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Y sus enemigos de la administración Chaves Robles
Guido Mora
Esta declaratoria se mantendría en las Constituciones de 1871 (artículos 52-53) y de 1949 (artículo 78).
En el año 2011 se aprueba la reforma constitucional que garantizó la obligatoriedad de presupuestar y transferir el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública estatal.
Por otra parte, el Artículo 85 de la Constitución Política establece con claridad la obligatoriedad del Estado de dotar de los recursos necesarios para su funcionamiento, a las instituciones públicas de educación superior.
La inversión que históricamente ha hecho la sociedad costarricense a lo largo de más de 155 años en el campo de la educación pública constituye el más importante instrumento de ascenso social y nos ha permitido diferenciarnos de otros países de América Latina.
Es por ello por lo que resulta extraño, que quienes más interesados deberían de estar en fortalecer la educación costarricense: el presidente, el ministro de hacienda y la ministra de educación, se hayan convertido en enemigos de la inversión social en general y de la inversión en el campo de la educación en particular: para el año 2024 se ha exigido un recorte de 12 mil millones de colones al presupuesto del MEP, para el año 2025 se anuncia un recorte de 65 mil millones de colones y el gobierno se retira de la mesa de negociación del FEES, que debía de decidir la asignación presupuestaria para el 2025.
No sabemos si esa posición responde a una venganza por no haber dado la talla en los centros de educación nacional; por haber montado una celada, provocando a los estudiantes al salir del edificio de CONARE, sin esperar acompañamiento; por los intereses económicos que prevalecen detrás de algunas familias cercanas al campo de la educación superior y que asesoran a la ministra de educación; por las ideas de frugalidad y recorte en la inversión social, arrastradas desde algunos organismos financieros internacionales, o por siempre ignorancia. Lo cierto del caso es que, quienes deberían de defender la inversión social y el mecanismo de ascenso que la educación representa, se han transformado en los más enconados enemigos de la educación pública costarricense.
Tomen nota padres y madres de familia que el recorte del presupuesto a la educación pública afecta a los grupos más vulnerables de la población: los hijos de los grupos privilegiados generalmente asisten a centros de educación privados.
Esta administración está fomentando una sociedad violenta, dividida y excluyente.
Definitivamente esta no es la Costa Rica que queremos para nuestros hijos y nietos.
