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14 de octubre, 2025
José Mendieta
MANAGUA – De 15 departamentos y dos regiones autónomas que conforman Nicaragua, solo en la capital, Managua, existen medios de comunicación independientes, pero con una agenda limitada, marcada por la autocensura y el espionaje estatal.
Así lo denuncia Gerall Chávez, presidente de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), organización gremial para la defensa de la libertad de prensa y de expresión, que opera desde San José de Costa Rica, donde reside el grueso de los periodistas nicaragüenses exiliados.
Según Chávez, ellos califican el fenómeno como “apagón informativo”, porque pese a que existen algunos pocos medios privados, cubren solo noticias locales, notas rojas, deportes, culturales y noticias internacionales “curiosas”.
“No hay quien reporte la violación sistemática de derechos humanos, los abusos de poder de la dictadura, la corrupción y las denuncias de desapariciones, torturas y muertes de los presos políticos”, dijo Chávez a IPS desde la capital costarricense.
El reporte anual 2024 de PCIN, presentado en enero de 2025, hablaba de un “apagón informativo” en 12 de los 15 departamentos del país, pero al iniciarse el último trimestre de 2025, el estado de actualización sugiere que solo en Managua quedan periodistas trabajando en medios locales, con una agenda limitada.
¿Cómo se llegó a ese punto? Un informe de la no gubernamental Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (Fled), emitido desde Costa Rica a inicios de este mes, explica que “es el resultado de un desmantelamiento sistemático”.
Según el reporte de Fled, el régimen de Nicaragua combina múltiples estrategias represivas para silenciar a los periodistas: asedio, intimidación, confiscaciones, encarcelamientos, exilio forzado y otras formas de persecución.
“En este contexto, los desiertos informativos emergen como uno de los rostros más visibles y alarmantes de la censura estructural que impera en Nicaragua”, dice a IPS el consultor de comunicación de Fled, Guillermo Medrano .
El último recurso utilizado por los agentes del régimen sandinista, según el reporte de Fled correspondiente al trimestre de julio a septiembre, es visitar a periodistas retirados, jubilados o en desempleo, para tratar de obligarlos a actuar como “espías” de los periodistas exiliados, bajo amenaza de cárcel si se niegan.
Los daños a los medios de comunicación, según la Fundación, han sido devastadores desde el inicio de la crisis política en 2018. A partir de entonces, 56 medios cancelados y confiscados y 289 periodistas exiliados y desterrados, condenados a la apatridia al borrarle sus registros civiles, académicos y profesionales de los sistemas de registros del Estado.
Aquel año, miles de nicaragüenses se rebelaron contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, por unas reformas a la Seguridad Social que mermaban los beneficios de los trabajadores.
Las autoridades aplacaron las manifestaciones con el uso letal de las fuerzas de seguridad. Hubo un saldo de 355 muertes, más de 2000 heridos y miles de personas detenidas, torturadas y exiliadas según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).
Posteriormente, se establecieron leyes dirigidas a legalizar las detenciones arbitrarias y criminalizar las protestas y el disenso como “traición a la patria”.
Al menos 300 comunicadores más, que operaban en distintos medios locales y nacionales, abandonaron el oficio con el cierre de los medios y por el temor a la persecución y represalias.
De acuerdo con el dato de Medrano, como medida de sobrevivencia, los pocos periodistas independientes que aún permanecen en el país (ya sea colaborando de manera discreta con algún medio, desempleados o retirados del oficio), se han visto obligados a usar sus redes sociales para replicar mensajes de “normalidad” o adoptar frases propias del discurso oficial.
Los que aún informan desde el exilio, no firman sus noticias con sus nombres y usan recursos como “Redacción Central”, “Colaboración” y “Periodista”.
Según reportes de organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 24 periodistas han sido detenidos y enjuiciados desde 2018.
La mayoría han sido desterrados, pero cuatro de ellos aún siguen detenidos y en condición de desaparición forzada, incluyendo a Fabiola Tercero, detenida en julio de 2024 y sobre quien, desde entonces, no se sabe de su suerte.
El tema del apagón informativo y el asedio a los periodistas ha sido registrado a nivel internacional.
El 23 de septiembre, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), publicó un informe que ofrece una visión general de la situación en Nicaragua entre el 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025.
El documento concluye que este país centroamericano de 6,7 millones de habitantes atraviesa una fase alarmante de erosión del Estado de derecho, caracterizada por el debilitamiento de las garantías fundamentales, el cierre de los espacios democráticos y el uso del aparato estatal para reprimir la disidencia.
El informe señala que las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos penalizan de manera arbitraria contenidos que puedan causar “alarma” o “zozobra”, términos que, según el Acnudh, son incompatibles con las normas internacionales y facilitan la persecución de voces críticas.
Durante el periodo analizado, al menos 17 personas fueron procesadas por publicaciones en redes sociales críticas hacia el gobierno.
El informe indica que Nicaragua descendió al puesto 172 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, lo que refleja un deterioro acelerado de las condiciones para el ejercicio del periodismo.
Así mismo, denuncia que la represión también alcanzó a medios independientes en el exilio y ejemplificó con que, en marzo de 2025, la Universidad Nacional de Ingeniería bloqueó arbitrariamente los dominios “com.ni” de cinco medios de comunicación, restringiendo su visibilidad en línea.
Según la Fled, el número de periodistas que han abandonado la profesión continúa en aumento, como consecuencia de un entorno cada vez más hostil para la prensa independiente.
“La represión, la estigmatización y el riesgo constante han convertido el ejercicio del periodismo en una labor de alto peligro, obligando a muchos profesionales a desvincularse por completo de su oficio para priorizar su seguridad y la de sus familias”, reporta Fled.
Muchos de los que aún permanecen en el país han optado por el silencio, el anonimato o el retiro total, incluso sin haber llegado a la edad de jubilación.
Otros, ya en la tercera edad, llevan años alejados del periodismo activo, pero siguen siendo objeto de hostigamiento.
Una evidencia de la intolerancia al periodismo libre en Nicaragua se registró en mayo, cuando la Unesco le concedió su Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano al diario La Prensa.
La Prensa, fundada en 1926, mantiene una línea crítica ante Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, quienes ordenaron su cierre y confiscación en 2021.
Su personal abandonó el país un año después y, desde entonces, siguen informando a través de internet desde el exilio en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Alemania.
Tras el anuncio, la dictadura emitió un rudo comunicado anunciando su retiro de Unesco, acusando al organismo de estar al servicio de los imperialistas.
El gobierno de Nicaragua tildó de «vergonzoso» el premio al diario decano del país, que calificó de «engendro diabólico de antipatria nicaragüense».
Un periodista de ese medio, radicado en San José, dijo a IPS que el mejor ejemplo de la insostenibilidad de los medios en Nicaragua se reflejaba en ese episodio.
“Nicaragua tenía una cartera de proyectos por más de 30 millones de dólares con la Unesco, pero prefiere perder plata (dinero) y ayuda antes que tolerar que se le otorgue un reconocimiento a un periódico. Eso te da una idea del nivel de desprecio por el periodismo”, dijo.
Otra periodista del Caribe nicaragüense, recién exiliada en Costa Rica en mayo, dijo que resistió hasta donde pudo colaborando desde Nicaragua con medios en el exilio, pero el costo de ese esfuerzo le estaba perjudicando la salud mental.
“Vivir cada día con miedo de que te descubran, es desgastante. Cada policía, cada patrulla que pasa cerca, una cree que llegan a buscarte. Eso no es vida”, dijo a IPS, pidiendo no revelar su identidad porque está luchando por sacar a sus hijos del país.
ED: EG
