento en Costa Rica no existen consejos de cuenca participativos porque la gestión del agua no está dividida en función de las cuencas. El nuevo texto por primera vez divide al país en unidades hidrológicas; lo cual es un primer paso, y si bien no crea los consejos (como si lo hacía el del 2014), establece un principio general de participación ciudadana que posibilitará conformarlos en el futuro cuando haya una correlación de fuerzas más favorable.
Además si bien se rebajan los montos de las multas con respecto al texto del 2014 lo cierto es que esas multas actualmente ni siquiera existen. Con el nuevo texto se van a crear y con el tiempo se podrán incrementar.
Ninguno de los dos textos abre portillo alguno para la privatización del agua; cosa que si permitía la ley actual que data de 1942.
Por lo demás el texto mantiene los elementos fundamentales por los que los movimientos ambientalistas hemos luchado por más de 16 años:
– Reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales.
– Adaptabilidad al cambio climático
– Prioridad del abastecimiento humano por encima de cualquier otro uso
– Carácter Público y no lucrativo de los servicios de suministro de agua potable
– Agua como bien de dominio público en todos sus estados y condiciones
– Imposibilidad de lucrar con las concesiones que no podrán ser objeto de comercio.
– Se cambió la noción de “bien económico” por la de bien social con valor económico.
– Se mantiene todo el tema de concesiones como estaba en la iniciativa popular.
– Y con respecto a las áreas de protección se mantienen las actuales de la ley forestal. Solución que habíamos acordado, incluso con el Frente Amplio, para solventar las inconstitucionalidades señaladas por la Sala al de iniciativa popular.
– En tema de sanciones se mantienen las mismas solo que como se ha indicado se rebajaron los montos de las multas.
Es por estas razones que en lo personal estoy con el proyecto de ley de aguas, al igual que lo están muchas de las organizaciones que venimos dando la pelea contra la expansión piñera, contra la contaminación, contra la extracción ilegal y abuso del agua, por la defensa del derecho humano de las comunidades a contar con agua potable para todas sus necesidades, por la defensa de las ASADAS y su modelo de gestión. Nos oponemos a la privatización del recurso, y a la mercantilización del agua, y por eso decimos Sí a la Ley de Aguas.
(*) Abogado, con una maestría en Derecho Ambiental, coordinador de la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) que por más de 16 años ha estado vinculado estrechamente al proceso de formulación y aprobación de la Ley de Recursos Hídricos. Formando parte del equipo que formuló uno de los tres primeros proyectos de ley en el 2001, luego miembro del Grupo Técnico del Agua que entre 2002 y 2004 trabajó en la consulta, discusión y unificación de los 3 textos que derivan en el proyecto dictaminado favorablemente por la Comisión de Ambiente en el 2004, luego de que es retirado de la corriente legislativa por presiones de las cámaras, pasa integrar la Comisión Mulisectorial encargada de revisar y consensuar el texto con el sector privado. En 2008 es cofundador de la Allianza Nacional para la Defensa del Agua que en 2010 presenta junto a FANCA el proyecto de ley por iniciativa popular, que es aprobado en 2014, y luego frenado nuevamente hasta que el pasado 2 de noviembre se aprueba un texto sustiitutivo que toma como base el de iniciativa popular.
