Modificar mecanismo elección de magistrados y diputados también

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

La crisis que sufre el Poder Judicial, ante la eventualidad de que uno de sus integrantes sea acusado por abuso de autoridad o tráfico de influencias, aunado a otros delitos, y el descrédito a que se ha visto sometido este Poder de la República, por actos dudosos, realizadas en el pasado por otros de sus integrantes, conducen a concluir en la necesidad de revisar el mecanismo de elección de los magistrados.

De las grandes crisis, lejos de querer minimizarlas o llenarnos de excusas, es imprescindible que aprendamos algunas lecciones importantes.

Las sospechas de violación de la ley, por parte de algunos de estos jerarcas, hacen evidente que los requisitos que establecen los artículos del 157 al 166 de la Constitución Política de Costa Rica, vinculados a la selección y elección de Magistrados, son absolutamente ineficaces e inoperantes.

Resulta impostergable modificar los procesos de selección y nombramiento de estos jerarcas.

El problema no se circunscribe al tema vinculado con el caso de Celso Gamboa, sino que hace unos años se presentó con el caso de Jesús Ramírez y después con Oscar González, para mencionar sólo tres de los más sonados. Estas situaciones evidencian un deterioro profundo en los mecanismos utilizados para la integración del Poder Judicial.

Hasta ahora, lo que demuestran los hechos es que ha prevalecido el compadrazgo y el amiguismo. Sencillo, han resultado electos en estos cargos, algunos ciudadanos que lejos de ser probos en la vida pública y privada, llegan en sus cargos, a ocultar, con su inacción, sus fallos o decisiones, posibles actos indebidos, realizados por representantes de los partidos políticos, a quienes finalmente deben su puesto.

Y, no es que al ser electo un magistrado deba abstraerse totalmente de la vida social. Pero es su obligación, una vez juramentado, consiste en hacer prevalecer los intereses de la justicia, antes que la de los partidos, personalidades o amigos, que pudieran haber violentado la legislación costarricense.

Por otra parte, las acciones de revisión que ha acometido la Fiscal General a.i. Emilia Navas, frente a posibles resoluciones de desestimación, que ya estaban listas para firma, hacen evidente que prevalecen las dudas, respecto de la indagatoria, el seguimiento y el tratamiento de algunos de esos asuntos.

Y perdónenme, sobre los fallos relacionados con muchos de estos temas, no puede caber duda alguna. El fallo del Poder Judicial debe ser absolutamente indudable e incuestionable, o al menos, eso establece la normativa jurídica.

No se puede ser culpable a medias, o inocente a medias. O se es inocente de violentar la legislación o se es culpable, así de contundente deben ser y deben ejecutarse los fallos judiciales.

El problema, sin embargo, no se circunscribe al Poder Judicial.

Si algo ha sido evidente en este proceso, es la incapacidad, la ingenuidad y, por que no, la ineptitud de que han hecho gala, algunos de los integrantes de la Comisión Legislativa, constituida para revisar el tema de los préstamos bancarios relacionados con el famoso #cementazo.

Da pena ajena escuchar algunas de las intervenciones, las preguntas y las posiciones que, algunos de los legisladores han llegado a exponer, a vista y paciencia de quienes hemos seguido en la televisión, las comparecencias sobre este asunto.

Y ni que decir del descaro, de quienes se han desaparecido del Congreso, por ser mencionados reiteradamente como responsables del tráfico de influencias, desde la curul legislativa.

El sistema de elección de diputados también debe reformarse.

Entendemos que un ciudadano común pueda ser capaz, por ignorancia o desconocimiento, de emitir criterios vacíos o sin fundamente. A esos los escuchamos muchas veces en los autobuses, en los bancos o en las cantinas.

Lo que no podemos comprender es que uno de esos ciudadanos, llegue a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa, y que, además, sea capaz de verbalizar tanta estupidez sin siquiera inmutarse, a vista y paciencia de sus asesores, que hacen poco o nada por ayudarle a no hacer el ridículo.

Es indispensable acometer las acciones que eviten un mayor deterioro de la credibilidad de los costarricenses, en el sistema político democrático. No sé si en los partidos lo entienden, pero lo cierto del caso es que, entre los costarricenses prevalece una enorme desazón, una gran incredulidad y el sentimiento de que cada día, este sistema, favorece sólo a los políticos y otros grupos privilegiados, quienes se enriquecen día a día, a costa de los tributos del pueblo y a quienes no alcanza, “el no tan largo, brazo de la justicia”.

Ojalá que no se nos haga tarde para impulsar las correcciones que urge nuestro país, porque muchas naciones hermanas no han tomado con seriedad estas amenazas y hoy están pagando muy caro este error.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.