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El Café de la 7
Welmer Ramos González
Y es que Costa Rica, a pesar de ser miembro de la OCDE, en materia tributaria está a leguas de los mejores estándares y tiene una serie de portillos legales que permiten que grandes fortunas eludan el pago de tributos que correspondería pagarlos en Costa Rica, por un concepto erróneo de territorialidad.
La Unión Europea exige a Costa Rica que arregle la situación desde hace unos tres años atrás, sin que los últimos dos gobiernos hayan mostrado interés en hacer algo al respecto. Dado esa situación, la Unión Europea ha sido muy clara que, si no se arregla la situación en los dos siguientes meses, las transacciones de Costa Rica, hacia ese destino y viceversa, serán gravadas con impuestos que pueden llegar al 20% o más, y como nuestro país exporta e importa sumas muy considerables a Europa, no parece gustarles a los sectores transadores.
Pero, sorpresa… una parte de los diputados de la Asamblea Legislativa se han puesto creativos en extremo y quieren aprovechar el proyecto de ley que arreglaría el asunto a los países europeos, para abrir aún más los portillos a la elusión por parte de los grandes capitales costarricenses, a fin de que no paguen del todo tributos en Costa Rica.
Los acomodos legales en la Asamblea Legislativa dicen que están reforzando la tributación territorial, de tal manera que alguien pueda captar plata y administrarla en Costa Rica, pero prestarla en cualquier otro país, y puede pasar por gastos tributarios los intereses pagados en Costa Rica y los costos de administración de esos capitales, pero los intereses ganados no se contarían para efectos tributarios, porque dicen son extraterritoriales. Más aun, lo contrario a eso, sí que lo aceptan como contabilizable en Costa Rica para efectos fiscales, es decir, si alguien recibe un préstamo del exterior puede usar los intereses pagados al exterior como un costo para bajar la tributación en Costa Rica. Esto es solo un ejemplo de muchos posibles. ¡Menuda incongruencia! Eso llevaría a tener a un mayor número de grandes contribuyentes con pérdidas año tras año.
De pasar esta versión de la ley, la recaudación de tributos en Costa Rica caerá aún más, y el faltante fiscal será de hasta 1% del PIB, eso significa menos recursos para infraestructura, asociaciones de desarrollo, educación, salud y ayudas sociales. Desde luego, más injusticia tributaria y más deuda pública.
El Poder Ejecutivo, consciente de que la Asamblea Legislativa le va a erosionar aún más la recaudación tributaria y amenaza con vetar la propuesta, en un acto de responsabilidad. En este sentido, el Artículo 179 Constitucional señala: “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.” El inverso de esa norma es igualmente de acatamiento por parte de la Asamblea; ésta no puede reducir los ingresos presupuestarios sin señalar nuevas fuentes para compensarlos, lo cual no lo está haciendo.
Es inentendible que un grupo neoliberales extremos en la Asamblea Legislativa, cada vez se aprestan hacer las cargas tributarias más injustas, pues mientras las personas (asalariados y trabajadores cuenta propia) y las pymes han de pagar altísimos impuestos, se exonera cada vez más a los capitales más grandes, con el concurso la mayoría de diputados y diputadas.
Se acabo el Café.
