Guatemala contra el «pacto de corruptos»

Ricardo Sáenz de Tejada

La destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, forma parte de una contraofensiva política y empresarial para frenar la lucha contra la corrupción. En este marco, el movimiento indígena organizó un «paro plurinacional» para enfrentar lo que se conoce como el «pacto de corruptos», un conjunto de redes para cometer delitos y garantizar impunidad que atraviesa a la política y el Estado guatemaltecos.

El pasado 29 de julio, decenas de miles de guatemaltecos se movilizaron en al menos cien localidades del país. El repertorio de protesta incluyó el bloqueo temporal de carreteras y caminos, marchas, concentraciones de personas en plazas y parques, pintadas y graffitis y el posicionamiento de personas y organizaciones en redes sociales.

A diferencia de las protestas ciudadanas de 2015, que se iniciaron en Ciudad de Guatemala y desde allí se fueron expandiendo al resto del país, en esta ocasión la convocatoria y el liderazgo inicial estuvo a cargo de las autoridades indígenas ancestrales. La junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá y el Parlamento Xinca realizaron los primeros llamados a la protesta. Rápidamente, la convocatoria fue secundada y apoyada por la mayoría de las autoridades indígenas, organizaciones campesinas, estudiantiles, de mujeres, feministas, de la diversidad sexual, entidades religiosas –incluyendo algunas diócesis de la Iglesia Católica–, una treintena de empresas privadas, algunos centros de investigación y ciudadanos sin filiación alguna. Tres partidos políticos del campo progresista –Movimiento Semilla, Movimiento político Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-MAIZ– se sumaron a la protesta. Se trató de una movilización nacional en la que, además del llamado de las autoridades indígenas, se impusieron la espontaneidad, la diversidad y la pluralidad. De allí que fuera denominado como «paro plurinacional», cuya demanda central fue la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Días antes de las protestas, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval, había sido destituido de manera ilegal por la fiscal Porras, una funcionaria nombrada por el ex-presidente Jimmy Morales (2016-2020) quien, por distintos medios, intentó bloquear las investigaciones por casos de corrupción. Con el despido de Sandoval, la coalición gobernante daba el último paso para retomar el control de la institucionalidad pública y restaurar el régimen de impunidad.

La movilización de los pueblos indígenas y del resto de la ciudadanía fue una respuesta inicial a la destitución de Sandoval. El sábado 31 las protestas continuaron y fueron presentadas diversas demandas judiciales para reinstalar al ex-fiscal y procesar a Porras. La destitución de Sandoval y el paro plurinacional constituyen un nuevo capítulo en la contienda por el control del Estado y la defensa de las libertades democráticas.

Crónica de una destitución anunciada

La destitución del jefe de la FECI generó rechazo y condena porque, tras la expulsión de facto del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el fin de del convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2019, el fiscal Sandoval le dio continuidad a los casos y siguió investigando redes de corrupción.

Durante su mandato de diez años, pero principalmente desde 2015, la CICIG junto al Ministerio Público identificaron, investigaron y llevaron a juicio a integrantes de más de medio centenar de estructuras criminales que, caracterizadas como Redes Políticas y Económicas Ilícitas, anidaron y tomaron control de buena parte de las instituciones públicas para utilizarlas en beneficio privado. En estas redes participan políticos, funcionarios, ex-funcionarios, jueces y magistrados, militares en activo y en situación de retiro y empresarios.

Los casos investigados y llevados a juicio incluyeron desde el pago de sobornos a decenas de diputados para que aprobaran una ley que favorecía a una empresa telefónica, hasta la participación de los grupos empresariales más importantes del país en el financiamiento ilícito de la campaña del entonces candidato Jimmy Morales que ganó la presidencia en 2015. Las CICIG y el Ministerio Público trabajaron en diversos niveles, investigando casos de corrupción desde pequeñas municipalidades en el occidente del país hasta ministerios como Comunicaciones, Salud, y Gobernación, que fueron convertidos en maquinarias para saquear fondos públicos. En el sistema de justicia se mostró la existencia de redes de abogados, jueces y magistrados que «vendían» servicios de impunidad y se estableció que las altas cortes fueron conformadas a partir de una negociación espuria entre líderes políticos. La mayoría de los partidos políticos han estado ligados a estas estructuras de corrupción en las que tienen participación pequeños, medianos y grandes empresarios.

El avance de las investigaciones fue produciendo realineamientos en la lucha contra la corrupción. Mientras la mayoría de la ciudadanía y de la comunidad internacional aplaudía y apoyaba estos esfuerzos, las elites empresariales y políticas se fueron oponiendo a la CICIG, a la colaboración del Ministerio Público y al alcance de las investigaciones. Desde 2016 se empezó a configurar una coalición en la que participaron personas afectadas y quienes se sentían amenazados, las cuales empezaron a actuar para frenar las investigaciones. Esta coalición, bautizada como «el pacto de corruptos». fue liderada por el mismo presidente Morales (cuyo entorno familiar fue investigado por un caso de corrupción). Además, incluyó a la mayoría de los bloques legislativos, a buena parte de las cámaras y grupos empresariales, a medios de comunicación que son propiedad de integrantes de estas redes, a personas con influencia procesadas por casos de corrupción y sus familias y a fundaciones privadas.

La estrategia para enfrentar a la CICIG y la lucha contra la corrupción incluyó el financiamiento de un lobby ante el gobierno de Estados Unidos (en una sesión de una comisión del Congreso de dicho país se llegó a afirmar que la CICIG respondía a los intereses del presidente ruso Vladímir Putin), pero también cambios legales para proteger a los acusados, una campaña en redes sociales para erosionar la confianza en la Comisión y una serie de ataques hacia el comisionado Iván Velázquez. Entre 2016 y 2019 la única prioridad de la política exterior guatemalteca fue detener el trabajo de la CICIG. Todas estas acciones afectaron las investigaciones, en tanto que el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público empezó a ser boicoteado por las autoridades del Ministerio de Gobernación, por jueces y magistrados y por la fiscal Porras, que asumió el cargo en mayo de 2018.

Pese a los obstáculos, las pesquisas contra las elites políticas y empresariales continuaron avanzando. La respuesta de Morales fue el intento de expulsión del comisionado Iván Velásquez en enero de 2019. Aunque esa medida fue revertida con recursos legales, el jefe de la CICIG no pudo regresar a Guatemala tras un viaje de trabajo y el mandato de la comisión no fue renovado, de manera que concluyó en septiembre de 2019.

La experiencia de la CICIG fue reconocida nacional e internacionalmente y en Honduras y El Salvador fue presentada como un modelo para luchar contra la corrupción y la impunidad en países donde los estados están capturados por intereses criminales. Un factor clave para el éxito de la CICIG fue la estrecha colaboración con el Ministerio Público, donde se formó la Fiscalía Especial contra la Impunidad, integrada por una generación de jóvenes abogados e investigadores que, con la colaboración de la CICIG, no solo descifraron el funcionamiento de las Redes Políticas y Económicas Ilícitas, sino las estrategias que utilizan para garantizarse impunidad, desviar las investigaciones y bloquear los juicios. Al frente de este grupo de fiscales estaba Juan Francisco Sandoval, el destutuído jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Tras el fin del mandato de la CICIG, la FECI quedó a cargo de los casos que estaban en los tribunales y de las pesquisas en proceso. Además, inició nuevas investigaciones. Contrario a los cálculos del llamado «pacto de corruptos», sin la presencia de la CICIG, Sandoval y su equipo continuaron llevando los casos adelante. Para detenerlo, se presentaron denuncias penales en su contra, se modificó el marco legal de la FECI, sus integrantes fueron presionados de distintas maneras (por lo menos uno de los fiscales tuvo que salir al exilio) e incluso, el presidente actual, Alejandro Giammattei, acusó al jefe de la FECI de actuar con «parcialidad ideológica».

Se creó así una situación paradójica. Por un lado, el equipo de la FECI encabezado por Sandoval realizaba investigaciones sobre redes de corrupción que conducían a altos funcionarios y al mismo despacho superior del Ministerio Público. Por el otro, la fiscal general intentaba por distintos medios sabotear el trabajo de sus subordinados. La presión internacional, particularmente de Estados Unidos, fueron determinantes para que Sandoval mantuviera su posición. El gobierno estadounidense, a través de altos funcionarios del Departamento de Estado, manifestó su apoyo al trabajo de la FECI y su interés por que el ex-fiscal especial continuara a cargo de esta entidad. Sandoval fue incluso reconocido por el gobierno estadounidense como un «campeón en la lucha contra la corrupción». Pese a esto, el interés por detener las indagaciones de la FECI alcanzó tal nivel que, en las últimas semanas, la fiscal Porras prácticamente intervino esta entidad, revisando los expedientes y concentrando las autorizaciones para poder pedir órdenes de captura y apoyo policial entre otras medidas de centralización y vigilancia.

Hacia un callejón sin salida

Con la destitución de Sandoval, la coalición de redes de corrupción, «el pacto de corruptos», quitó uno de los últimos obstáculos para reestablecer la impunidad y continuar con el proceso de cooptación del Estado. A pesar de que al principio de su mandato el bloque del partido de Giammattei contaba con apenas 17 (de 160) diputados, logró construir y mantener una alianza legislativa que le ha permitido mantener la presidencia del Congreso y a través de esa mayoría impulsar una legislación que busca cerrar los espacios democráticos y posicionar una agenda conservadora. Desde el Congreso se ha asfixiado financieramente a la Procuraduría de Derechos Humanos y se ha intentado destituir a su titular. Esa mayoría en el Congreso ha pospuesto por más de un año la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y la integración de las Salas de Apelaciones, lo que ha debilitado aún más el Estado de Derecho.

Con la excepción de algunos jueces y magistrados independientes, el sistema de justicia, incluida a la misma fiscalía, se ha alineado a esta coalición pro impunidad. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos integrantes fueron electos por el Congreso durante la actual legislatura, parece haber perdido la imparcialidad, protegiendo a algunos partidos y actuando en contra de otros.

El desempeño gubernamental de Giammattei ha sido mediocre. La gestión de la pandemia fue errática y el proceso de vacunación ha sido poco transparente. Se firmó un contrato con un intermediario ruso y se pagó por un total de 16 millones de vacunas Sputnik. Sin embargo, hasta la fecha se han recibido menos de medio millón de dosis y el proceso de vacunación se ha realizado con base en donaciones provenientes principalmente de Estados Unidos. A esto se suma la denuncia constante de actos de corrupción, la crisis sanitaria derivada de la pandemia y la falta de atención de otras enfermedades, la parálisis del sistema de educación pública y la ruptura del presidente con el vicepresidente Guillermo Castillo quien, a finales del año pasado, propuso la renuncia de ambos funcionarios y actualmente impulsa una agenda independiente a la del jefe del Ejecutivo.

En ese contexto, la destitución de Sandoval vino a agravar la crisis, provocando tanto las protestas ciudadanas como la reacción de la comunidad internacional y del gobierno de Estados Unidos, que se vio sorprendido por esta decisión. Desde el mismo día de su despido, se empezaron a conocer los casos que investigaba la FECI y que aceleraron su destitución. Las redes de corrupción consideraron un riesgo menor enfrentarse a la indignación popular y la condena estadounidense que permitir que avanzaran estas pesquisas. Horas después de su destitución y tras dar una conferencia de prensa, Francisco Sandoval abandonó el país por vía terrestre con la protección del embajador sueco y del procurador de derechos humanos. En los últimos días ha tenido reuniones en Washington con altos funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con la información dada a conocer por Sandoval sumado a otras revelaciones, los casos que investigaba la FECI incluían a la fiscal general, el presidente de la República y a políticos y funcionarios del actual gobierno. Se ha señalado que asesores y ex-asesores cercanos a la fiscal, vendían y filtraban información para alertar a personas que eran objeto de investigación de la FECI y de otras fiscalías. Un abogado confirmó que pagó dinero en efectivo para obtener información y protección para su cliente y se señaló que esta operación se producía desde el despacho superior del Ministerio Público. Asimismo, Sandoval indicó que la fiscal general detenía o aceleraba los casos de acuerdo con su agenda política.

El ex-fiscal declaró que, en dos casos, algunas de las líneas de investigación conducían al presidente de la República. Estos hechos estaban relacionados con el pago de sobornos por parte de ciudadanos rusos y el decomiso de 123 millones de quetzales en efectivo (unos 16 millones de dólares) que aparentemente fueron acumulados ilícitamente por un ministro del gobierno anterior que contaba con la protección de un alto funcionario del gobierno de Giammattei. Otra de las investigaciones en las que trabajaba la FECI incluían el testimonio de un posible colaborador eficaz, actor clave en varios casos de corrupción, que mostraría la participación de diputados y funcionarios en actos ilícitos y que incluían la elección de la junta directiva del Congreso en enero de 2020.

La destitución del jefe de la FECI impidió la continuidad de estas investigaciones y que eventualmente estas llegaran a alguna conclusión. El problema es que ahora no existe ningún ente independiente y con credibilidad que pueda llevar a cabo esta indagación. La percepción de parte de la ciudadanía es que se destituyó al fiscal para evitar que llegara a la verdad de estos y otros casos. No es extraño, entonces, que la principal demanda del «paro plurinacional» fuera la renuncia del jefe del Ejecutivo y de la fiscal general. Porras, es en esta coyuntura el eslabón más débil y una pieza que podría ser sacrificada. El gobierno de Estados Unidos la considera una persona en la que ya no confía, el presidente Giammattei se desligó de la destitución de Sandoval y las elites empresariales se muestran divididas ante la posibilidad de que Estados Unidos establezcan sanciones económicas contra Guatemala. Sin embargo, la destitución de la fiscal es muy difícil, ya que solo puede hacerse tras la sentencia en firme de un tribunal, y, a pesar de las muestras de rechazo (incluido un escrache virtual por parte de sus alumnos de maestría) no parece que vaya a renunciar.

Pese a lo que parece ser una situación política estancada, la reacción popular a la destitución del fiscal Sandoval puede contribuir a una convergencia social y política que supere los límites de las protestas de 2015. Como se indicó al principio de este artículo, la convocatoria y el liderazgo de las autoridades indígenas ha contribuido a superar dos clivajes que han marcado la política guatemalteca: la división entre el mundo rural y el urbano, y las diferencias entre indígenas y ladinos (población mestiza). Una de las marchas realizadas en Ciudad de Guatemala el 29 de julio fue encabezada por las autoridades ancestrales de un municipio cercano, ancianos y ancianas mayas, quienes con las varas en alto (bastones tradicionales símbolos de la autoridad ancestral) lideraron un contingente policlasista que incluyó estudiantes universitarios, trabajadores, religiosos y organizaciones de diverso tipo.

Así, además de la demanda de renuncia de los altos funcionarios, se ha venido configurando un programa compartido que incluye el rescate y la transformación del Estado, relevando las demandas de los pueblos indígenas. Las posibilidades de construir un proyecto de este tipo descansan, por un lado, en el reconocimiento de que el pacto de corruptos va por todo y busca perpetuarse en el poder y, por otro, en la irrupción de las autoridades ancestrales indígenas en la arena política nacional, con legitimidad comunitaria y regional, y la consolidación de una generación política de hombres y mujeres que, forjados en el ciclo de protesta iniciado en 2015, reconocen la necesidad de disputar el poder político a las redes mafiosas y sus aliados. El tiempo corre en esta contienda, uno de cuyos escenarios determinantes serán las elecciones de 2023, en el que esta posible coalición podría convertirse en una opción para derrotar al «pacto de corruptos».

Fuente: nuso.org