Desde mi perspectiva
José Francisco Bolaños Arquín
Para este 2019 el Banco Central de Costa Rica proyecta un crecimiento de 3,2% de la producción nacional; sin embargo, el Banco Mundial considera que será de un 2,7%.
Con la entrada en vigencia de los nuevos impuestos (IVA), a partir del mes de julio, el poder de compra de los ciudadanos se verá reducido; afectando también a los sectores que impulsan las actividades económicas.
Es evidente observar en el centro de la capital, gran cantidad de locales comerciales desocupados; de unos 26.000 metros cuadrados con el rotulo “se alquila o se vende”. En los últimos cinco años, el comercio ha perdido alrededor de 82.000 empleos y a esto le agregamos que empresas transnacionales han anunciado recientemente, el despido de unos 1.300 empleados, en donde solo en el 2018, impactó a 56.500 mipymes, que optaron por cerrar sus puertas. En los últimos seis meses, en San Carlos 350 negocios dejaron de operar; lo mismo ocurre en muchas zonas del territorio nacional.
Así las cosas, el sector informal va en aumento con un 46% de la fuerza laboral que significa alrededor de 1.000.000 de personas dedicadas a esta actividad como un medio de subsistencia y que en su mayoría no cotizan a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con los datos recientes brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 13,4% de la población económicamente activa está desempleada, afectando a unas 336.000 personas y su núcleo familiar (276.000 no consiguen empleo y 60.000 ante la dificultad de lograr un trabajo, decidieron no continuar). La pobreza en la actualidad es del 21,1% y sigue en aumento por lo que se deben tomar ya las medidas necesarias para evitarlo.
Por muchos años, se habla de aplicar una mayor reactivación económica, más inversión en infraestructura, la modernización del transporte público, las alianzas pública – privada, una mayor atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), un impulso a la educación dual, incrementar la seguridad ciudadana, la implementación de la flexibilidad laboral, la enseñanza de idiomas, principalmente del inglés, el control de los precios de la energía eléctrica y combustibles, la facilitación en el acceso al crédito con menores intereses, para el sector empresarial y brindar un mayor énfasis en las mipymes y el emprendedurismo, quienes requieren de un análisis en relación con los requisitos solicitados como por ejemplo para estos últimos: dos años de operación y garantía hipotecaria.
En estos días, el Banco Central tomó medidas en política monetaria para estimular el crédito, con una reducción de las tasas de interés; al bajar el encaje mínimo legal del 15% al 12%, con lo cual se pondría a disposición unos 380.000 mil millones de colones para préstamos.
El país se encuentra ante un bajo crecimiento de la economía, alto desempleo, pobreza e incertidumbre; por lo que es de esperar que estas medidas no se sentirán en el corto plazo; es posible que los empresarios entren en un proceso de mayor análisis para invertir en su negocio o nuevos proyectos.
Nos encontramos ante un angustiante y riesgoso endeudamiento del 52,4% del PIB que tiende a aumentar y ante este panorama se requiere tomar medidas urgentes y eficaces para ordenar “la casa”. El gobierno financia el déficit fiscal a través de deuda, para poder hacerle frente a los crecientes gastos fijos.
Es necesario entrarle de frente a la modernización y reestructuración del estado, en donde operan 330 instituciones públicas y en algunas de ellas se da duplicidad de funciones, existe una lentitud a veces exagerada en la tramitación de permisos, que deben simplificarse en el menor tiempo posible, Algunas estructuras organizacionales institucionales, ya no están cumpliendo con las necesidades y exigencias actuales y se han quedado en el tiempo.
Para lograr un mayor control, optimización del gasto público y bajar el déficit fiscal a un 4% o menos del PIB, hay que mejorar la recaudación de la evasión y la elusión fiscal que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda es del 8,2%, regular las pensiones de lujo con cargo al presupuesto y de los pluses salariales abusivos, además del ataque frontal al contrabando; las transferencias a las instituciones públicas deben ser objeto de un análisis, ya que significa del 6,3% del PIB y las exoneraciones fiscales deben seguir igual camino, debido a que en 2018 alcanzaron el 5,4% del PIB.
La generación de empleo es una necesidad urgente en el país, la producción nacional debe crecer alrededor al 6% en los próximos años, el doble de lo proyectado para este año.
“Costa Rica debe generar confianza y dinamizar el sector empresarial, ese es el camino”
– Lic. Administración de Negocios