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Ariel Elyse Gold
Los medios de comunicación están llenos de titulares como este de The New York Times del 1 de enero: «Cómo Israel se convirtió en líder mundial en la vacunación contra el covid-19». Mientras que Estados Unidos hasta ahora sólo ha vacunado al 1,3 por ciento de su población, Israel ya ha dado la vacuna de Pfizer/Biontech a más del 14 por ciento de sus ciudadanos. Al explicar esto, los medios de comunicación citan el sistema de salud pública de Israel, el hecho de que el país es pequeño pero rico (lo que le permite pagar 62 dólares por dosis, en comparación con los 19,50 dólares que paga Estados Unidos) y la naturaleza altamente digitalizada de su sistema de salud. Pero tras los titulares que celebran las tasas de vacunación de Israel hay una historia mucho más oscura sobre la desigualdad en materia de salud.
Israel tiene una población de alrededor de 9 millones de habitantes. El 20 por ciento son ciudadanos palestinos de Israel. Estas personas pueden votar en las elecciones, tienen representación en el Parlamento y están siendo vacunadas contra el covid-19. Pero hay alrededor de 5 millones de personas palestinas que viven bajo el dominio israelí, sin derechos y que, al igual que el resto del mundo, también sufren la pandemia.
Desde 1967, la población de colonos israelíes en territorio palestino ocupado se ha disparado a cerca de 500 mil habitantes; los consejos regionales de las colonias controlan, de acuerdo a la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, el 40 por ciento de las tierras de Cisjordania. A pesar de que los acuerdos de normalización facilitados por Estados Unidos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos –firmados en el último semestre del año pasado– supuestamente habían detenido la anexión de una parte de Cisjordania a Israel, lo cierto es que en 2020 el gobierno de ese país otorgó el mayor número de permisos para construcción o expansión de colonias desde que el grupo de vigilancia Peace Now comenzó a hacer el seguimiento en 2012.
A pesar de que la Autoridad Palestina y Hamas son supuestamente los gobiernos oficiales en Cisjordania y Gaza, Israel es quien manda realmente. Israel controla las fronteras, la moneda, el banco central e incluso recauda impuestos en nombre de la Autoridad Palestina. Mantiene el derecho de llevar a cabo operaciones militares en territorio palestino y controla la cantidad de libertad, o la falta de ella, que se concede a la población palestina. Incluso en zonas como Ramala, supuestamente bajo el control total de la Autoridad Palestina, Israel se reserva el derecho de entrar en la ciudad en cualquier momento, de cerrar calles y tiendas, de irrumpir en las casas y de hacer arrestos militares nocturnos sin orden judicial.
La distribución de la vacuna contra el covid-19 por parte de Israel está lejos de ser el único sistema de desigualdad en el país. Las elecciones israelíes no incluyen a los aproximadamente 5 millones de palestinos que viven en Cisjordania y Gaza bajo su dominio. La población palestina de Jerusalén este (anexada a Israel desde 1967), si bien puede votar en las elecciones municipales, no puede votar en las nacionales, como la que está prevista para marzo (la cuarta en dos años).
Tal vez la demostración más flagrante de que Israel tiene dos conjuntos de leyes para dos grupos de población es su sistema judicial en Cisjordania. Mientras que los colonos israelíes, que viven allí ilegalmente según el derecho internacional, están sujetos a la legislación civil israelí, sus vecinos palestinos viven bajo la legislación militar. Esto les subordina a decretos como la orden militar 101, que prohíbe incluso la protesta pacífica.
Según los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, la Autoridad Palestina es la única responsable de la atención sanitaria de la población palestina en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, esos acuerdos formaban parte de una visión que contemplaba la firma de un acuerdo de paz más completo en un plazo de cinco años. Casi tres décadas después, este acuerdo de paz más amplio no se alcanzó e Israel ha afianzado su empresa de ocupación colonial, al tiempo que desobedece el derecho internacional y elude sus obligaciones morales, jurídicas y humanitarias como potencia ocupante. Proporcionar la vacuna contra el covid-19 a la población palestina ocupada es una de esas obligaciones.
La población palestina de Cisjordania y Gaza necesita desesperadamente la vacuna. Hasta el 6 de enero de 2021, ha habido 144.257 casos y 1.663 muertes por covid-19 en los territorios palestinos. La infección y las tasas de mortalidad están aumentando peligrosamente. En un período de sólo 24 horas, se anunciaron 1.191 nuevos casos y 20 muertes por el virus. La situación en Gaza es particularmente preocupante. Los gazatíes padecen hasta 12 horas diarias sin electricidad. Gracias al bloqueo aéreo, terrestre y marítimo impuesto por Israel, así como a los múltiples ataques militares sobre ese enclave superpoblado, hay una grave escasez de medicamentos y equipamiento médico, junto con una pobreza y un desempleo considerables. Establecer una cuarentena y mantener los servicios sanitarios en Gaza es extremadamente difícil.
El sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destinado a ayudar a los países empobrecidos, se ha comprometido a vacunar al 20 por ciento de los palestinos que viven en los territorios ocupados. Pero las vacunas del Covax aún no cuentan con la necesaria aprobación de la OMS para su «uso de emergencia». Gerald Rockenschaub, jefe de la oficina de la OMS en Jerusalén, dijo recientemente que es probable que las vacunas de ese sistema no estén disponibles para su distribución en los territorios palestinos hasta «principios o mediados de 2021». Según el Ministerio de Salud palestino, los territorios han sufrido una crisis financiera que los ha dejado casi sin fondos para comprar dosis de vacunas. Incluso cuando lograron conseguir el dinero, las que intentaron comprar a Rusia en diciembre no pudieron ser entregadas, ya que ese país determinó que no tenía suficientes dosis para vender.
En la primera semana de 2021, la Autoridad Palestina comenzó a indagar si Israel les ayudaría a obtener la vacuna. Hasta ahora, los funcionarios israelíes (en particular el viceministro de Salud, Yoav Kisch) han dicho que quizás podrían ofrecer a Cisjordania y Gaza lo que les sobre después de vacunar a la población israelí y a la palestina de Jerusalén este. Si eso no es un apartheid médico, se parece bastante.
Ariel Elyse Gold, activista judeoestadounidense, codirectora nacional de la organización feminista Codepink y responsable de su campaña por los derechos del pueblo palestino. Por su activismo en ese terreno, Israel le ha negado la entrada al país.
Publicado originalmente en Mondoweiss. Traducción: María Landi.
Difundido por Correspondencia de Prensa vía vientosur.info
