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Por Iván Cadin
PARÍS (IPS) – Chile está ante una cita histórica: el domingo 4 aprobará o rechazará la propuesta de carta magna que presentó hace unos meses la Convención Constitucional, un órgano conformado por igual número de mujeres que varones, representación de pueblos indígenas y un fuerte rol de candidaturas independientes.
La propuesta fue redactada en tiempo y forma tras el resultado del plebiscito de octubre de 2020, en el que 78 % de los votantes expresó su deseo de una nueva constitución redactada por un órgano constituyente electo para ello, una exigencia que fue en aumento tras el estallido social de 2019.
Sin embargo, tras casi tres años de aquella rebelión y tras sucesivos descalabros electorales de la derecha chilena, es justo en estos momentos, en la antesala del plebiscito de salida, que el conservadurismo chileno ha logrado rearticularse e instalar fuertes trabas al proceso democrático y constituyente que los chilenos buscan continuar.
En medio de una campaña –que cerró este domingo 28- caracterizada por la fuertísima presencia de mentiras, bulos y desinformación sobre los alcances que promulga el nuevo contrato, la elección se vislumbra cerrada.
Mientras los promotores del Rechazo sustentan su fuerza en una serie de encuestas que los dan por ganadores (en una media de 53 % a su favor contra 47 % por aprobar), el Apruebo basa su confianza en el proselitismo a ras de tierra, en el interés que ha despertado entre la población la propuesta y en los inmensos mítines que ha logrado convocar. Sin embargo, ambos sectores saben que no son ni las plazas llenas ni las encuestas favorables quienes marcarán el voto del domingo 4.
El autor, Iván Cadin
Quienes van por el Rechazo advierten que diversos artículos son radicales e implican peligros para la democracia chilena. En menor medida están quienes, por el contario, buscan rechazarla porque no es lo suficientemente revolucionaria. En términos generales, en esta opción uno encuentra a toda la derecha chilena y a varias figuras de la socialdemocracia de la transición y de la izquierda dura.
Por el lado del Apruebo vemos un mapa diverso de las izquierdas chilenas, que más allá de puntuales diferencias han logrado alcanzar un consenso sobre el espíritu de la nueva constitución, un texto notablemente diferente a la carta magna que rige hoy día, impuesta en 1980 en plena dictadura y con una marcada firma ultraliberal.
La expresidenta Michelle Bachelet apoya el Apruebo, por ejemplo, a diferencia de otras figuras de la Concertación o Nueva Mayoría, la clase política de socialistas y democratacristianos que encabezó los años de la transición en la nación andina.
La Propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022 se ha convertido en uno de los libros más vendidos en el país. Con 178 páginas, 11 capítulos, 388 artículos y 57 transitorios, el documento también está disponible en formato digital. Esta obra ubica a Chile a la vanguardia, pues es la primera vez, en todo el mundo, que un grupo paritario de mujeres y hombres escribe un texto constituyente.
Desde 2012 el voto es voluntario en Chile, pero en esta ocasión el sufragio será obligatorio. Quien no lo emita podrá ser multado con sumas que van de los 30 mil a 180 mil pesos chilenos (33 a 200 dólares). Están convocados a participar 15,1 millones de chilenas y chilenos inscritos en las listas electorales, en una población de 19,2 millones de personas.
388 artículos, 388 posibilidades de mentir
A inicios de 2022, la organización Derechos Digitales y la encuestadora Datavoz publicaron un estudio que indicaba, entre otras puntos, que casi 78 % de la población chilena afirmaba querer estar informada respecto a la Convención, que 58 % aceptaba haber consumido información que resultó ser falsa y que la principal fuente de donde se obtenía esa información provenía de las redes sociales (66 %). El mismo estudio señaló que seis de cada 20 personas aceptaban haber compartido información falsa.
“Chile es el primer país del mundo que está enfrentando un proceso constituyente en la era de las fake news. (…) Hay 388 posibilidades de hacer fake news”. Esta declaración a la prensa del abogado constitucionalista y académico chileno, Javier Couso, no fue exagerada.
Todo este año las redes sociales chilenas han sido un caldero de abiertas mentiras o de verdades a medias manejadas mañosamente. Una dinámica por la que pasa todo tipo de actores: bots, influencers, clase política, dudosos portales informativos que nacen de la noche a la mañana y hasta medios y figuras del periodismo tradicional.
Hace unos meses, Rodrigo Pulgar, un youtuber chileno decidió hablar públicamente sobre lo que había vivido en los oscuros pasillos de las oficinas que trabajan en la divulgación deliberada de mentiras:
“Empecé a hacer este tipo de contenido (contra la nueva Constitución) por mis convicciones, soy libertario y fui invitando a gente de lo que se llama la fachósfera, pero a medida que me iba adentrando en este círculo me fui dando cuenta que había diversos tipos de personas, que compartían fake news, que inventaban cosas e iban extremando el discurso”, aseguró.
Señaló que estos grupos se organizaban en war rooms (salas de guerra), donde gente contratada para ello tenía como tarea viralizar mensajes preestablecidos en las redes sociales y así enturbiar ciertos temas en la opinión pública.
Una campaña llena de deinformación y fake news
Durante la redacción de la propuesta, la entonces senadora Ena von Baer aseguró que la Convención se había “propuesto cambiar la bandera, el himno nacional y el nombre del país”. Aunque se señaló que tal especie era una mentira, la aseveración se viralizó y Von Baer respondió diciendo que “a la izquierda le duele escuchar la verdad”.
“República de Chile, nuestra bandera, nuestro himno… ¿ahora van por la cueca?”, tuiteó la exministra de Educación y de Medio Ambiente del derechista Sebastián Pinera (presidente hasta marzo), Marcela Cubillos, cuando sacó de contexto las declaraciones de una constituyente mapuche durante las deliberaciones sobre Derechos Fundamentales, también durante los trabajos de redacción.
Cubillos, constituyente en ese momento, fue amonestada por el comité de ética de la Convención por “faltar a la probidad y desinformar a la opinión pública”. Cubillos respondió acusando de autoritarismo de “la izquierda” y ataques a su “libertad de expresión”.
“El Estado decidirá si tienes acceso al agua, y podrá quitártela cuando quiera… a menos que seas indígena”. Esta frase venía en un folleto que la también exconvencional Constanza Hube promovió a favor del Rechazo.
¿Más ejemplos? Aviones llenos con gente de Haití y Venezuela están llegando al país para votar Apruebo; la propiedad privada peligra dados los cambios en salud, educación o vivienda pública; se legaliza el aborto hasta los nueve meses de gestación; los pueblos indígenas ahora serán privilegiados que decidirán sobre el país; Chile se convertirá en Cuba, en Venezuela, caerá en las garras del Foro de São Paulo y del “marxismo cultural”…
En fin, una serie de imaginarios que, aparte de hacer «copiar y pegar» casi idénticos con casos de desinformación de otras partes del mundo, se propagan en redes sociales sin la menor verificación y bajo forma de memes, fotos, audios o videos editados, supuestas notas informativas, declaraciones sin fuente ni rigor.
Ante la abrumadora marea de noticias falsas entraron a escena diversos mecanismos de verificación, ya sea de periodistas como Fast Check CL o la agencia AFP, hasta el mismo Servicio Electoral Chileno, Servel, quien abrió una sección en su portal y sus redes sociales para tal efecto. Diversas voces de la sociedad chilena invitaban a informarse adecuadamente ante la lluvia de lodo informativo y la importancia del evento a votar.
La Biblioteca del Congreso abrió un sitio para comparar, contrastando las fuentes, diversos temas de interés público entre la constitución de 1980 y la propuesta constituyente. Basta leerla directamente, no lo que se interpreta de ella en redes y medios, sino la fuente misma, para verificar que no es el libro macabro come-niños que las fake news dibujan.
Los grandes medios, militantes de la derecha
La periodista chilena María Olivia Mönckeberg, autora del libro Los magnates de la prensa. Concentración de los medios de comunicación en Chile, ha dicho que este país es un caso paradigmático el tema:
“Además de la privatización de empresas, universidades, pensiones, seguridad social, parece que también en esto (los medios) hemos sido una cosa de laboratorio”, afirmó.
Aunque comenta que la concentración mediática es un fenómeno mundial, el caso de Chile le parece especial, dado que tiene un empresariado muy militante en la ideología conservadora, situación que se percibe en la historia reciente del país.
Sin la participación de los grandes medios no se habría dado el golpe de Estado de 1973 ni tampoco el cerco mediático al “No” en el plebiscito de 1988, donde Chile decidió si continuaba o se iba el dictador Augusto Pinochet, y que decidió su salida.
Más cercano a nuestros días, es notorio el fuerte sesgo contra el hoy presidente de izquierdas, Gabriel Boric, en el poder desde marzo, o contra la opción del Apruebo.
Si bien los emporios mediáticos no suelen ser tan pedestres al promocionar abiertas mentiras (aunque siempre existen las excepciones), su cobertura informativa se ha engolosinado con factores externos o personales de los constituyentes para desgastar el proceso en sí y deslegitimar el trabajo de redacción y negociación, magnificando y ampliando casos como la constituyente Teresa Marinovic, quien no quiso usar cubrebocas en las sesiones.
O el de Rodrigo Rojas, quien llegó a ser constituyente tras hacer activismo por la salud informando que padecía leucemia, enfermedad que después confesó que no tenía, o el del ambientalista Nicolás Núñez, quien solicitó durante una sesión en la que él se encontraba en videoconferencia, votar a viva voz pues se estaba duchando.
“Todos son iguales”, comenzó a escucharse en muchos medios.
Boric, ya por entonces presidente, ante las reiteradas preguntas sobre estos casos, respondía que eran conductas inapropiadas pero que eran casos específicos y que no calificaban el desempeño en general de la convención y del texto que por entonces se redactaba.
“Quiero decirle a los chilenos que no se dejen guiar por quienes instalan abiertamente mentiras”, dijo Boric en abril, cuando tenía escasas semanas en la Presidencia pero la Convención ya llevaba varios meses redactando la propuesta.
“Es importante que la evaluación del cambio que se quiere hacer se haga con el texto real que se va a proponer. Y ahí (hago) un llamado a informarse”, añadió.
La derecha logra reagruparse
Si para abril el Rechazo perdía tres a uno frente al Apruebo, el terreno comenzó a cambiar los meses siguientes. A escasas semanas del 4 de septiembre la inmensa mayoría de las encuestas daban, en promedio, 53 % para el Rechazo y 47 % para el Apruebo (sin contar indecisos).
La danza de cifras que proponen las encuestadoras siempre debe tomarse con cierta distancia. Sin embargo, todas sí confirman el terreno que en estos meses ganaron los sectores conservadores en el ámbito de la narrativa.
La derecha comenzó a retomar un tanto del terreno que había perdido desde el estallido de 2019.
Entre las fake news, los errores del gobierno de Boric (vistos con lupa), las generalizaciones del trabajo constituyente a partir de casos específicos, la inflación que (también) se eleva en Chile, los casos de delincuencia y violencia tratados bajo un matiz amarillista… Todo fue utilizado. La derecha sabe que la acción de gobierno desgasta y ahí ha jugado sus cartas. Y relativamente les ha funcionado.
La primera Constitución del mundo hecha en paridad
Dividida en 11 capítulos (Naturaleza y Medio Ambiente, Derechos Fundamentales y Garantías, Participación Democrática, Buen Gobierno y Función Pública, entre otros), la propuesta de constitución chilena para el siglo XXI se sustenta sobre cuatro columnas: los derechos de las personas, una nueva política económica que fortalece lo público, el rol del Estado y la importancia del medio ambiente.
Abre con esta frase: «Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático».
La nueva Constitución refleja desde el Artículo 1 su nuevo espíritu, a diferencia del ánimo netamente lucrativo y mercantil que posee la actual carta magna: define a Chile como un “Estado social y democrático de derecho (…), plurinacional, intercultural, regional y ecológico (…), una república solidaria (con) democracia inclusiva y paritaria».
Posee, también, una perspectiva ambientalista, reconociendo la crisis ecológica y la necesidad de enfrentarla (Arts. 127 a 129). Establece que los bienes comunes naturales no pueden ser enajenados, con “el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras” (Art. 134). Indica que el Estado vigilará el uso «razonable de las aguas» con la creación de la Agencia Nacional del Agua, “de carácter incomerciable» (Art. 142).
En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, confirma la “interrupción voluntaria del embarazo” (Art. 61) así como el reconocimiento de derechos LGBTIQ+ (Art. 25). Apenas en 2017 la constitución chilena permitió despenalizar el aborto en tres causales (salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.)
El documento da peso legal a las decisiones comunales de los diversos pueblos indígenas, en temas que toquen sus derechos o comunidades: «Pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado, en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución» (Art. 191), reconociendo 11 pueblos y naciones (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley)» (Art. 5).
Asimismo, reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, detallando que deben respetar la Constitución y los tratados internacionales (Art. 309).
En cuanto a derechos sociales propone un sistema de seguridad social público (Art. 45), un sistema nacional de educación (Art. 36). La ley actual da prioridad a las aseguradoras privadas de salud, mientras que la propuesta habla de crear un Sistema Nacional de Salud que recibirá las cotizaciones obligatorias en salud, sin cerrar, para quien lo desee, los seguros privados extra.
Estipula que el período presidencial sigue fijo en cuatro años con la posibilidad de reelección consecutiva o posterior por una vez (Art. 284). Se elimina el Senado y se instalan dos Cámaras de poder «asimétrico»: el Congreso de Diputados y Diputadas y una nueva “Cámara de las Regiones”, que sustituiría al Senado (Cap. 7, Poder Legislativo).
Reduce a tres estados de excepción, a diferencia de los cuatro que contiene la actual: de asamblea, «en caso de conflicto armado internacional»; de sitio, «en caso de conflicto armado interno», y de catástrofe, «en caso de calamidad pública» (Art. 301). Elimina el “Estado de Emergencia”, herramienta que actualmente permite al gobierno otorgar diversas facultades de acción a las Fuerzas Armadas “en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación”.
Indica la creación del “Consejo de la Justicia”, que deberá contar con 17 integrantes, ocho juezas o jueces escogidos por sus pares, dos profesionales del Sistema Nacional de Justicia escogidos por sus pares, dos integrantes elegidos por las naciones indígenas y cinco más determinados por el poder legislativo (Art. 344).
La propuesta también incorpora modificaciones a derechos laborales, como el derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga (Art. 47). En la actual ley impera la política de “los grupos negociadores”, una práctica totalmente antisindical y usualmente muy proclive a los interés de las patronales.
Si gana el Apruebo: cambios a la nueva Constitución
Dado que tanto Apruebo como Rechazo se dicen seguros del triunfo en el plebiscito, se han abierto dos hojas de ruta que deben considerarse dado que quien se alce con la victoria lo hará de manera cerrada, por lo que el peso político del contrario, aun perdiendo, tendrá margen de maniobra.
Las coaliciones en el gobierno (Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad) firmaron el pasado 10 de agosto el acuerdo Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución, donde se comprometen a realizar algunas enmiendas inmediatas a ciertos artículos de la Constitución apenas sea aprobada para así “mejorarla”.
“Voy a garantizar que ese acuerdo se implemente”, respondió el presidente Boric ante el anuncio de esta iniciativa. “Hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación, así como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar”, añadió.
Se propone, por ejemplo, que las consultas a los pueblos indígenas se apliquen solamente a las materias que los afecten de manera directa, y que el consentimiento previo de las comunidades «no sea exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales».
Igualmente, ante las críticas que ha recibido por parte de la derecha referentes a los «Estados de Excepción», el acuerdo propone restablecerlo en la Constitución ante una “grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho».
En cuanto al tema de los cambios al sistema político, el acuerdo se dice abierto a buscar un mejor equilibrio entre los poderes legislativo, central y territorial, sin mencionar nada sobre la eliminación del Senado. Sobre la reelección presidencial proponen que no debe proceder de manera consecutiva.
Pero sin lugar a dudas, más allá del debate sobre determinados artículos, si el Apruebo se alza con la victoria, será el fin de la constitución de 1980, un texto redactado bajo sangre, fuego y botas militares y que, a pesar de las reformas que ha tenido, rige a Chile hasta el día de hoy bajo una lógica ultracapitalista.
Y si contamos los siete años (1973 a 1980) en los que, tras el Golpe de Estado, la dictadura asumió el poder Ejecutivo, Legislativo y Constituyente gobernando mediante decretos que suspendieron la entonces constitución vigente (de 1925), el Apruebo rompería con casi medio siglo de una inercia constitucional sumamente nociva para la vida pública chilena.
Aprobada la nueva Constitución, el texto establece (Art. 142) que “el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes (…) convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República”.
Para efectos de la transición entre la actual y la nueva Constitución, el texto explica que “toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución.
A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional”.
Obviamente, para el programa de gobierno del presidente Boric, la mejor forma de avanzar en él dependerá en gran medida de la aprobación de la propuesta, aún y con las futuras reformas.
En caso de que el Apruebo gane, los sectores de la derecha han preferido hacer mutis y no tender puentes concretos para trazar hojas de ruta con el gobierno. Su apuesta es al Rechazo.
Si gana el Rechazo: un camino difuso
La posibilidad de que gane el Rechazo también es latente. Y si el Apruebo beneficia el plan de gobierno del presidente, el Rechazo lo mete en problemas.
El presidente chileno aboga por una nueva Constitución, “ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo”, dijo en una entrevista televisiva hace unos días. “Quiero decir que ambas opciones son legítimas, remarca.
«Si gana el Rechazo vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención, eso va a tomar, por cierto, más tiempo», puntualizó.
Y agregó: «Pero, el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución, que sea escrita de manera democrática, paritaria, con más participación de lo que se hizo tradicionalmente».
De acuerdo a las autoridades electorales, si se diera este caso, se requerirían 125 días tras el plebiscito de salida para convocar a una nueva constituyente.
Como Boric, muchas voces en el espectro de las izquierdas chilenas plantean este escenario B recordando que un amplio mandato ciudadano se expresó en 2020 exigiendo una nueva carta magna. Sin embargo, del lado de la oposición, la principal promotora del Rechazo, su postura sobre los pasos a seguir es difusa.
La coalición de derechas Chile Vamos público el documento Una Nueva y Buena Constitución para Chile, donde reitera que buscan una nueva constituyente mientras rechazan la que se está proponiendo. Indican que en caso de ganar el rechazo se comprometen “a llegar a un acuerdo amplio y transversal que permita tener una nueva Constitución para Chile” y enlistan diez compromisos entre los que están el Estado social y democrático de derecho, un nuevo presidencialismo, el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, entre otros enunciados.
La contradicción es que cuestionan en la actual propuesta de constitución los mismos compromisos que dicen defenderán en una eventual y futura constituyente que no terminan tampoco de aterrizar cómo piensan realizarla: ¿reformas en el Congreso?, ¿convocar a una nueva Convención?, ¿si es así, bajo qué forma?, ¿convocar a un comité de “expertos”?
Por su parte, la otra agrupación de derechas, el Partido Republicano, de José Antonio Kast, se mantiene en la ruta del Rechazo pero a diferencia Chile Vamos, ellos no hablan de conformar una nueva constituyente sino preguntar de nuevo si se requiere o no cambiar la constitución heredada de Pinochet.
“No podríamos explicar, yo al menos no me podría explicar, que lleguemos a los 50 años del Golpe, que son el próximo año, con la Constitución de Pinochet vigente por decisión nuestra», dijo en días recientes en televisión la ex diputada Carolina Tohá, resumiendo en pocas palabras el sentir de millones de chilenos ante la posibilidad del triunfo del Rechazo.
Hija de José Tohá, ministro de Interior en el gobierno de Salvador Allende asesinado por estrangulamiento a manos de militares, la también exalcaldesa de Santiago e intensa promotora del Apruebo, ha señalado en diversos foros que la jugada de la derecha chilena es ganar tiempo para recomponerse de los fuertes y recientes descalabros electorales que ha sufrido y postergar, desgastar, descafeinar en lo posible el proceso constituyente.
Dado el respiro que le otorgaría un triunfo del Rechazo (aun siendo cerrado), las derechas adquirirían cierto impulso, en detrimento de las fuerzas de izquierdas que redactaron la Constitución y del propio gobierno, que debería rehacer su estrategia, al menos al corto plazo, dado que su plan de gestión está muy condicionado a las posibilidades que le abre la nueva Constitución.
Como se ve, el 4 de septiembre es una fecha decisiva para el futuro de Chile.
Este es un artículo de opinión de Iván Cadin, analista, periodista y politólogo. se publicó originalmente en la plataforma informativa mexicana Pie de Página, con quien IPS mantiene una alianza de intercambio de contenidos.
RV: EG
