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Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
El sector público se conforma por ministerios y entidades públicas encargadas de ejecutar las políticas y los proyectos para el desarrollo nacional, se dice en total son 324 instituciones públicas, que se afirma que muchas tienen acciones repetitivas y que es necesario reformar o unificar algunas con el fin de obtener mayor eficacia y eficiencia de los “fondos públicos”. Existen sendos estudios y diagnósticos que durante años tanto del Estado de La Nación, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y otras entidades; han llegado a la conclusión de la necesidad de cerrar al no tener funciones ni presupuestos para su sostenibilidad. Esto constituye un “nudo gordiano”; y no es posible seguir creando instituciones sin contenido económico ni otorgando funciones que ya realizan otras entidades.
Costa Rica tiene un buen diseño institucional y republicano, no obstante ha llegado la hora de realizar las reformas institucionales para modernizar el Estado. Desde la promulgación en 1978 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) impulsada por el jurista Eduardo Ortiz Ortiz; vino a ordenar nuestra Administración Pública y dándole herramientas para su buen accionar con eficacia jurídica; el problema “del enredo” es cuando se comenzaron a crear órganos desconcentrados, por ejemplo el ministerio de Cultura tiene 15 órganos adscritos, el ministerio de Salud tiene 9, Justicia tiene 9, el Minae tiene 9, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 9 órganos, así otros ministerios, etc.
El Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles y el ministro del MOPT Luis Amador Jiménez, enviaron recientemente un proyecto de ley para reformar los Consejos: Vialidad (Conavi), Transporte Público (CTP), Concesiones (CNC) y el Técnico de Aviación Civil (CTAC); esto permitiría devolver la Rectoría al ministro del MOPT, que actualmente tiene que pedir permiso a todas las Juntas Directivas, y esto complica el accionar de las obras e infraestructura del país; ya vemos los problemas existentes con el caso judicial “cochinilla” donde dos empresas monopolizaron la construcción de las grandes infraestructuras públicas del país. Entre más órganos desconcentrados y descentralizados existan más se diluye la toma de decisiones, y muchas de esas juntas directivas tienen integrantes que representan intereses y grupos particulares, no velando por el interés público, que debe ser superior para la buena administración de los recursos públicos. Igual recién se presentó un proyecto de ley para reformar el MINAE, que viene también a eliminar una serie de juntas directivas y órganos desconcentrados.
Dentro de las instituciones públicas se han venido estableciendo unas “castas” de funcionarios públicos que ganan altos salarios y tienen el control de las entidades; algunos les dicen que son “los mandos medios”; en realidad son aquellos funcionarios intocables con puestos de dirección y decisión; que estorban o se paran en la escoba para que no avancen los proyectos; o ponen “peros y obstáculos” con el fin de que las políticas públicas no avancen de manera eficiente y expedita. Esas castas se han constituido también como los “oligarcas ticos”, ahora que está de moda hablar de los “oligarcas rusos” referente a esas clases de empresarios influyentes en Rusia; así existen en otros países. En nuestro país, son funcionarios públicos que ganan desde 5 millones colones al mes hasta 15 millones de colones o más; me parece excesivo esos pagos millonarios; aparte del pago a las consultorías millonarias con estructuras paralelas a las planillas institucionales; donde unos cuantos consultores se llevan millones en consultorías que no tienen mayores efectos; eso es una situación que tiene años de estarse dando; igual “los pensionados de lujo” que algunos exfuncionarios públicos se llevan millonarias pensiones muchas de las que no cotizaron para recibir esos montos.
Lo difícil de comprender es porque teniendo leyes sólidas como la LGAP, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, que tiene como fines “serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”, todo lo referente al derecho sancionador y el procedimiento administrativo, la Ley de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, El Código Procesal Contencioso Administrativo vigente desde el 2008 y como expresa el Dr. Rafael González Ballar: “Esto marca el deseo de un poder público de que, a pesar de las implicaciones que puede tener a veces para gobernar, en cuanto a la legalidad y la discrecionalidad, y someterse a veces a tanto procedimiento, exista una garantía a los derechos fundamentales de los administrados. Todo eso nos pone dentro de un camino específicamente de lo que significa un Estado social de derecho, y nos diferencia bastante de otros países.” (Memoria Congreso Jurídico Nacional. Trigésimo Aniversario de la LGAP)
Incluso es importante afirmar que el país es miembro de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) que ha indicado que existe “mucha fragmentación del sector público costarricense”; y que es necesario una modernización y un nuevo diseño institucional, para tener mejores instrumentos de planificación estratégica, seguimiento y evaluación para prestar mejores servicios; todos estos análisis están en el Mideplan; y entonces vemos que son viejos problemas, que a la fecha no se ha querido entrarles; le corresponde al Poder Ejecutivo en conjunto con el Poder Legislativo; ordenar la casa, y realizar la modernización de este diseño institucional. Las entidades no son pétreas e intocables; si han perdido el norte y sus fines, deben hacerse las reformas institucionales; en beneficio de la ciudadanía, de la eficiencia y buena administración de los recursos públicos.
Lejos de estar inventando nuevas entidades sin contenido presupuestario; ha llegado la hora de “desenredar el nudo gordiano” institucional. Y reitero el Estado es Único y todos los jerarcas de los Poderes de la República; les corresponde hacer las sugerencias, cuestionar y como ciudadanos en general impulsar la modernización del aparato institucional; la división de poderes está clara en cuanto a sus competencias y disposiciones de cada uno en la Constitución Política; pero debe darse la interacción, coordinación y coadministración en aras de proteger el interés público superior y el bienestar de la ciudadanía en general.
