Ágora*
Por Guido Mora Mora
Los últimos meses, importantes sectores de la sociedad costarricense han expresado, mediante diversos medios, su malestar por la corrupción y la ineficiencia del Estado costarricense.
Redes sociales, comentarios en programas de opinión y muchos otros mecanismos, son usados para criticar, no pocas veces sin razón y mediando una gran dosis de ignorancia, el funcionamiento del Gobierno, el Estado y sus instituciones.
Las encuestas de opinión muestran la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones costarricenses y su desaprobación ante el accionar de sus jerarcas.
Rectores, jueces, diputados, ministros, clérigos y hasta el Presidente de la República, son objeto de críticas continuas, por lo que la opinión pública considera acciones erróneas, ilegales o inadecuadas, de los directores de las instituciones del Estado, de organizaciones sociales y de líderes de grupos religiosos. Ante estas críticas, prácticamente nadie se ha salvado.
Lo que los costarricenses no queremos comprender o nos negamos a aceptar, es que la lucha contra la corrupción y por el uso eficiente de los recursos públicos, es una tarea que se debe emprender desde el ámbito de gobierno más cercano de nuestra comunidad: desde los Gobiernos Locales.
Es por esto qué la convocatoria a las elecciones municipales el próximo 2 de febrero, reviste un alto grado de importancia, no sólo para los cantones en sí mismos, sino también para la Nación en su conjunto.
Con la convocatoria a la elección de las autoridades locales, se inicia el ciclo político electoral en Costa Rica. La renovación de los Gobiernos Locales y la designación de nuevos alcaldes, regidores y síndicos, constituye el primer paso para transformar la sociedad y la política costarricense.
Nuestras municipalidades no son hoy día las pequeñas organizaciones del pasado, que contaban con exiguos recursos y poca capacidad institucional.
Según datos de la Contraloría General de la República, para el año 2019 los presupuestos municipales ascienden a un total de ¢607.482 millones de colones, sin considerar los presupuestos de las municipalidades de Alajuela y Flores, por un total de ¢32.024 millones, que fueron improbados por el incumplimiento de requisitos legales indispensables. Para el año de 2019 el incremento de los presupuestos municipales, en relación con el año 2018, representó un 6,5%.
Este monto nada despreciable constituye la suma de los recursos de que disponen las autoridades locales, para administrar, atender y resolver los problemas más próximos de nuestras comunidades.
Es por esto qué no podemos dejar de preocuparnos por quienes ocuparán las curules municipales y la silla del alcalde de nuestro Cantón.
Por esta razón, no podemos confiar las posiciones del ámbito más próximo de gobierno, a personas que no tengan la preparación para programar, planificar y ejecutar los dineros que, contrario a lo que se piensa, no es que pertenecen a las municipalidades, sino que nos pertenecen a todos los habitantes del cantón.
De allí la importancia asumir una posición de lucha responsable, exigiendo la buena administración y la probidad en el uso de estos recursos en este ámbito local.
Constituye un acto de responsabilidad, un instrumento orientado al fortalecimiento de nuestra democracia, investigar quienes son los candidatos a alcalde, regidores y síndicos.
Por eso es importante no sólo ir a votar el próximo 2 de febrero, sino también informarse quiénes se postulan para ocupar esas posiciones de poder.
Vale la pena preguntarse: ¿Quiénes son?, ¿qué experiencia tienen?, ¿con qué formación académica y profesional cuentan para ocupar las posiciones a las que se postulan?, ¿qué han hecho por la comunidad?, ¿cuál ha sido su trayectoria pública y porque no, la privada? y qué programas y proyectos están sometiendo a la aprobación de los votantes cantonales.
Desde luego es imprescindible analizar las acciones que han realizado y la probidad con la que las han ejecutado. No podemos ignorar que, si por nuestros votos o por abstenernos de participar, esas posiciones las ocupan personas con poca capacidad o con trayectorias sombrías, nos convertimos irremediablemente, en cómplices de esa desafortunada elección.
La pesadilla electoral que vivimos en 2018, por la falta de compromiso y participación de amplios sectores sociales no puede repetirse. La transformación de la sociedad y la política costarricense se realiza mediante el único instrumento con el que contamos, que es la participación política comprometida y la emisión del sufragio responsable.
La sociedad y la política no se transforma únicamente escribiendo improperios, insultos o difundiendo medias verdades en las redes sociales. La sociedad se transforma asumiendo compromisos y cumpliendo cabalmente con nuestros valores y obligaciones democráticas.
Los costarricenses, ante los retos que nos impone nuestra democracia, nos vemos en la obligación de librar una batalla contra la corrupción y contra el mal uso de los recursos públicos. La emisión responsable del sufragio es el instrumento inmediato que tenemos para cumplir con esta tarea.
Ojalá que todos entendamos, en los meses que restan para las elecciones municipales, la importancia del peso de la participación democrática y del ejercicio del sufragio para nuestro sistema político y logremos mantener a nuestro país, como la democracia más consolidada de América Latina.
* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.