La banca estatal y los préstamos al grupo JBC

Desde mi perspectiva

José Francisco Bolaños Arquín

José Francisco Bolaños

En estas últimas semanas, ha estado vigente y lo hará por mucho tiempo en los medios de comunicación, redes sociales, en la conversación de los ciudadanos y por supuesto en la campaña política que entra en la recta final en este mes de octubre, el llamado caso del cementazo; donde el Grupo JCB del señor Juan Carlos Bolaños obtuvo créditos en la banca estatal por más de $45 millones de dólares.

El total del financiamiento otorgado, se distribuye de la siguiente manera: 1) Banco de Costa Rica por $31.5 millones de dólares (aunque aparentemente es muy superior), de los cuales $20 millones era para la importación de cemento chino, $10 millones para su nacionalización y $1.5 millones para capital de trabajo. 2) Banco Crédito Agrícola de Cartago por $5.2 millones para inversión inmobiliaria, venta y alquiler de maquinaria para la construcción. Un banco que venía arrastrando problemas financieros y de operación, situación que llevó al Consejo de Gobierno el 25 de mayo pasado, a tomar la decisión de cerrar el negocio de la banca comercial, ante un elevado riesgo de liquidez. 3) Banco Popular por $5 millones para la compra de materiales a China, y en estos días el Banco anuncia que rematará las garantías ante una mora en el pago. 4) Banco Nacional por $3.1 millones para inversiones inmobiliarias y el 5) Banco Internacional de Costa Rica por $450. 000 mil dólares.

La Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF, le llama la atención al Banco de Costa Rica, por la recalificación de los préstamos otorgados a SINOCEM del Grupo JCB. También reconoce que el crédito se aprobó sin ninguna verificación del estudio de factibilidad y sin conocer el negocio del cemento (requisito para la aprobación de la operación).

No están los criterios técnicos que sustenten o soporten la razonabilidad de los datos, los supuestos y proyecciones del negocio, elementos fundamentales para minimizar el riesgo y asegurarse que el deudor cumpla con su obligación. El Banco asegura que efectuó el análisis de mercado y otras valoraciones técnicas. Ante esta situación, la SUGEF le solicita al BCR, una reserva de ₡10.000 millones de colones ante el riego de esta empresa de incumplir con la deuda.

El Banco de Costa Rica es una entidad financiera muy sólida y debe quedar claro que su solvencia y operación no está en riesgo, una entidad con 140 años de existencia que cuenta con los activos, patrimonio y la reserva de incobrables necesarias para hacerle frente a este crédito. De acuerdo con la SUGEF, al mes de julio del año en curso, reporta una utilidad de alrededor a ₡26.000 millones de colones.

Así las cosas, el propósito de este artículo, es resaltar la enorme diferencia que existe entre este caso conocido como el cementazo, la facilidad para acceder a créditos bancarios de cinco bancos estatales y además, de otros beneficios gubernamentales aprobados con gran rapidez, tendientes a facilitarle sus operaciones comerciales; marcando así una enorme diferencia como son las mipymes y el emprendedurismo, ante la dificultad de acceder al financiamiento bancario.

Un importante sector que requiere de políticas bien dirigidas y encaminadas a buscar su desarrollo; donde representan el 94% del total empresarial, contribuyen con el 32% del PIB y generan el 50% del empleo privado. Sin embargo, se destina únicamente alrededor al 9% del total de los préstamos bancarios, dificultándoles su acceso a un crédito necesario y oportuno.

Por espacio de más de dos décadas, estuve ligado a este sector en el campo profesional, donde adquirí un conocimiento amplio de sus necesidades y el apoyo que necesita para su posicionamiento en una economía que requiere de ellos para lograr un crecimiento más acelerado.

En 1980 y por espacio de 14 años trabajé en la Dirección General de Asistencia técnica a la Pequeña Industria del Ministerio de Economía Industria y comercio. Era un programa con profesionales de Administración de Negocios e ingenierías y en donde se brindaba asesoría y asistencia técnica a los empresarios que querían iniciar o fortalecer su negocio, mediante un crédito bancario.

Una vez evaluado el proyecto, se realizaban visitas a las empresas o lugares donde se iban a instalar y luego con la información que obteníamos y el análisis profesional, se les preparaba el plan de negocios para ser entregado al banco asignado del Sistema Bancario Nacional, que financiaba por medio del convenio existente en esa época entre el AID y el MEIC. Cuando se aprobaba el crédito y se giraba el financiamiento, se daba seguimiento a la inversión con visitas al lugar donde desarrollaba su actividad empresarial y así se les ayudaba a consolidar su negocio.

A partir del 2006 y por espacio de unos siete años, impartí el curso Desarrollo de Emprendedores en una universidad privada, con el propósito de incentivar a los alumnos de Administración de Negocios y algunas ingenierías a que se hicieran empresarios. Los alumnos tenían que preparar un Plan de Negocios bien estructurado de la empresa a desarrollar y presentarlo ante sus compañeros en donde se determinaba si el proyecto era o no viable.

A través de esos años, algunos alumnos me comentaron que lograron cumplir con su sueño, con recursos propios y con ayuda de su familia. Sin embargo, algunos de ellos con muy buenos proyectos y con su Plan de Negocios preparado, acudían a un banco del sistema bancario nacional en busca de un financiamiento, intento que vieron frustrado ya que los requisitos eran difíciles de cumplir para los que quieren iniciar su empresa (emprendedores); las condiciones entre otros, era tener al menos dos años de operar, presentar el aval de IMAS, garantía hipotecaria (por lo menos para esos proyectos que me comentaron) y un aporte del 20% de la inversión total.

Le corresponderá al próximo Gobierno, que inicia a partir de mayo del 2018, ajustar las políticas y objetivos para darle un efectivo impulso a este valioso sector. Además, reconocer su gran importancia como una fuente generadora de empleo, disminuir los índices de pobreza y desempleo; con lo cual se lograría una distribución más equitativa de la riqueza y un mayor desarrollo económico, político y social de nuestro país como el que añoramos todos los costarricenses.

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Administrador de Negocios

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