La estrategia para destruir nuestra democracia

Ágora*

Guido Mora Mora
guidomoracr@gmail.com

M
Me atrevo a afirmar que, en nuestro país, el Estado y la sociedad costarricense están viviendo un punto de inflexión.

En lo económico tenemos una crisis fiscal, generada hace más de veinte años y que nunca ha sido enfrentada con eficiencia y eficacia por anteriores gobiernos. Prueba de eso es que persiste y pesa como una grave amenaza, para el funcionamiento del Estado.

Esta Administración, tiene la obligación de atender y atenuar el impacto de esta crisis económica, si pretende hacer viable su mandato y evitar que Costa Rica caiga en un caos social y económico, como el que han vivido otras naciones del mundo.

La resistencia de grupos sociales, encabezados por sindicatos, políticos y grupos profesionales o de interés, no es sino un ejemplo de la gremialización del Estado costarricense, en donde, con el tiempo han pesado más los intereses particulares, que el interés general.

El problema es que esta crisis no se circunscribe sólo a ese ámbito. Costa Rica sufre también una crisis en lo ético, que dificulta atender el problema económico y más bien, tiende a manifestarse como un síntoma gravísimo, de un conjunto de acciones orientadas fundamentalmente a destruir nuestra democracia y atentar contra el sistema social de derecho que hemos disfrutado por décadas.

Las muestras de esta realidad son visibles y en los últimos meses han sido contundentes. Veamos:

1- Hemos sido testigos de estafas millonarias, contra el pueblo de Costa Rica, en donde empresarios “de renombre”, se han apropiado de dineros de la banca nacionalizada, solicitando créditos sin ofrecer garantías. Los dineros, paradójicamente “se han extraviado”, algunos de los empresarios están guardando prisión, pero los responsables en las instituciones financieras se mantienen impunes, como si no tuvieran corresponsabilidad en la consumación de los delitos cometidos contra los recursos de los costarricenses.

2- En apariencia, a lo largo de los años, se construyó y estableció una “red de cuido”, que protege a políticos y funcionarios, con el fin de que puedan disfrutar de privilegios y hasta burlar las leyes, en donde, figuras visibles y otras no tanto, han conformado una especie de “nomenclatura”, en el mejor estilo estalinista, que se caracteriza por estar exenta del cumplimiento de la legislación y protegida para que no sea juzgada, ni sometida siquiera a la posibilidad de ser llevada a los Tribunales. El nombramiento de algunos Magistrados y su posterior caída; la inacción, la prescripción de múltiples causas y la reciente destitución -obligada- del Fiscal General, es muestra de esta situación, en donde la Corte Plena actúa por presión social y ante un escándalo público; no por la convicción de mantener las estructuras jurídicas de ese Poder de la República, libre de dudas y alejadas de las sospechas de corrupción.

3- A esta situación y en medio de la crisis fiscal, sorprende ver a estos altos jueces, a los retirados, a los Magistrados pensionados, -y a otros pensionados de lujo-, recurriendo a las instancias jurídicas, para conservar pensiones desproporcionadas y ajenas a la realidad económica costarricense. Una vez más priva el interés particular, ante el interés general.

4- En el Poder Legislativo, encontramos otra de las manifestaciones del deterioro del sistema político y la estrategia de aniquilación de la democracia. Por una parte, miembros de este Poder se ven envueltos en los casos de corrupción que, como nunca, alcanzan de manera simultánea, a representantes de todos los Poderes del Estado. Posteriormente, se produce la elección de un grupo de diputados, cuya característica común es ejercer como “pastor (a)” y ser parte de una tarea partidista de “cumplimiento de cupos”, para satisfacer los requerimientos de la legislación electoral, pero que, desde sus primeras manifestaciones, han demostrado una absoluta incapacidad para ejercer el alto cargo para el que fueron electos. Los conflictos intra fracción parlamentaria, los insultos, los perdones y las denuncias ante el Ministerio Público, no son sino reflejo de esta pesadilla democrática, como llamé en algún momento esta situación en una columna de febrero pasado.
Los diputados que no tienen la menor idea del procedimiento parlamentario, y más recientemente, las manifestaciones de otro de los representantes “restauradores”, de profesión abogado -vaya uno a saber, graduado de que universidad-, que cuestiona y deslegitima los Derechos Humanos, nos permiten medir la profundidad del abismo en que nos encontramos.

5- Por otra parte, en otra de las instituciones emblemáticas de nuestro sistema social de derecho -la Caja Costarricense Seguro Social-, se denuncia el desorden en la contratación de obras -los quirófanos del Hospital México- o las dudosas compras por miles de millones de colones, de productos, reactivos o medicamentos, que obligan a intervenir la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y servicios, por la pésima gestión de compra, que generó un faltante de hasta un 40% durante el último año sin que, en ningún momento se hayan sentado las responsabilidades del caso ante los problemas identificados.

6- Otra de estas manifestaciones de deterioro del sistema político lo observamos esta semana, en que la Corte Plena evade su responsabilidad y la transfiere a la Fiscal General A.I., “suspendiéndola, por haberlos inducido a error”, al emitir un criterio jurídico sobre un tema político. No comprenden los señores Magistrados, que son ellos los responsables de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y que, aunque pueden delegar el trabajo, no es posible delegar la responsabilidad para la que fueron electos. Esta decisión vuelve a poner en la picota de la opinión pública al Poder Judicial, columna vertebral de nuestro sistema político.

7- Y para concluir, la proliferación de la mafia del narcotráfico, que permea vertical y horizontalmente toda la sociedad y los Poderes del Estado; que está librando una batalla por apropiarse de las zonas de comercialización de narcóticos y que, en medio de esa batalla, provoca una guerra abierta en las calles, con múltiples asesinatos, que nos conducen a perder paulatinamente la tranquilidad, ante la inseguridad ciudadana que ahoga nuestros barrios y ciudades.

Sin duda alguna, la perspectiva es preocupante.

Lamentablemente, no se vislumbran acciones orientadas a resolver algunos de los problemas señalados.

Parece ser que, la defensa de los intereses sectoriales y particulares, por parte de algunos de los actores sociales, no permite ver la impostergable importancia de comenzar a pensar nuevamente en el bien común.

Como sociedad, si no encontramos una respuesta que nos favorezca a todos, nos veremos envueltos a corto plazo en una situación realmente asfixiante.

Me parece que el Poder Ejecutivo debe de actuar de inmediato y concebir esta problemática como un conjunto de acciones vinculadas entre sí. Diseñar una estrategia, recurriendo a las reservas morales que aún conserva nuestro país, -que no creo estén en la famosa Comisión de los Notables-, para conformar la voluntad nacional, que nos permita enfrentar estos enormes desafíos que enfrentamos y proteger al sistema político, de los fieros enemigos que procuran la perversión absoluta de la democracia y por ende, su consecuente extinción.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.