Los electores exigen más que promesas

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Estamos a ocho meses de las elecciones. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer el “Calendario Electoral”. Va pasando el tiempo y llega el cumplimiento de las fechas, con miras a la celebración de las elecciones nacionales.

Van caducando los períodos para la inscripción de partidos políticos, de votantes y de candidatos.

En cumplimiento al Artículo 97 de la Constitución Política, a partir del 4 de agosto de este año y hasta 4 meses posteriores a la celebración del proceso electoral, la Asamblea Legislativa no puede convertir en leyes, proyectos sobre esa materia.

Los partidos políticos “calientan y aceitan” sus maquinarias, para salir de la modorra que representa el período entre elecciones; en esta ocasión un descanso más corto, por la celebración, el año pasado, de las elecciones municipales.

Algunas agrupaciones políticas han sacado a sus votantes de la inacción, mediante la celebración de las elecciones primarias. Liberación Nacional sumió al país -a liberacionistas y no liberacionistas-, en una fiesta electoral, por la realización de su convención interna. En el Partido Unidad Social Cristiana, que también realizó su convención, apenas medio calentaron “algunos fiebres”, que todavía quedan en las filas “socialcristianismo”. Otras tiendas políticas, aspiran a realizar sus procesos de elección, convocando a sus simpatizantes a participar en los procesos electorales, para escoger, entre los postulantes, a quién asumirá la posición del candidato, tal el caso concretamente del Partido Acción Ciudadana y del Movimiento Libertario. Al parecer, el PIN, ya escogió candidato, aunque aún le falta construir una estructura nacional.

A partir del 4 de setiembre, se inicia el plazo para que los partidos políticos presenten las solicitudes de permiso para realizar actividades proselitistas en zonas o sitios públicos y deberá estar disponible la División Territorial Electoral, que definirá la distribución de los centros de votación a lo largo y ancho del territorio nacional.

El 4 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones, en cumplimiento del Artículo 147 del Código Electoral, realiza la convocatoria oficial a elecciones. El proceso se realiza el primer domingo de febrero de 2018. Entre el día 4 y el 20 de octubre, se enmarca el plazo para inscribir las candidaturas de los partidos políticos.
El tiempo avanza inexorablemente.

Los costarricenses, unos más, otros menos, estamos a la espera de escuchar las propuestas de los partidos políticos, que esperan convertirse en depositarios del voto, del pueblo soberano.

El desgaste de la confianza, la erosión y la poca credibilidad de los costarricenses, a la “palabra del político”, no debe tomarse a la ligera. El deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas, ante el descrédito de “la política” y “lo político”, ya está haciendo estragos en naciones en que, se han elegido en los máximos puestos de representación popular, personas que sólo se han caracterizado por su mensaje populista, sus propuestas vacías y sus discursos xenofóbicos y nacionalistas en extremo.

Hasta ahora, los precandidatos y los candidatos, sólo han emitido enunciados, repetido promesas y hecho afirmaciones de lo que pretenden hacer, en una eventual administración.

Sabemos que hay una Comisión de Programa de Gobierno en el Partido Liberación Nacional, pero de los demás partidos no tenemos la menor idea si existen estructuras similares.

Lo cierto del caso es que, la propuesta de Programa de Gobierno que someta al escrutinio público, cada organización política, debe de constituirse en más que una lista de enunciados y propósitos. Debe plantearse claramente que hacer y, lo más importante, cómo hacerlo. Debe de ser una propuesta innovadora, pero confiable y con posibilidades de hacerla realidad.

Prometer hacer un tren, construir autopistas o rediseñar la ciudad, no es un proyecto viable para un período de cuatro años. Comprometerse a iniciar los estudios y avanzar un proyecto de esta naturaleza, poner los pilares que posibiliten resolver los problemas económicos, atenuar la deuda interna o reducir el déficit fiscal, ya mediante el incremento del PIB o la racionalización de gastos, resulta mucho más creíble, que las propuestas muchas veces inalcanzables o las promesas mesiánicas a que muchos políticos y partidos nos tienen acostumbrados y que, por ser poco realistas, jamás han calado en la voluntad de los votantes costarricenses.

Es momento de que los partidos políticos construyan propuestas responsables. Ya basta de promesas falsas y “palabras de político”. El electorado no quiere más sueños que terminan convirtiéndose en pesadillas. La realidad política y económica de Costa Rica exige acciones concretas, planes realistas y compromisos efectivos.
Esperemos que esto lo entiendan los candidatos y los partidos, antes de que sea demasiado tarde, se profundice la crisis de credibilidad que embarga a nuestro sistema político y continúe el proceso de deslegitimación, que han sufrido las instituciones democráticas costarricenses.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.