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7 abr 2025
De ser hallado culpable, el mandatario se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel.
El fiscal general, Carlo Díaz, acusó formalmente este lunes al presidente del país, Rodrigo Chaves, de un cargo de concusión relacionado con el uso de 405.800 dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar un servicio de comunicación en la Casa Presidencial, recogen medios locales.
El caso de la Fiscalía –en el que también figura el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives–, se soporta en la declaración del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien fue el beneficiario del contrato con el BCIE a través de su empresa RMC La Productora S.A.
El realizador se libró de ser procesado tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público en el que se comprometió a brindar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con su testimonio, el mandatario le pidió que depositara 32.000 dólares del contrato con el BCIE en una cuenta a nombre de su exasesor de imagen Federico Cruz para que este pudiera reservar un inmueble. A cambio, le ofreció el contrato.
Adicionalmente, la Fiscalía dispone de un conjunto de grabaciones correspondientes a reuniones celebradas en la Casa Presidencial, entregadas por la exministra de Comunicación Patricia Navarro.
Encontronazo
La polémica se acrecentó cuando se hizo público un encontronazo que sostuvieron Chaves y Bugarelli en un restaurante de San José el pasado 21 de marzo, cuando el jefe de Estado entró a un restaurante donde ya estaba el productor. Las cámaras del local (sin audio), lo captaron dirigiéndose hacia su mesa y cruzando palabras con él.
En otro audiovisual grabado por el equipo de Bugarelli, se escucha a Chaves decir: «Yo no sé qué le pasa a este señor. Tenga paz amigo, tenga paz, tenga paz. No, no, no, deje a este señor en paz, déjelo ahí sentadito (indicándole a uno de sus escoltas). Si tiene algún problema que me lo venga a decir a mí, yo no tengo problemas con nadie».
Las leyes estipulan una pena de hasta ocho años de cárcel para el «funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial».
RT
