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Eugenio Sosa
La llegada de la socialista Xiomara Castro a la presidencia de Honduras no ha enfriado la relación con Estados Unidos; por el contrario, parece haberla estrechado. Los diálogos con Kamala Harris y la apertura del proceso de extradición del ex-presidente Juan Orlando Hernández marcan una nueva etapa. Mientras tanto, otros países centroamericanos se alejan de Washington.
La reciente detención e inicio de un proceso de extradición a Estados Unidos contra el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, acusado de narcotráfico, está lejos de ser un simple caso judicial o de política interna hondureña. Su caso es revelador de una serie de realineamientos geopolíticos en América Central, que incluyen el distanciamiento de Washington de varios países del Triángulo norte -como El Salvador de Nayib Bukele- y un acercamiento de Honduras, cuya presidenta Xiomara Castro era hasta hace poco acusada de «chavista» y «comunista» en la campaña electoral que la llevó al poder. No pasó desapercibida la presencia en Tegucigalpa de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris para su toma de mando en enero pasado.
El ex-presidente Hernández Alvarado desarrolló una exitosa carrera política dentro del Partido Nacional de Honduras que en 2014 lo llevó a la presidencia de Honduras, cargo que ostentó hasta 2022. Pero si su carrera fue vertiginosa, también lo fue su derrumbe político. El 7 de febrero de este año, a pocos días de haber dejado la presidencia y luego de la resonante derrota de su partido contra Xiomara Castro, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público que desde el 1 de julio de 2021 Hernández Alvarado había sido incluido en la «Lista Engel», que castiga a personas implicadas en corrupción y prácticas antidemocráticas. La consecuencia inmediata fue la pérdida de su visa para ingresar a Estados Unidos y el congelamiento de sus activos en ese país. El 14 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la Embajada de Estados Unidos había solicitado la extradición del ex-mandatario. Solo un día después, en medio de algunas versiones que lo ubicaban en Managua, fue capturado por las fuerzas de seguridad hondureñas. Ahora guarda prisión en una unidad policial, a la espera de la audiencia en la que se decidirá su extradición hacia Estados Unidos.
Hernández Alvarado está acusado de tres cargos: producir, poseer e importar sustancias controladas (droga) hacia Estados Unidos; usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos; y finalmente, conspiración para usar o portar armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, en el marco del envío de narcóticos hacia Estados Unidos.
La política de extradiciones se habilitó en el año 2013, mediante una reforma de la Constitución realizada por el Congreso que por entonces era presidido por el propio Hernández Alvarado. Hasta febrero de 2022, 36 personas han sido extraditadas y el ex-presidente Hernández sería el número 37. Sus vínculos saltaron al ámbito público nacional e internacional cuando el 23 de noviembre de 2018 fue detenido en Miami su hermano (y también ex-diputado) Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como «Tony» Hernández. Luego de que el 18 de octubre de 2019 fuera declarado culpable de los delitos de vinculados al tráfico de drogas. «Tony» fue sentenciado a cadena perpetua y a una multa de 138,5 millones de dólares.
En el juicio contra «Tony» Hernández, diferentes testigos —todos ellos narcotraficantes confesos— señalaron al presidente de Hernández como una de las personas clave para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. El día de la sentencia, el 30 de marzo del 2021, el fiscal de la causa afirmó que «Tony» Hernández y su hermano se encontraban en el centro de las operaciones de narcotráfico y que estas habían sido patrocinadas por el Estado. Además, declaró que esas operaciones convertían a Honduras «en un virtual narcoestado». A partir de este momento, el presidente Hernández Alvarado, quien durante varios años se presentó como el principal socio de Estados Unidos en Centroamérica, se fue convirtiendo en un aliado tan necesario como incómodo, al punto de que diversos funcionarios estadounidenses que visitaron el país evitaron el contacto directo con él.
Las denuncias por implicaciones en el crimen organizado fueron creciendo, llevando al presidente a un punto de no retorno. Entre el 21 y 23 de noviembre de 2021, Brian Nichols, el subsecretario de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, visitó Honduras y envió un mensaje claro a los partidos políticos y sus dirigencias. Afirmó que los resultados de las elecciones presidenciales, que se realizarían poco después, debían respetarse a rajatabla. El gobierno de Estados Unidos sabía que permitir la continuidad del Partido Nacional y del círculo político del presidente Hernández Alvarado, sobre todo de manera fraudulenta como había sucedido en 2017, implicaría perpetuar y profundizar la crisis de la sociedad hondureña, que tiene como uno de sus indicadores principales la masiva migración irregular hacia Estados Unidos. Este mensaje también fue trasmitido a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Se acababa así la impunidad y la complicidad con Hernández Alvarado y sus colaboradores más cercanos, tanto civiles como militares.
¿Esta posición implica un giro de Estados Unidos en su relación con Honduras? Todo parece indicar que sí. Lo cierto es que la pérdida de influencia y de aliados de Estados Unidos en la región centroamericana, en especial en los llamados países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), es más que evidente. En mayo de 2021, el Congreso de El Salvador destituyó a cinco magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General de la República. Los nuevos magistrados de la Sala Constitucional tomaron la decisión de habilitar la reelección inmediata, revirtiendo un fallo del año 2014 que la prohibía. A partir de esa decisión, el presidente Nayib Bukele podría buscar un segundo periodo en 2024. Estados Unidos, a través de la encargada de negocios de ese país, Jean Manes, comentó que el «declive de la democracia daña la relación bilateral de Estados Unidos y El Salvador, relación que tenemos hace décadas y queremos mantener». En julio de 2021, Estados Unidos reaccionó mencionando a los nuevos magistrados y a otros funcionarios (14 en total) en la «Lista Engel», considerándolos como corruptos o como socavadores de la democracia. Además, hay que agregar que Bukele se ha acercado a China. En mayo de 2021 se ratificó «un acuerdo de cooperación para la construcción y donación de obras de infraestructura al país centroamericano», lo que incrementó las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Sin embargo, la Embajada de la República Popular de China publicó un comunicado en el que asegura que esta cooperación no reembolsable «no tiene ninguna consideración geopolítica» y que «China se opone fuertemente al atropello de los países poderosos a las naciones que están luchando por su desarrollo en condiciones menos favorables». Además, Bukele mantuvo un cauteloso silencio sobre la invasión rusa a Ucrania.
Guatemala también se sumó a los países centroamericanos desobedientes con Estados Unidos. La Fiscal General de la República destituyó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien se vio obligado a salir del país y solicitar asilo en Estados Unidos por sus temores acerca de su seguridad. En febrero de 2021, el secretario de Estado Antony Blinken había entregado a Sandoval un premio que reconocía su labor para defender la transparencia y el combate a la corrupción. Pese al premio, Sandoval fue destituido en el mes de julio 2021. Ante esa acción, Blinken declaró que «su destitución socava el Estado de derecho y fortalece las fuerzas que generan impunidad». Luego, Estados Unidos comunicó que su gobierno «está pausando temporalmente la cooperación programática con el Ministerio Público, mientras realizamos una revisión de nuestra asistencia a las actividades que dirige la fiscal general», por considerar que el país carece de independencia judicial. Además, la fiscal general guatemalteca también fue incluida en la «Lista Engel». A ello hay que agregar la ruptura de las relaciones de Estados Unidos con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Con esta situación general en Centroamérica, Estados Unidos optó por no seguir apoyando la continuidad del régimen de Hernández Alvarado y apostó por el respeto a los resultados electorales del 28 de noviembre de 2021 y abrirse a trabajar con Xiomara Castro, esposa del presidente José Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de estado en 2009. Castro, candidata por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y sectores del Partido Liberal, triunfó de forma contundente contra su principal contendiente Nasry Asfura, candidato presidencial por el oficialista Partido Nacional.
Antes de la elección, distintos sectores conservadores —tanto nacionales como internacionales— habían advertido que su gobierno emularía el modelo venezolano, el nicaragüense e incluso el cubano. Esos planteos no solo se basaban en las posiciones progresistas de Castro, sino en su vocación de establecer relaciones con la República Popular China y en su decisión de convocar a una Asamblea Constituyente. Ahora, esos temas han pasado a un segundo plano. Ya en la presidencia, Castro ha reafirmado sus relaciones con Taiwán, mientras que Manuel Zelaya ha afirmado que, por el momento, no ve condiciones para la Asamblea Constituyente. Lo cierto es que, tras su triunfo electoral, Castro recibió felicitaciones de Joe Biden y Kamala Harris. Y la vicepresidenta de Estados Unidos estuvo, además, en la toma de posesión de la mandataria el pasado 27 de enero.
Castro está desarrollando un modelo de gobierno caracterizado por el pragmatismo político. Con la herencia de un gobierno que dejó el Estado sumido en los efectos de la corrupción y en la quiebra financiera como telón de fondo, en su primer mes de gobierno ha mantenido, en general, una buena relación con los empresarios, a la vez que ha tomado medidas populares como la rebaja al precio de los combustibles, la gratuidad de la energía eléctrica para los hogares que consumen menos de 150 kilovatios y la gratuidad de la matrícula en las escuelas públicas. Además, ha declarado a Honduras como territorio nacional libre de minería a cielo abierto. En cuanto a la lucha contra la corrupción, el Congreso Nacional derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la defensa y la seguridad, conocida como «Ley de secretos», una de las leyes que había garantizado impunidad a grupos del poder político y económico vinculados al gobierno de Hernández Alvarado. Además, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad.
Xiomara Castro ha heredado un Estado en ruinas, con una deuda pública que supera los 16.000 millones de dólares, sin flujo de caja para cumplir con el pago de los salarios de los empleados públicos y de los proveedores del Estado y cumplir con el servicio de la deuda pública en sus primeros meses. Existen, al mismo tiempo, altos niveles de desconfianza en la institucionalidad estatal y una burocracia excesiva y corrupta que se arraigó en los últimos doce años de gobierno del Partido Nacional —y se enquistó laboralmente en el Estado—, y cuya depuración tiene un alto costo económico, que obliga al gobierno a mantenerla casi intacta.
Sobre los escombros del Estado hondureño, la nueva presidenta tiene que enfrentar desafíos como el combate de la pobreza que afecta al 73,6% de los hogares, de los cuales 59,3% se encuentra en situación de pobreza extrema; el retorno de la niñez y la juventud al sistema educativo, con más del 90% de la infraestructura educativa completamente deteriorada, producto del abandono de dos años durante la pandemia. Además, debe atender el sistema de salud, postergado y colapsado por la corrupción. Estos son algunos desafíos a los que se pueden sumar otros relacionados con la migración, la violencia, el desempleo, la exclusión y la desigualdad sumados a los problemas relacionados con la seguridad alimentaria y el cambio climático.
Xiomara Castro es la primera mujer que asume la presidencia de Honduras. Lo hace, además, a través de un partido político de izquierda que contrasta con los representantes del clásico bipartidismo. Su propuesta de «refundación nacional», sin embargo, no se basa en discursos antimperialistas ni antiempresariales. Castro tampoco se declara seguidora de modelos de gobierno considerados de izquierda radical y se alejó de sus declaraciones en favor de Venezuela y asumió el del «socialismo democrático». En este sentido, tanto Estados Unidos como los banqueros y los grupos económicos oligárquicos no sienten una gran incomodidad frente a su gobierno. Pero la lucha anticorrupción sí incomoda a los grupos políticos y económicos que conformaron redes de negocios ilegales en el periodo posterior al golpe de Estado de 2009. Esta lucha cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
Sin embargo, para los sectores más conservadores de Estados Unidos y también de la propia Honduras, Xiomara Castro tiene tras de sí a un fantasma: el de su esposo, José Manuel Zelaya Rosales, uno de los expresidentes más influyentes en la vida política nacional, y a quien sus críticos consideran un político de izquierda no confiable. En su intervención en el evento de confirmación ante el Senado de Laura Farnsworth Dogu como embajadora de Estados Unidos en Honduras, el senador conservador republicano Marco Rubio expresó su «preocupación sobre un posible acercamiento hacia China» y dijo esperar que Castro abriera un nuevo camino y «no siguiera los pasos de su esposo».
Lo cierto es que, hoy por hoy, Honduras ha pasado a ser el país de la región más confiable para Washington, sobre todo teniendo en cuenta su objetivo de contar con gobiernos aliados no corruptos ni capturados por mafias del crimen organizado que consigan evitar la migración masiva e irregular a su país. La solución a ese problema no pasa por la militarización de las fronteras y el levantamiento de muros, sino por atacar las causas estructurales como la pobreza, la exclusión y la corrupción, logrando que estados como Honduras brinden bienestar, salud, educación y seguridad a su población.
Ante este desafío, Xiomara Castro tiene muchas fortalezas, como una legitimidad de origen robusta, una trayectoria de lucha por la democracia y los derechos humanos contundente a partir del golpe de Estado de 2009 y el compromiso por enfrentar los grandes problemas nacionales que golpean al pueblo hondureño. ¿Cuáles serán los resultados de su gobierno? La historia ya empezó y, sin dudas, la calidad de la relación entre Washington y Tegucigalpa determinará en gran medida un resultado positivo y estabilizador para toda la región centroamericana.
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