Mozambique, una última estación antes de la guerra

Guadi Calvo

La grave crisis social, política y de seguridad que vive Mozambique desde el pasado veintidós de octubre se ha incrementado todavía más a partir de que el Consejo Constitucional, el principal tribunal del país, confirmara el lunes veintitrés la victoria, del FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), que gobierna el país desde 1975.

Después que se conocieron los resultados de las elecciones del día nueve de aquel mes, en las que se impuso, el candidato oficialista, quien asumirá el próximo quince de enero, Daniel Chapo, exgobernador de la provincia de Inhambane (2016 a 2024), por el sesenta y cinco por ciento de los votos.

Los grupos de la oposición, como lo vienen haciendo desde hace más de dos meses, siguen con su campaña de protestas y manifestaciones violentas, que ya se ha cobrado la vida de cerca de trescientas personas, de las que ciento cincuenta resultaron muertas en los siguientes dos días desde que se conoció el dictamen del Consejo Constitucional (Ver: Mozambique, los muertos que nadie va a pagar), mientras los heridos suman miles, igual que los detenidos.

Las protestas que se iniciaron en Maputo, la capital del país, para enseguida expandirse a todas las grandes ciudades de la geografía mozambiqueña, siguen siendo alentadas por el candidato derrotado, el empresario y pastor televisivo Venancio Mondlane, quien se presentó como candidato independiente por el Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique, (PODEMOS), un sello de fantasía que enmascara al ultraderechista movimiento de Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO) que en las elecciones finalmente había conseguido casi el veinticinco por ciento.

Sin temor a iniciar una guerra civil, el candidato derrotado, que se encuentra refugiado en Sudáfrica, llama a sus seguidores a continuar las protestas y convocar a “un levantamiento popular”, acusando al gobierno del presidente saliente Filipe Nyusi de ser el principal responsable del fraude electoral.

Las protestas que ya han entrado en su tercer mes consecutivo han provocado, además de las muertes y los daños evidentes, una acelerada paralización de la económica. Desde el final de la guerra civil (1977-1992) y más allá de los crímenes cometidos por la khatiba terrorista que opera en Cabo Delgado desde 2017, Mozambique desconocía estos niveles de violencia.

Mientras tanto, la situación en el norte del país, epicentro del accionar del grupo fundamentalista prioritario del Daesh, Ahlu Sunnah Wa-Jamaa o ASWJ (Seguidores del Camino Tradicional o Defensores de la Tradición), fue golpeada por el ciclón Chido, el pasado quince de diciembre, principalmente en la provincia de Cabo Delgado, pero también en las provincias de Nampula y Niassa. Afectando de manera directa a unas 630 mil personas, entre ellas unas ciento veinte víctimas mortales, además de 768 heridos, destruyendo 140 mil viviendas, doscientas cincuenta escuelas y cincuenta y dos centros de salud.

En este contexto, la minera británica Gemfields, que produce casi una cuarta parte de las esmeraldas del mundo, informó que debió detener las operaciones de extracción de rubíes, después de que, aprovechando la anarquía que se extiende en todo el país, un grupo de más de doscientas personas intentara invadir sus áreas de explotación al tiempo que pugnaba ingresar a un pueblo residencial construido por la compañía para sus ejecutivos y empleados, un día antes de Navidad. Más allá del accionar policial y las agencias de seguridad propias, se produjo el incendio de uno de sus edificios y saqueos en varias oficinas.

Mientras que la irlandesa, Kenmare Resources, que opera una mina de titanio en el norte del país, también denunció incidentes en cercanías de su planta en Cabo Delgado. Aunque los manifestantes no lograron ingresar.

A consecuencia de la crisis, estalló un motín en la prisión de alta seguridad ubicada a catorce kilómetros al suroeste de Maputo, en el que murieron treinta y tres de los reclusos y otros quince resultaron con diversas heridas; entre mil quinientos y seis mil presos escaparon el día de Navidad.

Durante el motín, los presos consiguieron destruir varios móviles policiales y asaltar diversos locales y oficinas, dentro de la prisión y a las afueras de ella. Entre los evadidos se encuentra una treintena de terroristas del ASWJ, que ya purgaban condena firme.

Escapar del caos

La degradación política del país, que puede desembocar en una guerra civil, está obligando a muchos mozambiqueños a escapar del país. Ya miles de familias han cruzado hacia Malawi, mientras que prefieren evitar países como Sudáfrica o Tanzania, donde claramente no son bienvenidos. Como bien lo saben los cientos que en 2021 intentaron cruzar a Tanzania, cuando el terrorismo integrista amenazaba con incendiar todo el norte del país.

En estas últimas semanas ya se registró la llegada de unas tres mil familias a Malawi. Según los funcionarios de frontera malawíes, del puesto de Nsanje, en el sur de Malawi, unas once mil personas ya han cruzado por el río Shire, mientras que otras dos mil lo habían hecho atravesando el río Ruo, ambos cursos fronteras naturales entre los dos países.

En vista de lo que podría significar un escape masivo de mozambiqueños, a medida que la crisis se agrave, varios ministerios de Malawi han sido puestos en estado de alerta, para intentar registrar, ubicar y asistir a los recién llegados, con el temor de que en ese flujo puedan infiltrarse muyahidines del ASWJ o algunos de los muchos criminales recientemente fugados del penal de Maputo.

Mientras que los desplazados siguen fluyendo hacia Malawi, muchos se niegan a hacerlo hacia Sudáfrica, a pesar de que este país sea la mayor economía de la región.
Desde hace años los mozambiqueños no son bienvenidos, ya que al menos dos millones de ellos trabajan en ese país en minas, campos agrícolas y comercio informal. Por lo que los ataques xenófobos son frecuentes.

Ya en 2019, emigrantes mozambiqueños en Sudáfrica habían sido objeto de ataques xenófobos en los mercados donde algunos se habían instalado en Soweto, cerca de Johannesburgo.

Según informan algunos mozambiqueños, los atacantes son miembros de la Operación Dudula (retroceder), un movimiento nacionalista sudafricano que pretende la expulsión de inmigrantes ilegales e indocumentados, acusándolos de ser los responsables de la falta de oportunidades para los nacionales, por lo que los comerciantes extranjeros son robados, golpeados e instados a retornar a su país. Mientras que las mismas autoridades sudafricanas ordenan razias y expulsiones de extranjeros.

La situación se espera que para las próximas cuarenta y ocho horas se aplaque en Maputo, ya que, según se informa, el líder opositor Venancio Mondlane habría llamado a sus seguidores a dos días de paz para enterrar a los muertos e intentar negociar con el presidente Filipe Nyusi una alternativa al conflicto, lo que quizás sea la última estación antes de la guerra civil.

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