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Pizarrón
Vladimir de la Cruz
vladimirdelacruz@hotmail.com
En ello ha influido y ha sido determinante la corrupción en que se han visto envueltos algunos, no pocos, de esos funcionarios políticos, que se atribuye en mucho a los vicios del ejercicio de sus trabajos en cuanto a la administración municipal, la toma de decisiones administrativas, especialmente con contratos o patentes municipales, visación de planos y con todos los trámites atinentes a las gestiones que ante las Municipalidades se realizan, especialmente de permisos municipales, de prórrogas, en donde funcionarios inescrupulosos hacen de sus escritorios verdaderos centros de poder, que solo se mueven y agilizan mediante dádivas, coimas, propinas o diversos actos de corrupción, como hemos visto incluso a nivel ministerial, especialmente en el área de las construcciones públicas, con los contratos de carreteras y obras de infraestructura, de juicios e investigaciones sin terminar y concediendo de nuevo a esas empresas obras a realizar, sin que hayan cambiado, al menos públicamente divulgado, los funcionarios de las empresas y de las instituciones que se han visto envueltos en los escándalos de los casos conocidos. Algunos alcaldes hasta directamente han sido tocados o embarrados con la narco delincuencia, y hasta, no sería nada raro, hasta con el sicariato, que se posesiona en muchas comunidades y cantones del país.
Conozco casos donde funcionarios municipales, no solo individuales, sino interconectados con otros, bloquean las gestiones y permisos, de muchas maneras, alegando incluso decisiones de planes reguladores, que a otras personas en las mismas condiciones se les dan, incluidas las urbanizadoras a las cuales les dan tratos preferenciales. Esto opera también en ciertas instituciones. Conozco, igualmente, un caso en un Juzgado, donde un Juez atrasó un trámite de inscripción de una propiedad ganada en un remate que permitió que, el dueño que perdió ese remate y su abogado, por ese atraso, de manera corrupta, la volvieran a vender, provocando “movimientos de buena fe” en los trámites posesorios que han impedido que quien ganó el remate no pueda tener la propiedad a derecho. En casos como estos, en otros países, el sicariato cobra vidas.
La Contraloría General de la República, con apoyo en la Fiscalía General, y los organismos judiciales de investigación de delitos, deberían establecer investigaciones finas sobre municipalidades, en aquellas oficinas que tienen que ver con estos permisos, analizando a sus funcionarios y familiares directos que podrían verse favorecidos con estos procedimientos. El Poder Ejecutivo mismo, con ese empeño de comprarse broncas, especialmente contra la corrupción pública, podría también meterse y abanderar este asunto.
Las elecciones municipales que vienen a partir de noviembre ofrecen el escenario para discutir sobre los importantes y graves problemas municipales que tienen las comunidades. En todas hay quejas.
El primer golpe que se le ha dado a estas estructuras ha sido impedir que los alcaldes puedan reelegirse más de un período. Se han puesto los reflectores públicos en esos funcionarios como las causas, no solo de la mala gestión, sino de todos los males y vicios de corrupción que tienen y campean por el régimen municipal. Algunos alcaldes efectivamente se campean como zares políticos, como grandes señorones, algunos con uniformes del 10%, como intocables, no por gozar o tener alguna enfermedad bíblica o contagiosa, que antes conducía al encierro y a la separación social, sino por el poder que tienen, y los brazos y manos que hacen sentir, a veces como tentáculos por la organización que los acompaña.
Los reflectores públicos se han dirigido a personas llamadas Alcaldes, no a los partidos que pertenecen. No se han puesto los reflectores en los partidos políticos que postulan esos alcaldes. A estos partidos es a los que también hay que enfocar.
¿Qué salva a los partidos de ese enfoque y responsabilidad política? En este sentido, a nivel municipal, los partidos políticos literalmente no existen, no tienen locales permanentes abiertos, no convocan a los ciudadanos de sus cantones a discutir los asuntos municipales y comunales, no tienen vida diaria. Existen, obviamente, a modo de caciques y gamonales modernos las personas ligadas a ciertos partidos políticos, principalmente tradicionales, porque han participado en varios, o en muchos torneos electorales, y hasta han ocupado puestos municipales por ese motivo, en que destacan como “líderes” por haber resultado electos en esas Municipalidades.
Existiendo leyes como el referéndum y el plebiscito municipal no se practican como experiencia de poder ciudadano para discutir asuntos municipales o comunales. No hay interés de educar a los ciudadanos en el poder político que eso tiene.
Los partidos políticos nacionales y los provinciales, con representación política partidaria en diversos cantones, parecieran desconectados totalmente de esas estructuras, no se sienten políticas partidarias proyectadas hacia los cantones, donde resultado de ellas las personas y ciudadanos respectivos se identifiquen con esos partidos, y se preocupen por llevar sus mejores ciudadanos a esos puestos de Poder Político Local.
Cuando se separaron las elecciones municipales, de las nacionales, se pensaba que iba a corregirse este aislamiento y este desinterés. Pero no sucedió así. De nuevo se plantea volver a reunir, en un solo proceso, estas elecciones con las nacionales, además porque cuando estaba unidas las elecciones municipales eran el verdadero motor de atracción de votos para los partidos provinciales y nacionales. Hoy no es así, pudiendo ser si los candidatos de los partidos fueran no solo bien escogidos por sus méritos partidarios sino también por sus cualidades profesionales, personales y, sobre todo, morales y éticas, de honradez y honestidad conocida. En los partidos tradicionales como Liberación y la Unidad el efecto negativo de todo esto fue el control que llegaron a tener de la Asamblea Nacional, a manera de mafias políticamente organizadas, los alcaldes en la representación y poder de los delegados cantonales y provinciales a esas Asambleas Nacionales, donde de hecho municipalizaron la selección de candidatos, y en algunos de esos partidos, irresponsablemente, los líderes nacionales se convirtieron en los líderes de esas pequeñas mafias, “sindicatos de alcaldes”, los llamaron en algún partido, que a veces ellos mismos dirigían contra sus adversarios nacionales o internos en el propio Partido.
Los alcaldes en este proceso no han tenido la entereza moral y política de dar la lucha por poder explicar la necesidad de su reelección indefinida, como existía, porque la mayoría se dejó atrapar y cobijar por los trajes de corrupción que embarran, en el conocimiento popular y en algunos casos público, a algunos alcaldes, haciendo que esa reelección fuera la causa de los desafueros municipales. Ni han tenido eco en sus comunidades para mantenerlos.
Con la no reelección de los alcaldes se ha puesto en entredicho toda reelección, por más de un período. Esto también puede ser un riesgo para la misma democracia. La democracia política electoral no descansa en este cambio de dirigentes cada ocho años. Con solo mirar los escenarios de las democracias sólidas europeas se puede apreciar la experiencia, la madurez, el desarrollo de liderazgos fuertes, de cultura y educación política, cívica y ciudadana muy sólida, lo que falta mucho hoy en el país.
Estamos a las puertas, con el proceso electoral municipal en marcha, con un inicio ya de decenas de partidos, en su trámite de inscripción final, y sin candidatos importantes visibles que asomen en el escenario. Hay tiempo todavía para postular personas a los puestos de Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores y Síndicos.
En la picota lo que se siente es la guillotina contra los alcaldes. De todos los alcaldes la mitad de ellos, alrededor de 42, no tienen posibilidad legal de reelección, algunos con ejercicios de dos o más períodos de alcaldes que tenían. Esto también es un problema para los partidos políticos que han gobernado tradicionalmente las Alcaldías. Los principales son Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, que son los que históricamente han tenido más alcaldes y gobiernos municipales en sus manos. Pocas Alcaldías han estado en manos de otros partidos. Ni siquiera el Partido Acción Ciudadana cuando fue gobierno pudo tener más de 12 alcaldías. El actual Gobierno no tiene una sola porque no existía para el anterior proceso electoral de municipalidades.
El reto de este gobierno es participar con su propio partido, Pueblo Soberano, y ganar algunas municipalidades. Las giras del Presidente por el país parecieran estar coordinadas con este propósito. Está bien que lo haga. Es su derecho y es claro que el Presidente tiene interés de permanecer en la política nacional más allá de este gobierno. Las elecciones municipales para el Presidente, y su equipo, serán su primera encuesta nacional real de su aceptación en la gestión que lleva a cabo. El Partido Acción Ciudadana siendo gobierno no pudo pasar de 12 alcaldes. Esto es un problema principalmente de organización partidaria más de que de imagen presidencial. Pero este es el reto de Rodrigo Chaves Robles.
El reto, para los que están fuera del Poder Ejecutivo, en estas próximas elecciones, de un lado, sin el poder de reelección de los alcaldes, lo tienen, entonces, Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, que han tenido el control mayoritario de ellas. De otro lado, lo tienen todos los demás partidos que pueden disputar esas alcaldías que se rompen, en el monopolio de poder que tenían, para dar espacio a otros partidos, en la posibilidad de poder llevar personas, candidatos, ideales, honestos, y honrados públicamente conocidos, dispuestos a trabajar por sus comunidades.
Los alcaldes que se ven obligados por ley a no reelegirse ni postularse ya se están moviendo en una tercera posición, tan o más peligrosa que si ellos mismos se postularan. Es la posibilidad, que se rumora, en algunas municipalidades y alcaldías, y de las principales del país, donde los alcaldes salientes, expulsados legalmente de sus cómodos puestos, están impulsando a sus esposas, muchos de ellos, y algunos familiares directos como posibles sustitutos suyos, sin que sus esposas se hayan distinguido en el trabajo municipal, como dirigentes activas de sus partidos en esas comunidades, ni tampoco en el trabajo municipal de sus esposos como si fueran las Primeras Damas Municipales, con acciones propias de proyección política y municipal o cantonal. El ejemplo que se ha seguido a veces para las diputaciones se ha ampliado ahora, a la fuerza, para las municipalidades.
Legalmente no hay impedimento político para que las esposas de los alcaldes expulsados puedan ser candidatas. Los partidos que enfrenten estos procesos de nominación tendrán que asumir la responsabilidad política de esas sustituciones familiares. De ser así estamos también a las puertas de iniciar procesos de dinastías políticas familiares a nivel cantonal para los próximos años.
Con la mala fama de algunos alcaldes, y con la expulsión que se obliga a todos de sus puestos, se ha castigado a sus familiares inmediatos de poder acceder a esos mismos puestos, al menos en esta ocasión.
La renovación de las alcaldías pasa porque los alcaldes no postulen a sus esposas, ni los partidos políticos acuerpen esas sucesiones dinásticas.
Este es el reto para los ciudadanos seguidores de los partidos políticos, y para los ciudadanos activos en esos partidos políticos, que deben entonces, verdaderamente, luchar por depurar esas estructuras partidarias y depurar, con mano de cirujanos, la escogencia de los candidatos próximos a las 84 alcaldías nacionales y evitar que se entronicen las dinastías políticas cantonales.
