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Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
No podemos permitir que el asunto se nos escape de las manos y es de urgencia necesaria reactivar todas las vías posibles para tomar acciones y decisiones que ataquen este mal y flagelo nacional; lo peor es no hacer nada y seguir con los problemas acumulados durante muchas décadas en los diferentes gobiernos y legislaturas; y no se logra una solución integral; es el momento de tener una posición patriótica y todos desde “la trinchera” en que estemos aportar algo para construir en positivo. Esta semana quedó en evidencia la debilidad de nuestra Fuerza Pública, y como los policías tienen que realizar su trabajo en condiciones no aptas, con equipo que no está en las mejores condiciones, comisarías en estado insalubres, armamento que muchas veces no compite con las del crimen organizado, vehículos y motocicletas en desuso y tiradas por falta de mantenimiento, y múltiples problemas de funcionamiento y operatividad.
Desde el año de 1985 la Asamblea Legislativa instaló la comisión especial para investigar el tráfico de drogas, expediente legislativo n° 10.200, y la misma continuó el trabajo en la siguiente legislatura de 1986; luego siguieron otras comisiones que alertaron con preocupación “la penetración del narcotráfico en el país”; ya no solamente el país servía de puente aéreo, marítimo o por tierra, sino que inició el incremento de la distribución y consumo de drogas en los barrios de los cantones, las luchas por territorios; el crecimiento fatal del “sicariato” por ajuste cuentas donde se paga la deuda con la propia vida, ante un “tumbonazo” etc. Se estudiaron las relaciones e intervención de mafias internacionales y la relación con diversos sectores públicos y privados en el país.
Estas mafias para poder realizar con eficiencia su labor, se organizaron en el país, bajo la dirección de una estructura transnacional, que se encargó de las siguientes tareas ilícitas: tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero para disfrazar en actividades lícitas lucrativas. Se conoce que se establecieron las estructuras gerenciales que fueron creciendo en el tiempo, involucrando y reclutando a más personas relacionados con los distintos sectores públicos y privados. En la década de los 80s del siglo pasado, se organizaron las alianzas de los comunistas, grupos guerrilleros para financiar sus actividades, penetración en las Universidades Públicas, actividades terroristas, invasiones de tierras; y búsqueda de financiamiento para poder tener personal a tiempo completo y tener acceso al poder político; ejemplo: Las FARC en Colombia, los tupamaros en Uruguay, Sendero luminoso en Perú, calificados como terroristas por la Justicia Internacional.
Aquí en Costa Rica, existieron intentos de instalarse grupos guerrilleros terroristas, a través del adoctrinamiento en las Universidades, adonde trataron de tomar sitios estratégicos en distintas zonas del territorio nacional; pero se neutralizaron por las acciones gubernamentales y la fortaleza de “la política de reforma agraria”, que permitió realizar una distribución equitativa de las grandes fincas que existieron en el pasado, extendiendo la democracia social y económica; haciendo que esas ideas extrañas comunistas no tuvieran ninguna acogida en el campesinado costarricense y más bien un rechazo absoluto. Hasta el día de hoy ya están consolidados los canales de distribución de grandes toneladas de drogas a lo largo y ancho del país, cuyos excedentes son controlados y distribuidos por la transnacional a cargo que funciona como una estructura paralela al Estado costarricense, esto se salió del control de los Poderes de la República, ampliamente conocido en el ámbito internacional.
El Poder Ejecutivo envío una serie de proyectos de ley en el marco de la “Operación Costa Rica Segura” presentados el miércoles 19 de abril a la corriente legislativa; y ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa profundizar, estudiar y mejorar los proyectos para obtener una legislación moderna acorde con la crítica situación que se vive con la inseguridad nacional. Sabemos que esto no representa la solución definitiva, pero todos los esfuerzos deben servir para palear la criminalidad que golpea al país, con una tasa alta del 12,7 de homicidios por cada 100 mil habitantes y contraatacar las 133 estructuras criminales identificadas. Los Proyectos de ley son: resguardar la seguridad pública, modernizar las intervenciones telefónicas, reformar la ley de control de armas, extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, reforma sistema penitenciario nacional, adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil etc.
