Institucionalidad y vías de facto

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto

Los acontecimientos de las últimas semanas en nuestra democrática, libre e independiente República de Costa Rica; han puesto las “barbas en remojo” de si hemos venido realizando las cosas bien para fortalecer nuestro Estado Social y Democrático de Derecho; que después de la convulsa década de los 40s del siglo XX con la promulgación de las garantías sociales del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el cambio e impulso iniciado por la Junta Fundadora de la Segunda República durante sus 18 meses de gobierno de facto posterior al triunfo de la Revolución liderado por don José Figueres Ferrer; y seguidamente la promulgación de la actual Constitución Política de 1949; donde definió un Estado costarricense como régimen democrático y pluralista, y que sería nuestra filosofía política con sus acciones y decisiones flexibles y libres.

La crítica situación sanitaria producto de la pandemia del covid-19, el desempleo que existía, a elevado actualmente a alrededor de 600 mil personas sin empleo; el crecimiento en los índices de pobreza, la afectación al comercio, turismo y otras actividades productivas y de servicios; la inflación, el déficit fiscal, la deuda pública interna y externa y una serie de problemas en el balance económico han atrofiado al Estado; lograr la reducción del déficit primario del Gobierno Central en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) de tal manera que si no logramos tomar decisiones acertadas, podríamos entrar en un derrumbe y despeñadero quizás solamente similar a la crítica y empobrecida época del gobierno de la Administración Carazo de 1978 a 1982,

Los bloqueos y cierre de carreteras dirigidos por un movimiento organizado que se dieron en distintos lugares en su mayoría rurales, costeros cercanos a los puertos principales del país y en las carreteras principales del país como la ruta 27 hacia Puntarenas, la Internacional que llega a Pérez Zeledón y la zona sur, la ruta 32 hacia Limón; la zona norte de San Carlos; que pareciera todo un plan conspirativo de “cerco” para paralizar el país y violentar los principios de libertad de tránsito y Derechos y Garantías Individuales y Sociales que nos garantiza la Constitución Política máxima Carta Fundamental de nuestra República.

No se vale que un grupo se autoproclame “los representantes del pueblo”, donde la consecuencia ha sido que se dé una serie de hechos ilícitos y criminales como herir a nuestros policías, quema de patrullas y vehículos particulares, obstruyendo los caminos, cobrando “peajes” a los ciudadanos, lanzando piedras, bombas “molotov”, volando garrote, y algunos hasta disparando con armas de fuego etc. Como expresó la ex presidenta Laura Chinchilla: “bloquear el diálogo es tan dañino como bloquear las calles”. Ha existido el llamado al diálogo para lograr solucionar los problemas económicos y sociales del país; como ha sido la tradición a la tica; pero debe privar la transparencia y no la intransigencia de unos cuántos personajes que se creen pueden hablar a nombre de todos los sectores y del pueblo en general.

Conocemos que estamos ante una crisis fiscal, que podría profundizarse sino se toman las medidas correctivas urgentes donde todos pongamos nuestro grano de arena, sea cediendo y con sacrificio para sacar adelante al país; dejando a un lado los intereses particulares y gremiales; y protección de los privilegios de algunos; ya que como se afirma la democracia es negociación; y conlleva a que los problemas de ésta se arreglen con más democracia y la participación y aporte de todos sin discriminaciones o exclusiones. Les guste o no a algunos sectores; debe existir el compromiso con la Patria que está primero y debemos todos empujar la carretera y unirnos y no hundirnos más.

El detonante del problema fue la propuesta inicial presentada por el Gobierno de la República enviada a la Asamblea Legislativa para acordar un Empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI); donde establecía más impuestos, y ya sabemos que todos los costarricenses no aguantamos que se nos impongan más impuestos, porque ante la situación actual tan deteriorada “o se pagan o se come”; el presupuesto de las familias no alcanza para cubrir más los gastos mensuales y podemos mantener a nuestras familias. No obstante el Gobierno comprendió que esta propuesta era “inviable”; además ya la mayoría de los diputados habían manifestado su oposición.

De conformidad con el artículo 121 constitucional son atribuciones que corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa inciso 15) “Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.” Asimismo el inciso “13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales”. Es decir la potestad legal le corresponde a la Asamblea Legislativa; y por lo tanto si la mayoría de los diputados habían externado su rechazo a la propuesta gubernamental; estaba claramente determinada la situación; entonces pareciera no ser de recibo tantos bloqueos y cierre de carreteras, obstrucciones y actos contrarios al ordenamiento jurídico; llevando intranquilidad y violentando las libertades públicas que gozamos los ciudadanos del país.

Debe seguir privando el diálogo nacional con la participación de todos los sectores públicos y privados que son el motor de la economía nacional; sin creerse que solamente “un grupúsculo pueda arrogarse la representación del pueblo”; conforme a lo que reza el artículo 4 constitucional: “Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición.”. Entonces es muy claro que el Movimiento de Rescate Nacional no puede arrogarse esa representación, al igual que ningún sindicato, sector, Unión de Cámaras o cualquier grupo organizado. Incluso la Sala Constitucional resolvió un Recurso de Amparo obligando al Gobierno a poner orden y levantando a la fuerza estos bloqueos, etc.

En estos días han salido a la luz pública varios manifiestos que han hecho ruido en el contexto de la situación o encrucijada actual: 1- El más sorpresivo fue el acuerdo de negociación suscrito entre la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y el Movimiento Rescate Nacional (dirigente de los bloqueos y cierres de carreteras en el país); con el fin de negociar el levantamiento de bloqueos de las rutas nacionales; con los testigos la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice). Lo extraño es que Uccaep se rehúsa a participar en el diálogo nacional y multisectorial convocado por el Gobierno de la República y su Presidente Carlos Alvarado y el Presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank.

Con ese acuerdo la Uccaep estaría legitimando las “vías de facto o hecho” que han realizado el Movimiento Rescate Nacional de instalar bloqueos y cierre de carreteras y demás actos que son contrarios al bloque de legalidad costarricense. Diversos sectores del país, incluso cámaras integrantes de la Uccaep se han manifestado en contra de esta negociación; incluso el ex ministro de la Presidencia Rodrigo Arias manifestó: “A mí parece que es una decisión lamentable porque creo que aquí están en juego intereses más importantes que los intereses gremiales; están en juego intereses más importantes que los intereses de cada uno de los sectores; aquí está en juego el futuro del país.” (Fuente: Diario La Nación 16-10-20)

2-El Manifiesto de los ex Presidentes: “Con profunda devoción patriótica expresamos nuestro apoyo incondicional a la constitucionalidad, al estado de derecho, a las autoridades y a la policía que actúa en ejercicio de sus competencias, a las libertades públicas de todos quienes habitamos esta bendita tierra. Con igual vehemencia expresamos nuestro repudio y condena al uso de la violencia, tan ajena a la idiosincracia del ser costarricense. Las autoridades legítimamente establecidas deben ejercer sus competencias con efectividad y sentido de urgencia, y con vehemencia exhortamos al gobierno de la república a asumir esa responsabilidad.”

Sin embargo el ex Presidente José María Figueres Olsen se desmarcó y declinó firmar con el resto de los ex Presidentes, expresando: “Siempre vamos a estar de acuerdo en defender nuestra democracia, pero a la democracia no la ponen en riesgo las personas desesperadas que salen a buscar soluciones a sus angustiosos problemas en la calle, la democracia la pone en peligro un gobierno y una institucionalidad que no resuelve los problemas de las personas”. “¡Señor Presidente, déjese ayudar! Entre todos sacamos esto adelante, pero no nos venga a decir que se está amenazando la democracia, porque la democracia se amenaza cuando los gobiernos no caminan”.

Finalmente, lo fundamental es el respeto a la Institucionalidad del país que emana de nuestra Constitución Política; que se imponga el diálogo y no las vías de hecho o de facto; que es considerar que se pueda hacer justicia o exigir derechos por la propia mano; atentando contra el derecho ajeno y contra las personas; atropellando y violentando las garantías y libertades públicas. Todos esperamos que la situación actual se solucione “a la tica”; y que no lamentemos heridos o muertes, o que pongan en peligro las edificaciones o infraestructura que es de todos los costarricenses.

Llamamos a todos los ciudadanos a que impere la razón, la serenidad, el respeto ciudadano, se de un verdadero y real diálogo de todos los sectores públicos y privados, sin exclusiones de ningún tipo. Costa Rica merece trazar una real hoja de ruta donde se busquen las mejores propuestas para salir del problema fiscal, se impulse la reactivación económica y sobre todo volvamos a la Paz social y que el mundo nos siga viendo como el país que sin tener Ejército Nacional; ha logrado consolidar un Estado Social de Derecho que debemos cada día mejorar. De otras peores crisis hemos salido, tomando las decisiones acertadas para el bienestar de toda la ciudadanía.

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