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Fernando Berrocal
Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley para prohibir que jueces, fiscales y agentes del OIJ, asuman cargos políticos transitorios en el Poder Ejecutivo. Esa es la forma de acabar con las “puertas giratorias” en el país.
La iniciativa es del Diputado Geison Valverde del Partido Liberación Nacional (PLN), tiene el respaldo de la Procuraduría General de la República y fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La democracia no solo hay que defenderla. Hay que profundizarla y hay que mejorarla, para que siempre esté al servicio de la libertad, la justicia y la equidad social dentro del mejor Estado Constitucional y Social de Derecho.
La separación de Poderes es un principio esencial del régimen republicano y, esas “puertas giratorias”, se prestan para distorsiones injustificables de previo y con posterioridad a que un juez, un fiscal o un agente del OIJ, aunque sea en forma transitoria, ejerza un cargo eminentemente político o sea sesgado hacia una determinada ideología o un grupo de intereses políticos o económicos, en el Poder Ejecutivo. Esa distorsión hay que frenarla por la vía legislativa.
La justicia y la administración de justicia, así como las funciones de investigación previas a los delitos a cargo de los agentes del OIJ y el monopolio de la acusación penal a cargo de los Fiscales, deben ser absolutamente imparciales y no contaminadas por la política que está, siempre, parcializada y condicionada a sus propios objetivos e intereses. Esa es su legítima naturaleza.
Así es la política y no es de otra forma, sobre todo en la Costa Rica actual y, seguramente, en todas partes del mundo, después de la revolución de las comunicaciones y el predominio de las redes sociales en la vida en sociedad de los seres humanos y el poder de influencia y distorsión de esas nuevas tecnologías, para bien o para mal. Incluso, por encima de las mejores intenciones que se tengan desde el Gobierno de la República o bien desde los partidos políticos de oposición en la Asamblea Legislativa. No me refiero a las tecnologías que son neutras. Me refiero al uso de las mismas como instrumentos propagandísticos y para fines politiqueros y no POLITICOS, como ha quedado demostrado y es un hecho de la realidad irreversible.
La independencia e imparcialidad del Poder judicial es un principio esencial del sistema republicano y la vida en libertad y democracia. La lucha política es otra cosa y es un terreno demasiado fértil para todas las pasiones que se encuentran en la base misma de la condición humana y que, hoy por hoy, son exacerbadas con relativa facilidad por expertos y profesionales especializados y redes dedicadas a tales fines. El daño de contagiar de política al Poder Judicial y permitir esas “puertas giratorias” es irreparable y propio de los autoritarismos en América Latina, sean de extremas derecha o izquierda.
Tal vez en el pasado, un tema como éste no habría sido jamás objeto de un debate parlamentario. Pero es que, con el mayor de los respetos, hay una abismal diferencia entre un Ricardo Jiménez Oreamuno que fue tres veces presidente de la República (político), presidente de la Corte Suprema de Justicia (juez) y presidente de la Asamblea Legislativa (legislador) y las circunstancias reales de la Costa Rica del presente, a todos sus niveles y en los tres poderes de la República. Así que mejor establecer ese límite y esa frontera.
Por eso, también, otra noticia que es de la mayor importancia, es la iniciativa parlamentaria para constituir una Comisión Especial de Reformas Electorales.
Ojalá fuera más bien de Reforma Política y se tomen el tema de verdad en serio en la Asamblea Legislativa y en el país. Este es un tema prioritario nacional y ojalá, también, por ello, que esa comisión o foro parlamentario especial que impulsan cuatro fracciones legislativas, no se quede solo en los temas importantes, del uso de troles y la desinformación en la campaña políticas, la propaganda electoral por medio de páginas falsas y otros temas de similar naturaleza, como los adelantos financieros por parte del TSE a las campañas electorales. Todo eso hay que aclararlo, legislarlo y transparentarlo.
Pero lo que Costa Rica más necesita, a estas alturas del siglo XXI, es que le entremos a fondo y de verdad, como país, al tema sustantivo y democrático del sistema de elección de los Diputados, porque ese tema tiene que ver con la crisis de los partidos políticos en la sociedad moderna y con la mejor representación de los electores, o sea el pueblo, en el Primer Poder de la República y que, a la vez, se analicen otras reformas sustantivas necesarias para avanzar del estricto presidencialismo de nuestros primeros 200 años de vida independiente y republicana, a un sistema intermedio y probado con éxito en otros países, entre el presidencialismo y el parlamentarismo; en el que, por ejemplo, la censura calificada y justificada a un Ministro de Estado, sea causa de su separación inmediata del Poder Ejecutivo y no una simple declaración sin efectos reales, ni resultados, a menos que los implicados se lo tomen en serio y reaccionen como japoneses, pero ese no es el caso en nuestra Costa Rica.
Como base de análisis, existen diferentes iniciativas, incluso de grupos intelectuales y cívicos privados, para que el sistema de elección de los Diputados se divida entre Distritos Electorales y Listas Nacionales, de manera que se integre de una mejor forma la Asamblea Legislativa y se refleje, con ello, la realidad política nacional del presente, en que un altísimo número de ciudadanos no se sienten militantes de ninguno de los partidos políticos y son críticos de sus cúpulas dirigenciales, a nivel nacional, provincial y cantonal.
Este argumento, a estas alturas del siglo XXI, es contundente, porque el sistema democrático se fundamenta en la mayor representatividad posible y en el máximo de participación electoral ciudadana. Además, aunque la reforma eleve un poco el número de Diputados, el efecto presupuestario de ese hecho se podría mitigar con solo que se reduzca el número de asistentes y colaboradores de los Despachos de cada Diputado. Es un asunto de racionalización de los gastos en la Asamblea Legislativa, si al dividir el país en 30 Distritos Electorales, establecidos por número de electores, para elegir dos Diputados y sumar 15 Diputados por Listas Nacionales, el número de legisladores de eleva de 58 a 75 Diputados. Otra alternativa sería tres Diputados por 20 Distritos Electorales y 15 Diputados de Listas Nacionales.
La mejoría cualitativa y de representatividad, justifica con creces el aumento presupuestario y nuestra democracia ganaría sustancial y cualitativamente en representatividad y participación ciudadana. Es decir, en mejor democracia.
Si, paralelamente, se regresa al sistema anterior y las elecciones municipales de Alcaldes y regidores para los 84 cantones de la República, se realizan al mismo tiempo que las elecciones nacionales, el país no solo ahorraría en recursos presupuestarios que pagamos todos los ciudadanos, sino que igualmente se fortalecería el sistema de partidos políticos y se evitarían una serie de daños colaterales que enfrenta, actualmente, el régimen municipal y la democracia costarricense, sin afectar para nada la importancia fundamental de la descentralización y autonomía constitucional de las Municipalidades.
Primero, porque un país, ningún país, puede vivir en política permanente con elecciones y divisiones nacionales cada dos años, como sucede en Costa Rica.
Menos en una bronca política permanente que no significa madurez, sino exaltación y problemas psicológicos de naturaleza social e individual. Los países necesitan equilibrios y reglas claras y bien definidas, respetadas por los gobernantes y por los gobernados. Las sociedades, todas las sociedades, por más noble y necesaria que sea la POLITICA, necesitan trabajar en paz y con estabilidad, educar a las nuevas generaciones de la mejor forma y con estándares de calidad, producir y exportar, atraer inversiones extranjeras directas y nuevas tecnologías, generar riqueza y distribuir con justicia y equidad social, dentro de un Estado Constitucional y Social de Derecho que facilite los procesos económicos y las relaciones objetivas entre el sector público y el sector privado, así como entre el gobierno y los gobernados.
Lo más absurdo de la política con minúscula, en la realidad económica y social del presente, es un Estado Nacional obstructor y no facilitador, como está sucediendo en Costa Rica, en donde prevalece el No se puede burocrático, en lugar del Sí se puede de una visión desarrollista y moderna, por razones de temor y, objetivamente, de una excesiva y distorsionadora tramitología a todos los niveles de esas relaciones que, por el contrario, deberían ser complementarias y subsidiarias, en un “proyecto país” con objetivos y metas POLITICAS bien definidas, para alcanzar el mayor beneficio de todos y todas sus habitantes. Esto de vivir en una bronca y una obstrucción permanentes a mí no me convence. Tengo otra visión de la función pública y de la POLITICA.
Segundo, porque una de las causas de la crisis de los partidos políticos, precisamente, obedece a la falta de coherencia y de proyecto ideológico común interno, entre sus dirigencias nacionales y los aparatos partidarios de intereses restringidos a los propios y personales de los grupos de dirigencia cantonal, lo cual afecta esa coherencia e interviene con sus elecciones internas y en la separación creciente entre los partidos políticos y las bases ciudadanas.
Esta tensión interna, la resolvió con inteligencia el PUSC al modificar sus estatutos recientemente, mientras el PLN que es mi partido político, sigue enredado en esas contradicciones internas de poder. El FA, Nueva República y el Liberal Progresista, en ese aspecto, son partidos mucho más verticalizados, como debe ser, sin dejar de ser estructuras políticas con democracia interna. No hay que confundir la “gordura con la hinchazón”, como dice nuestro pueblo. Los partidos políticos necesitan liderazgos fuertes y aglutinadores, tesis ideológicas claras y bien definidas, propuestas escritas de gobierno para generar soluciones nacionales y principios éticos claros y contundentes, para lograr y motivar a militancias comprometidas. Así se funciona en democracia. No de otra forma. Los problemas del actual gobierno, en mucho, obedecen precisamente a la ausencia total de un partido político con esas características.
Eso nos lleva a otro punto esencial de nuestra POLITICA: el plazo de gobierno y el tema de la reelección que, igualmente, deberían ser aspectos a considerar. Cuatro años de gobierno son realmente insuficientes. Se debería considerar aumentar el período de gobierno a 5 años. Estoy, eso sí, en contra de la reelección inmediata en Costa Rica. La reelección después de dos períodos me parece lo correcto, si los gobernantes han dado la talla con resultados positivos y le han servido con mérito, ética y dignidad al país y a sus comunidades. Esa es nuestra historia constitucional desde el inicio de la República. Al aumentar el período a cinco años, el plazo de 10 años es suficiente para modernizar la institucionalidad, fortalecer a los partidos políticos y engrandecer y proyectar, en la conciencia racional y afectiva de la sociedad y los ciudadanos, los buenos liderazgos y las mejores opciones políticas partidarias e ideológicas, manteniendo la alternatividad y el sistema de vida en libertad y democracia.
