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Por Mariela Belski* -elDiario.AR
¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia de ese país restringió el acceso al aborto y retrocedió 50 años en la historia de la protección de derechos. Este terremoto político y social alcanza directamente el futuro de millones de personas y las deja en un estado de desprotección total.
Esta acción afecta la salud sexual y reproductiva de millones, y de algún modo sacude los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.
Luego de conocerse la noticia de que la Corte limitará el acceso al aborto, es clave entender que lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.
Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. No obstante, el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.
Históricamente, fue el ala progresista del alto tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los últimos setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.
Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy decidió sobre el presente y futuro de millones.
El propio Samuel Alito, autor del documento que reflejó el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.
Ofensiva política
Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— que cuentan con leyes “gatillo” que estaban a la espera de que la Justicia federal pusiera el cerrojo. Lo que, finalmente, sucedió este viernes.
Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa, tras la decisión de la Corte. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.
La opinión de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women’s Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas.
Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley ya fue promulgada por el gobernador republicano.
Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. El fallo que ahora revoca este derecho sexual y reproductivo solo viene a empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afecta la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto, si la avanzada prosigue, como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación.
Nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie.
* Directora ejecutiva Amnistía Internacional Argentina
