Historia de dos presidentes, democracia vs. populismo

Carlos Revilla Maroto y Guido Mora

Hemos elaborado este escrito pensando en la última acusación por concusión contra el presidente Rodrigo Chaves, a la que nos referiremos sólo tangencialmente. En realidad nuestro propósito consiste en contrastar la situación que vive el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo con la del presidente de Costa Rica, en su relación con el ministerio público (Fiscalía/fiscal general, en el caso de Guatemala fiscala).

En América Central conviven dos presidentes que dicen luchar contra los corruptos. Ambos se presentan como “outsiders”, enemigos de la clase política tradicional, y campeones de “una nueva forma de gobernar”. Pero ahí terminan las similitudes. Arévalo en Guatemala y Chaves en Costa Rica comparten la retórica, pero no la coherencia.
Uno enfrenta una maquinaria judicial que intenta descarrilar su mandato desde el primer día. El otro, en cambio, denuncia persecución mientras descalifica a toda institución que lo cuestiona, sin asumir responsabilidad, ni cumplir con la rendición de cuentas.

Lo de Arévalo es claro, ganó la presidencia contra todos los pronósticos, rompiendo el cerco impuesto por las élites políticas y económicas de Guatemala. Desde entonces, la fiscal general Consuelo Porras y su entorno han hecho lo imposible para impedirle gobernar. Intervenciones ilegales en el proceso electoral, intentos de cancelar a su partido, órdenes de allanamiento al Tribunal Supremo Electoral, citaciones a funcionarios cercanos… la lista no acaba. La Fiscalía se ha convertido en un actor político que juega con una sola meta: frenar el cambio.

Arévalo ha sido enfático y ha denunciado la existencia de una mafia enquistada en el Estado que intenta destruir la democracia. Y pese a todo, ha mantenido un tono apegado y respetuoso a la institucionalidad. No ha llamado a incendiar las calles, ni ha desacreditado al sistema judicial en su conjunto. Ha denunciado los abusos con claridad, pero desde la defensa de la democracia y el Estado de derecho, apelando al pueblo guatemalteco a defender pacíficamente el orden constitucional.
En una región plagada de caudillos, -algunos poco democráticos-, ese camino es excepcional.

Rodrigo Chaves, por el contrario, opera en un contexto institucional mucho más sólido. En Costa Rica, la Fiscalía General conserva su independencia, y aunque imperfecta, sigue siendo una pieza clave del sistema democrático. Sin embargo, eso no ha impedido al presidente lanzar una campaña constante de deslegitimación contra el Ministerio Público, los medios de comunicación, la Asamblea Legislativa, y prácticamente cualquier voz que no lo aplauda.

Cuando la Fiscalía General reactivó las investigaciones sobre el financiamiento de su campaña presidencial —que incluyó incluso contratos triangulados con empresas privadas—, Chaves acusó públicamente a los fiscales de actuar por motivos políticos y denunció que hay una estructura que me quiere sacar del poder. Chaves dice ser perseguido, pero no presenta pruebas. Habla de complots, pero calla cuando se trata de explicar el financiamiento oscuro de su campaña o las múltiples denuncias de acoso y abuso de poder que lo rodean. Su estrategia es clara: convertir toda crítica legítima en un ataque político, victimizarse y reforzar su imagen de caudillo perseguido. Es populismo en estado puro.

Finalmente, la presentación contundente de pruebas en su contra, con grabaciones “solicitando cariñitos” y el enfrentamiento divulgado en videos, -prepotente, intimidante e irrespetuoso, cual capo de la mafia-, con el principal testigo en su contra, revelan más que una actitud sospechosa.

El presidente está en la obligación de probar su inocencia, de lo contrario le hará un gran daño a su imagen personal, a la de su gobierno y a la política costarricense. Si no lo hace, saldrá de la presidencia de la República como salió del Banco Mundial: acusado, humillado, escondido y por la puerta de atrás.

Lo que ocurre en Guatemala y Costa Rica no es solo una diferencia de contexto. Es una diferencia de principios. Arévalo ha optado por fortalecer las instituciones aun cuando estas lo han atacado. Chaves, en cambio, ha debilitado la confianza pública en las instituciones aun cuando estas le han garantizado estabilidad. Podría decirse qué, en Guatemala, el poder judicial está al servicio de los intereses corruptos; y en Costa Rica, se le acusa de persecución por simplemente hacer su trabajo.

El contraste entre ambos presidentes no es solo de formas, sino de fondo. Uno concibe la democracia como un sistema político que debe ir mucho más allá de sólo ganar elecciones, bajo un concepto que revela una verdadera convicción democrática. El otro, en cambio, cree que gobernar es hacer lo que le da la gana con un manual de campaña permanente.

Sin duda, marca una gran diferencia, en el concepto de liderazgo que cada uno ha asumido y de la trascendencia histórica de su mandato.